El asalto al depósito policial de Cádiz el primero de octubre, donde los ladrones sustrajeron 290 kilos de droga que habían sido intervenidos por la Policía en diversas operaciones antidroga, motivó la rápida reacción del Gobierno.
Los ladrones abrieron un butrón, desactivaron las alarmas y
desviaron las cámaras para no ser identificados. Ocurrió en la noche de
un sábado, pero no se descubrió hasta el lunes, cuando el vigilante de
seguridad comenzaba su turno después de no trabajar el fin de semana.
No era la primera vez que ocurría algo así en Andalucía.
Otros 150 kilos de droga ya habían sido sustraídos en otra fecha en la
Jefatura Superior de Policía en Sevilla. También 220 kilos de
estupefacientes en el depósito oficial de Málaga y más de 30 kilos en la
sede del Instituto Nacional de Toxicología de Málaga.
Así las cosas, el Gobierno suscribió un protocolo para la destrucción de la droga incautada
a menos que un juez decida lo contrario. De los robos mencionados, la
Policía ha recuperado 119,7 kilogramos de cocaína y 86,7 de heroína y
detenido a 26 personas, entre ellas tres policías.
Desde el 1 de enero de 2012, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado se han hecho con más 32.000 kilogramos de
sustancias estupefacientes. En muchos casos, los alijos intervenidos sobrepasaban la capacidad de los depósitos.
El protocolo anterior
no se correspondía a las necesidades. La eliminación de estas
sustancias podía tardar incluso años, lo que suponía un elevado coste
para la Administración. La vigilancia, además, no era la adecuada. En
muchos casos empresas privadas a tiempo parcial.
De esos 32.000 kilogramos citados, según revela el
Gobierno, 23.230 son kilos de hachís, 6.890 de cocaína, 1.875 de
marihuana, 31 de sulfato de anfetamina y 5 de derivados de cocaína.
Además, la Policía ha interceptado 131.000 unidades de alucinógenos y
estimulantes.
A una pregunta escrita del diputado de IU Gaspar Llamazares,
el Gobierno aclaró que la destrucción de estas sustancias es un motivo
de preocupación constante para el Ministerio del Interior. Y recordó el
marco de colaboración suscrito entre los ministerios del Interior,
Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad y la Fiscalía General del
Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
Con la intención de evitar más asaltos a los depósitos, los
alijos solo se conservarán en casos excepcionales e impedir que sean
custodiados en «lugares inapropiados». Si el juez no se hace cargo de la
destrucción de la droga, es el fiscal quien debe recurrir. Se trata de
impedir que una simple burla a los sistemas de seguridad no haga inútil
el trabajo de la Policía.
ABC
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