UN DÍA antes de una reunión clave para el futuro del euro y de los países que lo integran, Moody's ha puesto a España en mal lugar al degradar su solvencia. Lo ha hecho por dos razones. La primera, porque considera que el dinero que tendrá que poner el Gobierno para fortalecer el sistema financiero será como mínimo de unos 40.000 millones de euros y en el peor de los casos puede superar los 100.000 millones.
El Banco de España rebajó por la tarde hasta los 15.152 millones la necesidades adicionales de capital, una cifra que se atiene a los requisitos legales de fortaleza financiera impuestos por el Gobierno, pero que no refleja fielmente el verdadero estado del sector -sobre todo de las cajas de ahorros- en términos de saneamiento del balance y de morosidad. Por ejemplo, el propio Banco de España cifraba hace apenas 20 días en 100.000 millones los créditos y activos vinculados a la promoción inmobiliaria «potencialmente problemáticos» de las cajas. Ese dinero -el 10% del PIB- no está incluido en los requisitos de capital que necesitan estas entidades difundidos ayer por el Banco de España, mientras que Moody's sí lo contempla en su análisis. Por eso Zapatero no tiene razón cuando resta «credibilidad» a la agencia al comparar sus cifras con las del supervisor.
La segunda razón de Moody's para rebajar la solvencia de España es que las cuentas públicas de 2010 han constatado que el Ejecutivo no tiene capacidad para embridar el disparado gasto de las autonomías. Y, más preocupante, da por hecho de que no lo va a conseguir en el futuro al mantener la perspectiva negativa hasta la próxima revisión. En otras palabras, Moody's se pregunta qué munición se ha guardado el Gobierno para rebajar al 6% el déficit en 2011 después de lo que ha costado en recortes sociales reducirlo del 11,4 al 9,2% en 2010. Y no encuentra las balas.
Aunque sentara mal a Zapatero y a Salgado, Moody's puso ayer negro sobre blanco lo que piensan los mercados y muchos economistas: España no tiene ni mucho menos encarrilados el saneamiento del sector financiero ni la corrección del principal desequilibrio económico, a pesar de los perseverantes pero vanos esfuerzos oficiales por hacernos creer lo contrario.
En estas circunstancias de debilidad el Ejecutivo se enfrenta a unas jornadas cruciales para el futuro del euro. Hoy se celebra un Consejo Europeo informal que debe poner las bases sobre lo que se ha llamado el Pacto por el Euro, que tiene como objetivos clave incrementar la competitividad, establecer controles para limitar los déficits y lograr una cierta armonización impositiva.
Ese pacto va a exigir a España nuevas reformas, algunas traumáticas, como acabar con la relación directa entre incremento salarial e inflación en la negociación colectiva o una mayor liberalización que la de la última y frustrante reforma del mercado laboral. Todo ello nos va a obligar a realizar un esfuerzo adicional sin que nos hayamos recuperado de los anteriores. Aunque el Gobierno dé la sensación de encontrarse en retirada, no puede permitirse el más mínimo respiro en la aplicación de las reformas y nos tememos que ayer lo hizo al aceptar complacido las cifras del Banco de España sobre la capitalización de las cajas de ahorros.
El Banco de España rebajó por la tarde hasta los 15.152 millones la necesidades adicionales de capital, una cifra que se atiene a los requisitos legales de fortaleza financiera impuestos por el Gobierno, pero que no refleja fielmente el verdadero estado del sector -sobre todo de las cajas de ahorros- en términos de saneamiento del balance y de morosidad. Por ejemplo, el propio Banco de España cifraba hace apenas 20 días en 100.000 millones los créditos y activos vinculados a la promoción inmobiliaria «potencialmente problemáticos» de las cajas. Ese dinero -el 10% del PIB- no está incluido en los requisitos de capital que necesitan estas entidades difundidos ayer por el Banco de España, mientras que Moody's sí lo contempla en su análisis. Por eso Zapatero no tiene razón cuando resta «credibilidad» a la agencia al comparar sus cifras con las del supervisor.
La segunda razón de Moody's para rebajar la solvencia de España es que las cuentas públicas de 2010 han constatado que el Ejecutivo no tiene capacidad para embridar el disparado gasto de las autonomías. Y, más preocupante, da por hecho de que no lo va a conseguir en el futuro al mantener la perspectiva negativa hasta la próxima revisión. En otras palabras, Moody's se pregunta qué munición se ha guardado el Gobierno para rebajar al 6% el déficit en 2011 después de lo que ha costado en recortes sociales reducirlo del 11,4 al 9,2% en 2010. Y no encuentra las balas.
Aunque sentara mal a Zapatero y a Salgado, Moody's puso ayer negro sobre blanco lo que piensan los mercados y muchos economistas: España no tiene ni mucho menos encarrilados el saneamiento del sector financiero ni la corrección del principal desequilibrio económico, a pesar de los perseverantes pero vanos esfuerzos oficiales por hacernos creer lo contrario.
En estas circunstancias de debilidad el Ejecutivo se enfrenta a unas jornadas cruciales para el futuro del euro. Hoy se celebra un Consejo Europeo informal que debe poner las bases sobre lo que se ha llamado el Pacto por el Euro, que tiene como objetivos clave incrementar la competitividad, establecer controles para limitar los déficits y lograr una cierta armonización impositiva.
Ese pacto va a exigir a España nuevas reformas, algunas traumáticas, como acabar con la relación directa entre incremento salarial e inflación en la negociación colectiva o una mayor liberalización que la de la última y frustrante reforma del mercado laboral. Todo ello nos va a obligar a realizar un esfuerzo adicional sin que nos hayamos recuperado de los anteriores. Aunque el Gobierno dé la sensación de encontrarse en retirada, no puede permitirse el más mínimo respiro en la aplicación de las reformas y nos tememos que ayer lo hizo al aceptar complacido las cifras del Banco de España sobre la capitalización de las cajas de ahorros.
epsimo y EL MUNDO______________________
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