Testigos desprotegidos. "Me pueden pegar un tiro en cualquier momento"

Manuel Fernández Padín, el hombre clave de la 'Operación Nécora'.

«Esta gente no olvida. Por nuestra culpa pasaron muchos años en 'chirona' y perdieron mucho dinero. Y la venganza, como se dice, se sirve fría». Esa gente de la que habla son 'Los Charlines', uno de los clanes del narcotráfico que controlaban la droga que llegaba a Galicia en los 80. Y el que lo dice es Manuel Fernández Padín, uno de los 'narcos' arrepentidos que facilitó al juez Baltasar Garzón la información para llevar a cabo la 'Operación Nécora' (54 detenidos en Villagarcía de Arousa la noche del 12 de junio de 1990).  

La historia de Fernández Padín comenzó cuando «no me pagaron lo que correspondía por una entrega así que, para vengarme, conté en televisión cosas que sabía sobre el clan». Los 'jefes' descubrieron que el 'chivato' era él «y en vez de matarme me entregaron a la Policía. Me enviaron a una nueva entrega y pegaron a la Policía el soplo de que llevaba la mercancía». Así que ingresó en prisión por tráfico de drogas. Una vez allí, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le propuso protección y manutención a cambio de «que le contase si sus investigaciones iban por el buen camino», siempre según su versión. Cuando Fernández Padín mostró los primeros síntomas de colaboración con la justicia «apareció de repente en escena otro hombre, llamado Ricardo Portabales, que me animaba a colaborar con Garzón. Él también lo hacía y ambos fuimos los que proporcionamos la información clave para la operación». 

20 años a escondidas. 

Desde entonces, este gallego de 56 años ha vivido entre comisarías de Policía, pisos controlados por el Ministerio del Interior y viviendas destinadas a testigos protegidos. Siempre cobrando 1.100 euros hasta hace un año. En ese momento «me dijeron que me quitaban todos estos servicios con el argumento de los recortes económicos». Por eso, él denuncia que «además de que estoy en peligro, no sé cómo voy a rehacer mi vida y tener ingresos después de tantos años sin llevar una vida normal».  Y todo, con la sombra de 'el viejo' en su espalda. 'El viejo' es Manuel Charlín, El Padrino de la familia gallega que sigue «sin perdonar lo que le hice. Y sé que no lo hará». Padín sentencia también que «yo he sido un cabronazo, no digo que no, pero sin mí habría que ver lo que hubiera pasado en Galicia durante años». Cuenta, por otra parte, que «Portabales, que se ha ido a vivir a otro país para intentar pasar desapercibido, se encuentra en un durísima situación económica». 

ES UNA DECISIÓN DEL JUEZ.

Cuando Fernández Padín y Portabales fueron declarados testigos protegidos ni siquiera existía una ley que especificara esta figura jurídica. Fueron, en lo que al narcotráfico se refiere, las primeras personas en España sujetas a esta fórmula. Dicha legislación se aprobó en 1994 bajo el título de Ley Orgáni de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales. La norma establece que es decisión del juez la categoría, tiempo y forma de la seguridad del testigo.

"Les controlamos sin que lo sepan"

Desde el Ministerio del Interior aseguran que antes de quitarle la protección a un testigo protegido «hacemos un estudio previo de su situación y su potencial peligrosidad. Sólo si vemos que ese peligro ya no existe les quitamos la protección continua. Aún así, y de una forma discreta y sin que ellos se enteren, continuamos siguiéndoles, registrando los lugares a los que van y controlando sus movimientos habituales para garantizar su seguridad.
 El ministro, Jorge Fernández, aseguró hace apenas un mes que un total de 1.500 personas tienen protección por parte del Ministerio. Esto supone un gasto de 160 millones de euros, de los que 100 están relacionados con el País Vasco y Navarra. Fernández anunció que estas cifras sufrirían un recorte.