Ante la escalada que se vive en Europa de un pensamiento neoliberal, por medio del cual se culpabiliza a la inmigración de la inseguridad e incluso de la alta tasa de desempleo, me gustaría referirme al manifiesto de Nápoles en 2000 y al de Zaragoza en 2006, dentro del Foro Europeo para la Seguridad Urbana, donde se concluyó que la seguridad urbana es un bien común directamente relacionado con la inclusión social, el derecho al trabajo, el urbanismo, la cultura y la salud.
Por ello, si la seguridad es un concepto mucho más amplio, la asociación inseguridad-criminalidad nos lleva a preguntarnos si sólo hemos de protegernos contra el crimen y, si no es así, a cuestionarnos qué es lo que determina que la cuestión criminal aparezca en la cabeza de las encuestas como uno de los problemas más graves. La criminalidad que conocemos, a través de los medios, es precisamente la más anecdótica, la menos real: son actos de violencia entre personas desconocidas. Los medios nos transmiten una criminalidad difusa, irreal e incomprensible para la sociedad, con la finalidad de fascinar a su público y que sirve para esconder o camuflar casi todas las inseguridades sociales.
Así las cosas, el sentimiento de inseguridad es muy superior al riesgo efectivo de sufrir una agresión. La sensación no es real. En los países europeos el riesgo de ser víctima de una agresión física es hoy muy inferior a lo que lo era hace un siglo. En Italia, por ejemplo, a finales del XIX la tasa de homicidios por habitante era similar a la que presenta actualmente Colombia, quizá con la mayor tasa mundial. Y es que no podemos depender únicamente de las leyes del mercado para compensar las desigualdades. El interés comercial está en la actualidad dominando la capacidad de los grupos y de los individuos para mantener el orden y dominar la criminalidad. La seguridad depende cada vez más de la riqueza, de la capacidad de acceso a las nuevas tecnologías y a los espacios preservados.
Pero la verdadera inseguridad ciudadana es la imposibilidad de planificar el futuro, marcada por una creciente precariedad laboral y por el recorte de la protección social y de la sensación de carecer de alternativas, en un momento en el que decisiones fundamentales para la ciudadanía son tomadas en esferas cada vez más lejanas. La inclusión social que tanto pregonan los manifiestos al inicio mencionados, como elixir para lograr la seguridad, brilla por su ausencia y los tiempos venideros auguran todavía una mayor brecha social a causa de la crisis económica. Los ricos, más ricos; los pobres, más pobres.
Por todo ello, la lucha contra la delincuencia no debe conducir a posturas fanáticas, racistas o a prácticas discriminatorias, a la designación de chivos expiatorios en aquellos grupos más vulnerables: los jóvenes, los drogodependientes, inmigrantes o minorías étnicas racistas porque, además, la gran mayoría de éstos son las víctimas, las que más sufren las desigualdades.
Es preciso, pues, restablecer el equilibrio entre el control, las sanciones y la prevención, de modo que se pueda otorgar mayor importancia a la prevención social, no sólo desde un punto de vista organizativo sino también financiero. Según los análisis realizados, los enfoques preventivos que apoyan la integración de los jóvenes en nuestras colectividades, con la consiguiente atenuación de las causas profundas de la criminalidad, reducen la violencia y el número de víctimas. Se ha demostrado que es más rentable que la mera aplicación de la ley y el encarcelamiento (unos 5 euros por cada euro invertido). El encarcelamiento debe ser una excepción y no la norma y debe estar justificado por un imperativo concreto, objeto de consenso social.
En Estados Unidos el vertiginoso aumento de la población encarcelada en las dos últimas décadas se debe principalmente al continuo endurecimiento de las leyes antidroga. En España, también, de cada tres personas encarceladas hoy día, dos están presas por delitos directa o indirectamente relacionados con la severa criminalización de algunas drogas. Así, los últimos datos de Instituciones Penitenciarias sobre la población reclusa en España apuntan a una tasa de encarcelamiento que crece de una manera vertiginosa. Hoy tenemos 76.000 personas privadas de libertad, 15.500 más que en 2006 y 2.500 más que el año pasado. Según dice la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, el 70% de la población reclusa española son pobres, enfermos o drogadictos.
El Gobierno, teniendo problemas urgentes de espacio carcelario y porque, supongo, cree en la reinserción, está intentando aumentar las penas alternativas de trabajos en beneficio de la comunidad, la resolución de conflictos por mediación y la reparación de los daños por parte de los infractores. La prevención, fomentando políticas de ayuda para que los jóvenes puedan transformar su natural agresividad en una energía que pueda mejorar su situación, su vida y la de los demás y la aplicación del principio de 'pedagogía de la ruptura', que ofrece a los jóvenes la posibilidad de salir de su entorno cotidiano cuando se prevean problemas, es otra forma de construir seguridad para el futuro. También, otras medidas a favor de la integración y contra la discriminación en los movimientos migratorios y seguir apostando por la igualdad de hombres y mujeres en prevención de la violencia de género.
El monopolio de la gestión de la seguridad que ostentamos todavía hoy policías y jueces debe superarse. En este camino se encuentran un buen número de los municipios que componen el Foro Europeo para la Seguridad Urbana, que consideran que la seguridad es un bien público al que tienen derecho toda s y todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y que debe ser gestionado por los representantes municipales, dando entrada a todo el conjunto de actores sociales que tras la definición plural de la seguridad, tendrán cabida. Incluso los inmigrantes, pese a quien le pese.
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