España, paraíso del indulto

La última medida de gracia otorgada por el Gobierno de Rajoy a un conductor kamikaze que causó un muerto, genera rechazo y reabre el debate sobre el uso y arbitrariedad de la conmutación de penas

SI Montesquieu levantara la cabeza y viera lo que ocurre en España, la volvería a agachar. No le quedaría otra alternativa al ilustrado barón francés, autor del libro Espíritu de las Leyes, obra que introdujo el concepto de la separación de poderes, la idea de encapsular sin vasos comunicantes al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial en la organización del Estado de Derecho para garantizar así la independencia de cada organismo y evitar de esa manera el abuso, el intervencionismo y la imposición por parte de alguno de ellos sobre el resto. El escrito, algo así como el acta fundacional de los Estados modernos, su principal esquema estructural, no parece ser el libro de cabecera de los gobernantes españoles. El último indulto concedido por el Gobierno español a un conductor kamikaze que causó un muerto y un herido, delito por el que fue condenado a 13 años de prisión. Sin embargo, la pena ha quedado reducida a dos años de multa tras la intervención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuya decisión ha reabierto un encendido debate sobre el uso arbitrario y desmedido de la medida de gracia. Más si cabe cuando se ha tenido constancia de que el condenado trabajaba en el mismo bufete de abogados que emplea a uno de los hijos de Gallardón. Para Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), "en el caso del kamikaze, donde existen sospechas de conexiones entre el indultado y el cargo público" que impulsa el indulto, considera lógico que la sociedad muestre su desconfianza cuando es testigo de que las conductas de algunas personas quedan impunes y la de otras, no. Es la feria del indulto. Su paraíso.

Mientras desde la judicatura entienden que la medida de gracia debe emplearse de manera excepcional, medida al milímetro y aplicada con extraordinario criterio, - las sentencias se dictan "después de procesos exhaustivos en los juzgados"-, desde el poder ejecutivo el indulto se ha convertido en una herramienta de uso demasiado frecuente aún contraviniendo a los informes de las distintas instancias judiciales. "A nosotros nos parece que el número de indultos es un exceso y también quiénes son los beneficiarios de los mismos", expone Edmundo Rodríguez, coordinador en Euskadi de la asociación Jueces para la Democracia, un grupo que propone una adecuación de la Ley que rige el indulto, que data de 1870, de la época absolutista, cuando los reyes "hacían y deshacían" a su antojo. De eso hace 143 años. O no.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo calificó en su día la actual Ley del indulto como una "herencia del absolutismo" y remarcaba en su reflexión que la adopción de esta medida no exige a sus impulsores "la más mínima justificación para su consecución". Esa fue la respuesta de los magistrados al indulto del banquero Alfredo Sáenz por parte del entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, perteneciente al ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

Indultos en cascada La cantidad de indultos concedidos desde 1977 resulta desbordante. Los sucesivos gobiernos, partiendo desde el encabezado por Adolfo Suárez, pasando por Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y concluyendo en el de Mariano Rajoy han concedido un total 17.620 indultos, 468 de ellos con Rajoy como inquilino del Palacio de la Moncloa. Para calcular la exorbitante cifra de medidas de gracia concedidas, basta recordar que durante el mandato de ocho años de George W. Bush, el Gobierno estadounidense sumó únicamente 200 indultos. "Es evidente que se hace un abuso del derecho de indulto de parte del poder ejecutivo. Es un auténtico exceso. No puede haber un alto número de indultos porque va en contra del propio sentido de la justicia y del trabajo que esta desarrolla", establece Edmundo Rodríguez. Si bien la cantidad de indultos rebasa los límites razonables, según los togados la preocupación crece una vez conocida la identidad de algunos de los beneficiarios del perdón del gobierno. Por ese motivo, argumentan desde JpD que es imprescindible "un mayor celo" en la calidad de los receptores de las medidas de gracia, porque son varios los casos que provocan "perplejidad" no solo entre los jueces sino también en la sociedad "por el hecho de que se están tomando medidas más que cuestionables".

