martes, 5 de febrero de 2013

La Sexta Informativo. Interior inicia la privatización de la seguridad exterior en las prisiones

 El Ministerio del Interior ha iniciado el proceso de privatización de la seguridad  exterior en los centros penitenciarios, concretamente, en las cárceles de Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca, Castellón y Huelva, según ha podido saber la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas.
Tanto el Ministerio, como la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, han negado a CSI-F esta información, pero el sindicato tiene constancia, a través de fuentes indirectas, de que la seguridad de los citados centros penitenciarios ha sido adjudicada a la empresa Ombuds.
De hecho, vigilantes de seguridad que prestaban sus servicios en el País Vasco ya han sido contactados para realizar estas labores. CSI-F teme que, en principio, este sea el primer paquete de una serie de adjudicaciones más amplias y en las que participarán otras empresas.
Una vez más el Ministerio del Interior subestima la profesionalidad de la seguridad de los Fuerzas y Seguridad del Estado, vulnerando sistemáticamente el Reglamento Penitenciario que dispone; Artº 63 r.d. 190/96; “ La seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ”.
Asimismo el Artº 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público establece que al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés generales del Estado y de la Administraciones Públicas.
Pues bien, ignorando la citada normativa, Instituciones Penitenciarias comenzará en breve la sustitución de Agentes de la Guardia Civil al frente de la seguridad exterior por empleados de Empresas de Seguridad.
Los Vigilantes de Seguridad realizarán en estos centros, así como en los de menores y estancia temporal de inmigrantes (C.E.T.I.`s) tareas de control de accesos, control de cámaras de CCTV (circuito cerrado de televisión) y vigilancias perimetrales de estas instalaciones. Para ello deberán realizar un curso en un centro homologado de al menos diez horas de duración que también habilita para vigilar dependencias de seguridad (cuarteles militares, centros policiales, etc.).
El Sector Nacional de Prisiones CSI-F, considera ésta medida de irresponsable y kafkiana y un primer paso para privatizar los servicios públicos penitenciarios.
Además, CSI-F se teme que existan detrás de esta operación “intereses poco transparentes”, teniendo en cuenta que los costes retributivos son superiores a los de Guardia Civil, cuya formación requiere de años. Hay que tener en cuenta además que las garantías disuasoria, preventiva y de autoridad que representa la Guardia Civil, no se puede equiparar a cualquier otro sistema, por muchas que fueran las bondades que se prediquen del mismo.
Por último, es preciso destacar que el sistema penitenciario constituye, entre otros, uno de los instrumentos a disposición del Estado para hacer frente a las amenazas y riesgos para la seguridad procedentes, especialmente, del terrorismo y de la delincuencia organizada.

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