%2013.55.17.png)
En el BOE del pasado miércoles 21 de noviembre de 2012 se ha
publicado; Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense, que entró en vigor
el 22 de noviembre.
CSIF EXIGE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE TASAS
El sindicato CSIF, mayoritario en la Administración de Justicia en
Cantabria y en España, manifiesta su más rotundo rechazo a la ley de
tasas recientemente publicada en el BOE y exige al Gobierno su
derogación inmediata.
El “tasazo” de Gallardón supone el “tiro de gracia” al derecho a la tutela judicial efectiva para una gran mayoría de ciudadanos además de suponer una “vuelta de tuerca” más en la desigualdad de los ciudadanos ante la ley.
Los problemas de la Justicia no se arreglan impidiendo el ejercicio de derechos a los ciudadanos sino dotando a la Administración que la sirve de los medios materiales y personales que precisa y acometiendo, sin imposiciones, de forma coordinada con quienes mejor conocemos el día a día del trabajo en los juzgados y tribunales, el proceso modernizador de la Administración de Justicia que tanto necesita.
Por otro lado, la improvisación en la puesta en marcha de la ley, con la ausencia de los impresos para liquidar la tasa, no es más que un síntoma de algo tan necesario como disponer de medios: su gestión racional y eficiente de los recursos evitando duplicidades y despilfarros en aventuras que acaban siendo un fracaso como la nueva oficinal judicial.
Asimismo, CSIF denuncia la existencia de supuestos de abono de tasa claramente ilegales por abusivos no ya por la cuantía en sí misma sino por la desproporción con la cuantía de lo reclamado (multas de escasa cuantía) o respecto de la materia de que se trata (divorcios en casos de violencia sobre la mujer o procesos matrimoniales como la separación, divorcio o nulidad que sólo se pueden obtener por sentencia judicial sin que se pueda llegar a acuerdo extrajudicial alguno) o en relación con el servicio que realmente se presta (el cobro de la tasa en el orden contencioso cuando, al final, no se presenta demanda).
Por último, a juicio de CSIF con esta ley de tasas el Gobierno se asegura una mayor espacio de impunidad en la actuación de la Administración pública al someter a tasa el ejercicio de acciones en el orden contencioso administrativo que es la forma a través de la cual se ejerce el control jurisdiccional de la Administración pública en un Estado de Derecho.
El “tasazo” de Gallardón supone el “tiro de gracia” al derecho a la tutela judicial efectiva para una gran mayoría de ciudadanos además de suponer una “vuelta de tuerca” más en la desigualdad de los ciudadanos ante la ley.
Los problemas de la Justicia no se arreglan impidiendo el ejercicio de derechos a los ciudadanos sino dotando a la Administración que la sirve de los medios materiales y personales que precisa y acometiendo, sin imposiciones, de forma coordinada con quienes mejor conocemos el día a día del trabajo en los juzgados y tribunales, el proceso modernizador de la Administración de Justicia que tanto necesita.
Por otro lado, la improvisación en la puesta en marcha de la ley, con la ausencia de los impresos para liquidar la tasa, no es más que un síntoma de algo tan necesario como disponer de medios: su gestión racional y eficiente de los recursos evitando duplicidades y despilfarros en aventuras que acaban siendo un fracaso como la nueva oficinal judicial.
Asimismo, CSIF denuncia la existencia de supuestos de abono de tasa claramente ilegales por abusivos no ya por la cuantía en sí misma sino por la desproporción con la cuantía de lo reclamado (multas de escasa cuantía) o respecto de la materia de que se trata (divorcios en casos de violencia sobre la mujer o procesos matrimoniales como la separación, divorcio o nulidad que sólo se pueden obtener por sentencia judicial sin que se pueda llegar a acuerdo extrajudicial alguno) o en relación con el servicio que realmente se presta (el cobro de la tasa en el orden contencioso cuando, al final, no se presenta demanda).
Por último, a juicio de CSIF con esta ley de tasas el Gobierno se asegura una mayor espacio de impunidad en la actuación de la Administración pública al someter a tasa el ejercicio de acciones en el orden contencioso administrativo que es la forma a través de la cual se ejerce el control jurisdiccional de la Administración pública en un Estado de Derecho.
El ‘tasazo’ de Gallardón ESCONDE NUEVOS RECORTES PARA LOS FUNCIONARIOS
En primer lugar, la norma elimina la posibilidad de comparecer al
personal funcionario por sí mismo en defensa de sus derechos laborales,
estableciendo la obligación de acudir con abogado y procurador, y por
tanto asumiendo su coste. El resto de trabajadores sí que pueden
personarse sin esta representación.
La ‘Ley de tasas’ también discrimina a los empleados públicos respecto del resto de trabajadores en materia de exenciones de la tasa. El personal funcionario está exento sólo del pago de la tasa en la primera instancia debiendo abonar el cien por cien cuando recurre a la segunda instancia o en casación (800 y 1200 euros, respectivamente). Mientras, el resto de trabajadores tienen una exención del 60% de la tasa en la segunda instancia y en la casación por lo que la cuantía de la tasa en segunda instancia y casación es sensiblemente superior para los funcionarios. En concreto, un funcionario pagaría 600 euros de más en segunda instancia y 900 euros de más en casación.
Finalmente, aunque no es el objeto de esta norma, el Gobierno regula a través de la disposición final cuarta, la doble cotización de los funcionarios adscritos al régimen de clases pasivas (jubilación) y mutualidades que deberán cotizar doble por ambos conceptos aun cuando no vayan a cobrar la paga extra de navidad. Así, no solo dejarán de percibir la paga extra, sino que recibirán un nuevo descuento en su nómina del mes de diciembre cobrando menos que cualquier otro mes del año.
La ‘Ley de tasas’ también discrimina a los empleados públicos respecto del resto de trabajadores en materia de exenciones de la tasa. El personal funcionario está exento sólo del pago de la tasa en la primera instancia debiendo abonar el cien por cien cuando recurre a la segunda instancia o en casación (800 y 1200 euros, respectivamente). Mientras, el resto de trabajadores tienen una exención del 60% de la tasa en la segunda instancia y en la casación por lo que la cuantía de la tasa en segunda instancia y casación es sensiblemente superior para los funcionarios. En concreto, un funcionario pagaría 600 euros de más en segunda instancia y 900 euros de más en casación.
Finalmente, aunque no es el objeto de esta norma, el Gobierno regula a través de la disposición final cuarta, la doble cotización de los funcionarios adscritos al régimen de clases pasivas (jubilación) y mutualidades que deberán cotizar doble por ambos conceptos aun cuando no vayan a cobrar la paga extra de navidad. Así, no solo dejarán de percibir la paga extra, sino que recibirán un nuevo descuento en su nómina del mes de diciembre cobrando menos que cualquier otro mes del año.
CSI-F ha venido denunciando esta exclusión de millones de ciudadanos
del derecho de tutela judicial efectiva que conocimos el primer borrador
de la ley y, así se lo hicimos saber, directamente al propio Ministro
el pasado 19 de junio. Es una pena que otros colectivos hayan despertado
tan tarde para reaccionar contra esta injusta ley.
No hay comentarios:
Publicar un comentario