La pregunta que debe avergonzar a Zapatero. Pero, ¿tiene vergüenza?

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La pregunta que debe avergonzar a Zapatero.

SÓLO tres días después de que la Defensora del Pueblo haya recurrido al Constitucional la nueva ley de inmigración catalana -una norma hija del Estatuto que obliga a los extranjeros a dar cursos de catalán-, el Consejo de Ministros acordó ayer poner en marcha la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La única finalidad de esta iniciativa, en la que ya ha empezado a trabajar el ministro Caamaño, es salvar todo aquello que, en el ámbito judicial, el Alto Tribunal declaró en su sentencia contrario a la Carta Magna, como es el caso de la creación del Consejo de Justicia de Cataluña.

Pero no estamos sólo ante un simple golpe de efecto para neutralizar el malestar de los nacionalistas ante lo que éstos ya han calificado como una nueva agresión al autogobierno, entre insultos intolerables a Enrique Múgica que nadie en el Ejecutivo ha repudiado. Tal y como anunció la vicepresidenta De la Vega, los cambios de las normas en Justicia son sólo el primer paso de otros que el Gobierno pretende ir dando en los próximos meses con el disparatado objetivo de forzar las leyes para que éstas se acomoden a lo que dicta el Estatuto.

Casi al mismo tiempo que se reunía el Gobierno, la Defensora del Pueblo en funciones, al ser preguntada por la «insumisión» que propugnan algunos políticos catalanes respecto de la sentencia del Estatuto, se preguntaba: «¿Estamos o no en un país democrático? Aquí hay que acatar lo que digan los jueces, guste o no». La pregunta de María Luisa Cava de Llano debería avergonzar a Zapatero, porque sólo el hecho de que se plantee desde una alta institución del Estado demuestra que hay un deterioro de la calidad de nuestra democracia.

De la Vega presentó ayer todo un plan para dar satisfacción a lo que denominó «legítimas aspiraciones» de los ciudadanos de Cataluña. Por ello, a los cambios en la Ley del Poder Judicial, seguirán otros que afectarán, por ejemplo, a la propia institución del Defensor del Pueblo, al tiempo que se revisarán todas las competencias pendientes de traspaso para «dar un impulso» al autogobierno. La vicepresidenta anunció por ello la inmediata creación de una comisión bilateral en la que el Gobierno y la Generalitat negociarán todas estas cuestiones.

Ya el vicepresidente Chaves, en su reciente visita a Barcelona para tratar de este asunto con Montilla, subrayó la intención del Gobierno de «desarrollar» el Estatuto, y avanzó entonces que habría una reunión en septiembre para abordar exclusivamente los asuntos económicos. Zapatero sigue plegándose a las demandas del Gobierno catalán, que ha reclamado la modificación de más de una decena de leyes orgánicas para recuperar todas aquellas competencias que le ha negado el Tribunal Constitucional.

En el fondo, estamos ante un nuevo desafío al actual modelo de Estado, ante un intento de cambiar las reglas de juego de todos los españoles por la presión de los nacionalistas catalanes y como consecuencia de los intereses electorales del PSOE. Esta situación amenaza con crear nuevas tensiones territoriales, más inestabilidad y más enfrentamientos entre las administraciones, justo lo que menos le conviene al país en un momento de profunda crisis económica.

A la Defensora del Pueblo le ha bastado una pregunta para cuestionar de raíz los peligrosos cambios que está promoviendo Zapatero. Y al hacerlo ha recogido el sentir de muchos españoles.

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