CSIF y otros anuncian que no participarán en las reuniones que se convoquen en estas condiciones
Que varios sindicatos no representativos de la Función Pública pretendan su incorporación a la Mesa General de Negociación Colectiva de la Administración General del Estado (AGE) no es una novedad. Estas organizaciones saben que, ante el inminente proceso electoral en las Administraciones Públicas, les resultará muy difícil convencer al electorado de su utilidad al no formar parte de los ámbitos centrales de negociación.
Que pretendan estar en esos ámbitos, a través de agruparse y desagruparse para “bordear” la legalidad vigente en materia de representación sindical, tampoco es una novedad. Su último intento se ha articulado a través del establecimiento de una nueva organización sindical alrededor de USO y de su solicitud de incorporación a la Mesa de Negociación de la AGE.
Hasta ahí podría parecer que nos enfrentamos a un escenario varias veces repetido en el que, ante dicha solicitud, las organizaciones sindicales más representativas, las auténticamente representativas, someten a la prueba de la legalidad vigente dichas pretensiones.
Normalmente, estos intentos acaban en poca cosa pues, es fácil verificar la escasa representatividad de estas organizaciones dado que no es suficiente que manifiesten su intención de ser una única organización sino que han de presentarse ante los trabajadores y trabajadoras en las elecciones sindicales, siéndolo para recabar su apoyo.
En este caso, resulta que la recién cesada Secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, ha sido la máxima defensora de sus argumentos, obviando la ley para darles cabida y reconocerles una legitimidad que no poseen y dicte, unilateralmente, una instrucción a la totalidad de los ministerios y organismos, para que dicha representatividad les sea reconocida “por decreto”.
Ante la desfachatez de semejante actuación, CSI-F y otros:
1º.- Han trasladado al Ministerio de la Presidencia y a la propia Secretaría de Estado para la Función Pública una enérgica denuncia y han anunciado el inicio de acciones legales tendentes a hacer valer la legalidad vigente en relación a la negociación colectiva en el ámbito de la Administraciones Públicas.
2º.- Han elevado una queja formal a la Vicepresidenta Mª Teresa Fdez. de la Vega, por la irresponsable actuación llevada a cabo por Carmen Gomis y su equipo, admitiendo los argumentos de USO y sus organizaciones satélites y haber vulnerado la legalidad y obviado las reglas pactadas, modificando unilateralmente la composición de la representación sindical en la estructura ministerial.
3º.- Han dado orden a todas sus secciones sindicales de organismos y ministerios de no participar en las reuniones a las que la Administración convoque a organizaciones sindicales sin representatividad suficiente. Los y las representantes de CSI-F y otros, en aquellas mesas de negociación que se constate la convocatoria de USO por parte de la Administración, no participarán en la reunión provocando que no se llegue a constituir la mesa, por falta de “quórum”.
La incorporación de nuevas organizaciones sindicales a los ámbitos negociadores es un procedimiento tasado que CSI-F y otros han cumplimentado y respetado siempre. Y la pretensión de las organizaciones que, orbitando alrededor de USO, pretenden incorporarse a estos ámbitos de negociación, no dejan de ser legítimas por más que las centrales mayoritarias estemos convencidas de que no cumplen los criterios que marca la ley para incorporarse a ellos.
Pero no vamos a consentir que instancias aisladas del Gobierno consideren las mesas de negociación un ámbito que pueden gestionar caprichosamente y obviando las reglas de juego y la legalidad de la que ellos en primera instancia han de ser garantes.
POR QUÉ NO CUMPLEN LAS EXIGENCIAS LEGALES PARA LA INCORPORACIÓN DE USO A LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA AGE.
La central sindical USO presenta certificación oficial, expedida por Trabajo, sobre acreditación de resultados sindicales en el ámbito de AGE. En la misma se incluyen resultados que, de forma conjunta, superan el 10% requerido para la adquisición de la condición de sindicato representativo en el ámbito.
La certificación expedida acumula los resultados totales obtenidos por USO y algunas de las organizaciones sindicales que formaban parte de la disuelta Federación de Sindicatos de Administraciones Públicas, fruto de su “integración” en la USO.
Esta acumulación, que integra los resultados obtenidos por la totalidad de las organizaciones sindicales que integraban la extinta Federación de Sindicatos de Administraciones Públicas, no se ajusta a la normativa electoral
La propia resolución de la Secretaría de Estado, por la que se decide unilateralmente la incorporación provisional en la Mesa General de Negociación de la AGE, sus Mesas Delegadas, Comisiones Técnicas y grupos de trabajo, reconoce dudas en relación a esta certificación.
Ante esta situación la actuación correcta por parte de la Secretaría de Estado para la Función Pública habría sido aclarar el contenido de la certificación expedida, antes de adoptar una decisión.
Por otro lado, la primera reunión de la MGNAGE, que fijó su composición, con la presencia de los Sindicatos CSI-F y otros conforme a las certificaciones de resultados electorales presentadas, tuvo lugar el 25 de septiembre de 2006. Conforme al artículo 35.2 del EBEP, las modificaciones en la composición de la MGNAGE, consecuencia de variaciones en la representatividad sindical previamente acreditadas, se realizan cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de la misma. Por ello, la próxima revisión de la composición de dicha Mesa de negociación correspondería realizarla a finales de septiembre del 2010 y no en estos momentos.
Además, para acreditar la representatividad en la constitución de la MGNAGE, al resto de organizaciones sindicales se les exigió y aportaron certificados de resultados desglosados de todos los ámbitos
electorales incluidos dentro de la esfera de actuación de dicha Mesa, a fin de poder determinar la correspondencia exacta entre la representatividad que se pretendía acreditar y el ámbito de negociación específico. No exigir estos mismos requisitos a cualquier organización sindical que pretenda acreditar su derecho a estar presente en la MGNAGE es un claro favoritismo.
Por otro lado, la decisión de la Administración se hace extensiva a las Mesas Delegadas, Comisiones Técnicas, Grupos de Trabajo, etc., dependientes de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, cuando no se ha producido ninguna reunión de ésta que modifique la composición que tenía hasta el momento.
El Acuerdo Administración Sindicatos para la Ordenación de la Negociación Colectiva en la Administración General del Estado, suscrito el 20 de diciembre de 2007, indica que la composición de las Comisiones Técnicas y Mesas Delegadas dependientes de la MGNAGE, será la que exista para dicha Mesa General. Por tanto, hasta que no se modifique la composición de la Mesa General no pueden realizarse cambios en las Comisiones Técnicas y Mesas Delegadas.
CSI-F y otros manifiestan su desacuerdo y rechazo a la decisión, unilateral y arbitraria, de la Secretaría de Estado para la Función Pública de admitir a la organización Sindical USO en la Mesa General de Negociación de la AGE sin respetar los requisitos y procedimientos establecidos, lo que puede significar vulneración de los derechos de negociación colectiva y libertad sindical.
En este sentido anunciamos que tomaremos cuantas medidas consideremos necesarias para defender el cumplimiento de la legalidad y el respeto en las relaciones laborales y la negociación colectiva.
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