Dos respuestas adecuadas al desafío de Mas

LA DERIVA independentista de CiU «no resiste un proceso racional de análisis de las cosas». La atinada reflexión del ministro de Defensa, en una entrevista que publicamos hoy, tiene su demostración práctica en un informe del Gobierno que analiza la independencia de Cataluña a la luz de la racionalidad de sus consecuencias económicas. Según el documento, Cataluña perdería el 19% de su PIB en el caso de que se declarase estado independiente, lo cual supone más de 35.400 millones de euros al año. El informe del Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que un estado independiente catalán no formaría parte de la UE ni del euro, por la aplicación del artículo 4.2 del Tratado de Lisboa. De acuerdo con ese nuevo estatus, Cataluña perdería 7.400 millones en sus exportaciones a los países de la UE por la supresión de beneficios arancelarios, sus ventas al resto de las regiones españolas se verían reducidas en 28.000 millones debido a la aplicación de la Tasa Exterior Común (TEC) y perdería al menos 1.289 millones de los fondos regionales europeos. A todo ello hay que añadir el duro golpe que sufriría el sector turístico catalán por la disminución de visitantes españoles. En el escenario de la independencia, el déficit fiscal catalán podría llegar hasta el 11%.

Son datos, no soflamas, ni consignas. Datos explícitos acerca de las penosas consecuencias de la independencia para la vida de los catalanes. La irresponsabilidad de Artur Mas -que ayer reiteró que no lo pararán «ni tribunales ni constituciones»- adquiere así proporciones históricas. Tampoco los empresarios de la comunidad quedan en buen lugar. Ellos serían los primeros en sufrir las consecuencias, a pesar de lo cual guardan silencio con las honrosas excepciónes de Lara y Piqué. El Gobierno, que en un principio reaccionó de forma algo timorata al desafío de Mas, acierta al advertir a los catalanes del impacto negativo de la independencia y del papel del Estado en el proceso de desobediencia a las leyes anunciado por el presidente de la Generalitat. Hoy en este diario el ministro de Defensa sugiere que el Gobierno responderá con todos los artículos de la Constitución.
Artur Mas ha echado mano de todos los resortes propagandísticos de la Generalitat y ejerce una presión sobre la sociedad civil para que no existan voces discordantes. Por eso adquieren especial importancia los manifiestos firmados por intelectuales, catedráticos y escritores en los que apuestan por una Cataluña dentro de España. Si bien el promovido por cierta izquierda militante tiene trampa, ya que defiende como alternativa un modelo federal -en consonancia con el PSOE- y advierte que si el sentimiento mayoritario de los catalanes fuera la independencia, el resto de los españoles tendría que buscar una solución. Lo cual, como subrayó ERC, es un reconocimiento al derecho a decidir por su cuenta de los catalanes. Más razonable es el manifiesto que hoy publicamos en el que firmantes de diversas ideologías aseguran que no están dispuestos «a que un muro de incomprensión y agravios inventados pueda ser levantado dentro de la sociedad catalana, y entre la sociedad catalana y los ciudadanos del resto de España».

epsimo y EL MUNDO