La perversión socialista de la LeyEl filósofo chino Lao-Tse dejó escrito en el texto fundacional del taoísmo, el Tao Te Ching, que “a mayor número de leyes y ordenanzas, mayor número de delincuentes”. El pensador liberal ya descubrió hace 2.500 años lo que otros egregios intelectuales del s. XX describieron como la mayor amenaza para nuestros Estados de derecho y nuestras libertades individuales: el inflacionismo legislativo.
En efecto, cuando el número de leyes y regulaciones se expande de manera exagerada, casi cualquier comportamiento deviene en un delito en potencia. El mero uso de nuestras libertades se convierte en una ofensa contra un ordenamiento jurídico más interesado en construir sociedades a gusto del planificador socialista de turno que en salvaguardar los derechos individuales.
En la última semana España ha vivido dos claros ejemplos de ese inflacionismo legislativo que carcome los fundamentos de las democracias: la ley contra los fumadores y la ley contra los presuntos discriminadores. En ambos casos se busca criminalizar manifestaciones perfectamente legítimas de la libertad individual como son permitir fumar en una propiedad privada o que cada cual pueda dar un trato distinto a personas o situaciones que considera distintas. En ambos casos, pues, se convierte a una parte de los españoles en criminales por la simple circunstancia de que siguen siendo libres y de que no están dispuestos a someterse a la ingeniería social del PSOE.
Al cabo, lo que debería ser excepcional no es que unos pocos establecimientos se hayan rebelado contra el cercenamiento de sus derechos que supone la ley antifumadores, sino que la inmensa mayoría de la población, incluyendo a la cómplice oposición del Partido Popular, haya permanecido anestesiada ante el enésimo ataque a sus libertades. Lo que debería extrañarnos y preocuparnos no es que una minoría de españoles tenga claro que, como reza la Constitución estadounidense, los seres humanos poseamos ciertos derechos inalienables como la vida o la propiedad privada, sino que la mansa mayoría acepte resignada que nuestros derechos sean una concesión administrativa revocable por el partido político gobernante.
Porque cuando la Ley –en mayúsculas– se adultera llenándola de prohibiciones y obligaciones arbitrarias, el poder político desatiende las que debieran ser sus prioridades –defender nuestros derechos y hacer cumplir los contratos– para concentrarse en abusar de su poder –persiguiendo a fumadores, empresarios, liberales, conservadores, católicos, víctimas del terrorismo y cualesquiera otros colectivos molestos–. Asimismo, esta perversión del significado y de las funciones de la Ley también conlleva un progresivo deterioro del respeto que la ciudadanía debiera guardarle; cuando someterse a todas las normas pasa a ser una vía segura para perder nuestras libertades, se corre el riesgo de que el pueblo llegue a la errónea conclusión opuesta: que no cumplir ninguna norma es el camino hacia la libertad.
En realidad, el respeto y la aceptación generalizada de ciertas leyes y derechos básicos, como la vida, la libertad y la propiedad, conforman la base de nuestra civilización. Pero precisamente por ello nunca deberíamos aceptar que su preeminente posición dentro del ordenamiento jurídico sea diluida por los mandatos caprichosos de nuestros gobernantes.
No sólo hay que derogar las normativas liberticidas del PSOE por cuanto nos convierten a todos en delincuentes, sino porque la sagrada categoría de la Ley nunca debería haber sido contaminada por semejantes desafueros.
La Intervención General del Estado detecta irregularidades en las cuentas de la entidad durante 2005. La presidenta de los socialistas de Madrid, Delia Blanco, implicada. La organización tendrá ahora que devolver el importe.
El mercado sentencia a España: su deuda pública es 'bono basura'
El rating oficial de España es de doble A (solvencia alta), según las agencias. Pero el mercado rebaja su calidad crediticia a BB- (bonos basura). »
Los idus de marzo del César monclovita están ya muy próximos. Felipe González ha vuelto a la carga y, según Antonio Martín Beaumont, director de El Semanal Digital, el gran líder socialista ha señalado marzo como el límite en el tiempo para que Zapatero decida su futuro, para que a Zapatero le decidan lo que tiene que hacer.
España es ya uno de los diez países con más nivel de riesgo. Y ese riesgo deriva a 90% de la desconfianza que suscita Rodríguez Zapatero tanto a escala nacional como internacional. La posición de González, de Guerra, de Almunia, de los principales barones del PSOE, está clara: Zapatero debe irse ya y abrir las puertas a otro candidato, como Rubalcaba o Bono, con más posibilidades de restar puntos a la crecida del PP.
En los circuitos políticos se cuenta con el escabeche del inquilino de Moncloa. Yo no vendería la piel del oso tan pronto. El think tank monclovita está en plena efervescencia para encontrar fórmulas que le permitan a Zapatero continuar. Las púberes canéforas del Gobierno, que le aroman de forma incesante, creen que es necesario prolongar la dicha de que España continúe gobernada por hombre de tan altas cualidades como Zapatero.
El problema, en fin, del presidente no reside ya ni en Rajoy ni en el PP. Se ha enredado en los entresijos profundos del Partido Socialista Obrero Español. Asusta la permanencia de Zapatero. Son muchos los dirigentes y los militantes socialistas que consideran como probable un retroceso espectacular del PSOE en las elecciones generales si el presidente circunflejo continúa al frente del Gobierno.
de la Real Academia Española
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