No se sabe para qué sirve pero sus consejeros cobran un mínimo de 112.560 euros anuales
Los políticos lo utilizan para colocar a parientes y amigos: Aznar puso allí a su hermano
Dice el refrán español que 'las cosas de palacio van despacio'. Más
lentos aún parecen los asuntos que pasan por las manos del Tribunal de
Cuentas, una carísima institución que no ha mostrado eficacia alguna a
la hora de cumplir con su función de fiscalizar los partidos políticos.
Mientras los escándalos de corrupción en el seno de las principales
formaciones partidos no dejan de aparecer en los medios de comunicación
ni llegar a los juzgados, el Tribunal de Cuentas no da muestras de una
gran capacidad indagadora en esa materia, y mucho menos de velocidad. En
febrero de 2013 todavía está pendiente la elaboración del informe
correspondiente a 2008 y a los años posteriores.
A pesar de su falta de eficacia, el Tribunal de Cuentas resulta muy
caro para el bolsillo de los contribuyentes. Su presupuesto total ha
sufrido un ligero recorte en el último ejercicio, al pasar de 62,216
millones de euros en 2012 a 61,335 millones en 2013. Pero eso no ha
afectado a los gastos de personal, que han aumentado de 52,904 millones a
53,115 millones.
MÁS DE 112.000 EUROS POR CONSEJERO
En esta partida entran tanto las retribuciones de los 12 consejeros,
que conforman junto con el fiscal General de la institución el Pleno de
la misa, como las de los trabajadores del mismo. Estos se dividen en
tres grupos. A finales de 2011, que son los últimos datos públicos
disponibles, tenía 601 funcionarios, 169 contratados como personal
laboral y 31 miembros del denominado 'personal eventual'. Estos últimos
son los cargos 'de confianza o de asesoramiento especial a altos
cargos'.
Los sueldos más altos corresponden a los consejeros de Cuentas y al
presidente del Tribunal. Según se recoge en los Presupuestos Generales
(PGE) del Estado de 2013, les corresponde a todos ellos un sueldo anual
de 112.578,34 euros en 14 pagas anuales.
El fiscal general cobra 26.069,96 euros de sueldo anual, a los que se
le suman otros 80.853 euros en concepto de 'otras remuneraciones'. En
total, los PGE de 2013 recogen para este fiscal una retribución de
106.922,26 euros. El secretario general de la institución tiene una
remuneración anual de 96.921,72 euros anuales, también en 14 pagas.
Las cantidades finales cobradas por todos ellos pueden ser aún
mayores. Las retribuciones se incrementan por antigüedad de los
interesados según decida del propio Pleno y pueden llegar a ser aún
mayores si se trata de personas que son o han sido funcionarios y a los
que se les reconoce trienios.
Todos los consejeros cuentan con un coche oficial con conductor a su
disposición. La única excepción es María Antonia Lozano Álvares,
propuesta por el PSOE tras alcanzar un acuerdo con Izquierda Unida.
A LA MEDIDA DE LOS PARTIDOS
A pesar de que el Tribunal de Cuentas tiene entre sus funciones, o
precisamente por eso, controlar las cuentas de las instituciones
públicas y los partidos, la elección de los consejeros está totalmente
politizada. Seis de ellos son elegidos por el Congreso de los Diputados,
mientras que los otros seis son elegidos por el Senado.
De hecho, tan sólo los dos grupos parlamentarios mayoritarios, el
popular y socialista, tienen voz a la hora de proponer los nombres de
los miembros del Tribunal. En la actualidad siete de ellos lo son a
propuesta del PP y cinco a propuesta del PSOE, si bien una de estos
últimos fue presentada por los socialistas tras alcanzar un acuerdo con
IU.
POCO PERSONAL PARA FISCALIZAR A LOS PARTIDOS
Periodista Digital ha preguntado al gabinete de prensa del
Tribunal de Cuentas el motivo por el qué todavía no están disponible el
informe de las cuentas de los partidos políticos en 2008, así como los
correspondientes a los siguientes años. Han explicado que el
departamento encargado de elaborar dichos informes dispone de muy poco
personal. De hecho, según ha explicado, recientemente se ha ampliado su
plantilla de 12 a 26 personas. Además, esos mismos trabajadores son los
encargados de la fiscalización de las campañas electorales.
Esta última función, según han explicado, tiene fijado por ley unos
plazos que se deben cumplir. Así que, cuando hay elecciones la
fiscalización de los partidos políticos se paraliza para poder hacer la
de las campañas electorales, de manera que retrasa los informes
relativos a las formaciones políticos.
ALTOS CARGOS Y FAMILIARES DE POLÍTICOS
Si el método de elección de los miembros del Tribunal ya deja en
evidencia su politización, la identidad de algunos de ellos lo demuestra
en un grado aún mayor. Así, entre los consejeros de Cuentas figuran una
ex ministra popular, un ex senador y ex diputado autonómico del PSC, un
antiguo diputado de la extinta UCD, una ex presidenta de una ONG
socialista, la hija de un concejal del PSOE y un hermano de José María
Aznar. Son estos:
- Ramón Álvarez de Miranda (nombrado a propuesta del PP y presidente del Pleno): Diputado de UCD entre 1975 y 1982.
- Enriqueta Chicano Jávela (a propuesta del PSOE): Ex presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas y ex miembro del comité coordinador federal de la Organización Sectorial de Participación Ciudadana del PSOE.
- Lluis Armet i Coma (a propuesta del PSOE): Diputado del Parlamento catalán desde 1980 y durante seis legislaturas y senador del PSC entre 1995 y 2001. También fue primer teniente de alcalde de Barcelona.
- Manuel Aznar López (a propuesta del PP): Hermano del ex presidente del Gobierno José María Aznar.
- Margarita Mariscal de Gante y Mirón (a propuesta del PP): Ministra de Justicia del primer Gobierno de Aznar (1996 a 2000).
- Maria Dolores Genaro Moya (a propuesta del PSOE): Profesora de la Universidad de Granada hija de un antiguo concejal del PSOE en Baza (Granada).
RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN
El Tribunal de Cuentas, un organismo cuya función debería ser vigilar
por una mayor transparencia en la cosa pública no da ejemplo en esta
materia. Así, la advertencia legal
de su sitio web impone fuertes restricciones al libre uso de las
informaciones en él contenidos siempre que no sea para su mera
reproducción.
De esta manera, avisa que para la "elaboración propia de materiales" a
partir de la información que ofrece dicho sitio de Internet se ha de
pedir y obtener autorización por escrito del presidente del Tribunal de
Cuentas. Añade que en la solicitud de permiso ha de constar de forma
expresa:
- La ausencia de ánimo de lucro de los materiales a realizar.
- La enumeración detallada de los materiales de la Web requeridos.
- La finalidad, destinatarios y formato (soporte electrónico, papel, etc.) del producto a realizar.
- En el caso de que la finalidad dé lugar a una publicación con soporte físico deberá expresarse el compromiso de remitir un ejemplar de esta publicación al Tribunal de Cuentas.
Desde el gabinete de prensa de la institución han explicado que dicha
'advertencia legal' en la práctica no funciona, que constantemente se
elaboran todo tipo de contenidos con informaciones extraídas de la web
sin perdir permiso y sin que pase nada por ello.
PERIODISTA DIGITAL, SL
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