Analizan desde Jueces para la Democracia, que con el doble indulto que despenalizó recientemente a los cuatro mossos d'Esquadra condenados por torturas y resuelto apenas con una multa debido a la intervención del Gobierno español, así como por las medidas de gracia concedidas a los guardias civiles que también fueron condenados en Gipuzkoa a penas de cárcel por torturas, se lanza un mensaje muy peligroso hacia la sociedad, la sensación de que algunas conductas quedan impunes. "Para nosotros no es comprensible que una sentencia en firme acabe con un indulto por parte del Gobierno para casos tan graves. Tanto el caso de los mossos como el de los la guardias civiles condenados por torturas resulta paradigmático. Si este tipo de conductas quedan sin castigo, si se resuelven con un indulto, se está mandando un mensaje muy negativo porque da la sensación de que existen conductas que quedan impunes y eso, en sí mismo, es muy perjudicial para el Estado de Derecho. Todavía resulta más censurable que el indulto se aplique a conductas que representan un uso inaceptable del poder del propio Estado cuando se dedica a través de sus agentes a infligir un trato degradante, como el caso de las torturas". Matiza Edmundo Rodríguez que desde el Ministerio de Interior se criticó el indulto del Gobierno de Rajoy a los mossos. De hecho, el indulto de los mossos d'Esquadra generó un tsunami entre la judicatura. Cerca de 200 jueces redactaron y publicaron un durísimo alegato en contra de la medida adoptada por Gallardón. En la nota, los jueces firmantes -entre ellos se encontraban magistrados del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional así como por la vocal del Consejo General de Poder Judicial, Margarita Robles-, calificaron el indulto decretado como "afrenta grosera", "impropia de un sistema democrático, ilegítima y éticamente inasumible".

larga tradición Aunque la gran mayoría de los indultos, certifica Edmundo Rodríguez "corresponden a condenados por delitos contra la propiedad y a personas con delitos menores", las medidas de gracia a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no son un islote y pueden resultar "alarmantes" para la sociedad porque la ciudadanía se siente desprotegida y vulnerable. El Ejecutivo de Aznar, que firmó más de 5.916 indultos mientras presidió España, concedió indultos parciales a José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el GAL como responsables principales de la guerra sucia contra ETA. El primero en calidad de ministro de Interior y el segundo como secretario de Estado de Seguridad. Otro que recibió la condecoración de la medida de gracia, aunque de forma camuflada por parte del Gobierno español fue el general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, uno de los buques insignia de la cloacas del Estado desde su puesto avanzado en el cuartel de Intxaurrondo. Condenado a 75 años de cárcel por el asesinato de Lasa y Zabala, salió a la calle tras cumplir únicamente cuatro años de prisión. Instituciones Penitenciarias justificó la libertad del exgeneral aludiendo a una "enfermedad coronaría grave". Ocurrió durante el mandato de Rodríguez Zapatero, que como presidente decretó 3.226 indultos. También recibieron medidas de perdón golpistas del 23-F, entre ellos Alfonso Armada, al que se le conmutó la pena el 24 de diciembre de 1988, con Felipe González en Moncloa.

Los indultos otorgados a los poderes fácticos, banqueros, empresarios, jueces, militares... así como a políticos involucrados por delitos de diversa índole contra la Administración pública fortalece la sensación de que el Gobierno actúa como juez y parte a la hora de otorgar las medidas de gracia para contrarrestar la acción de la Justicia. "El mensaje es para los jueces, pero también para la sociedad", destacan fuentes de la judicatura. Desde el año 2000 son 226 los políticos que han sido exonerados por los distintos Gobiernos de las penas impuestas por la Justicia, principalmente derivadas de la malversación, el cohecho y la prevaricación, el apellido de algunos cargos públicos en un país donde la confianza en la clase política es cada vez menor como señalan las encuestas. "Desde luego, el uso que se hace de los indultos no ayuda a mejorar su imagen", indican las misma fuentes. En el podio de los indultos ocupa un destacado lugar el juez Javier Gómez de Liaño, un togado estrella, condenado en su día por prevaricación. El exmasgistrado fue indultado por el Gobierno que presidía Aznar. Si bien, los dos principales partidos, PP y PSOE, han ejercido el reparto de las medidas de gracia de forma más o menos equitativa.

En su día, José Luis Rodríguez Zapatero afeó las decisiones del ejecutivo en torno a los indultos cuando estaba en la posición. "Todos los actos del poder ejecutivo se controlan por los tribunales", dijo, pero una vez alcanzado el poder maniobró de manera pareja a cómo lo hicieron sus antecesores en el cargo. Zapatero otorgó el perdón a un centenar de cargos, entre ellos a Juan Hormaechea, el que fuera presidente de Cantabria y sentenciado a una condena de tres años de prisión y 14 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. En el tiempo que lleva gobernando, Mariano Rajoy, además de indultar a José Ramírez (comandante) y Miguel Sáez (capitán) condenados por el accidente del Yak-42, ha despenalizado al exalcalde de su partido Tomás Gómez Arrabal y a tres concejales de Abdajalis (Málaga), condenados todos ellos por prevaricación. Recientemente también se libraron de las condenas por los delitos cometidos Josep María Servitje y Víctor López Acuña, todos ellos sonrientes en la feria de los indultos, un paraíso. Mientras, Montesquieu no levanta cabeza.