La maldición no es el rescate sino la realidad

AUNQUE el presidente del Gobierno el martes y el ministro de Economía ayer mismo negaron estar negociando un segundo rescate para la deuda española, la palabra está en boca de todos. El Rey se reunió ayer con los grandes empresarios y financieros españoles, agrupados en el Consejo de la Competitividad, con los que trató la posibilidad de que España solicite un «rescate blando» para rebajar el diferencial con Alemania. Los empresarios advirtieron que «rescate» es una «palabra maldita». Esta posición parece coincidir con la del Gobierno. No les falta razón y es comprensible que los responsables de las compañías no quieran verse estigmatizados en el mercado ni ver cómo se encarece su financiación simplemente por ser españoles.
Tampoco se puede negar que el rescate -incluso blando o light- es un baldón para el prestigio del país. Sin embargo, la auténtica maldición es la realidad que nos aboca a pedir esta ayuda: la incapacidad para contener el déficit -sobre todo por parte de las comunidades autónomas-, las dudas sobre el sistema bancario, la ausencia de expectativas sobre una mejora a corto plazo del PIB o el insostenible nivel de desempleo. Todo ello desemboca en una falta de credibilidad que lastra, a su vez, las posibilidades de una recuperación.
La pregunta es si España dispone de alternativa para no seguir pagando tipos de interés entre el 6% y el 7%. Siendo realistas -y sobre todo escuchando a los analistas y altos funcionarios europeos- la respuesta es que no. El comienzo del curso político viene marcado por un compás de espera hasta que Rajoy se decida a pedir un rescate que, por cierto, será distinto a los de Grecia, Irlanda y Portugal. Lo que parece que se negocia es la fórmula precisa para que el BCE intervenga en auxilio de la deuda española. Rajoy advirtió a primeros de agosto que quiere conocer cuál será el mecanismo antes de tomar cualquier decisión. En un artículo publicado en la prensa alemana, Draghi dio ayer un paso adelante avisando a los que se oponen a una intervención del BCE que en situaciones como la presente «hay que tomar medidas excepcionales».
De la actitud del Gobierno se desprende que España quiere negociar con los socios bajo la misma premisa que la Generalitat al acudir al Fondo de Liquidez Autonómica: sin someterse a condiciones adicionales. Artur Mas pide 5.000 millones de fondos al Estado a cambio de cumplir el objetivo de déficit -1,5% para 2012- ya fijado en la ley y el Gobierno español asume el compromiso de no superar el 6,5% para que Bruselas libere la ayuda. Es decir, se presenta como extraordinario lo que debería ser ordinario: cumplir la ley. Sin embargo, es dudoso que los socios y el BCE vayan a aceptar esta pretensión. O si lo hacen, la ayuda podría llegar a cuentagotas examinando el cumplimiento de déficit para liberar más fondos.

Lo que subyace bajo esta estrategia no es otra cosa que la falta de voluntad de los responsables políticos del Gobierno central y de las comunidades para eludir la auténtica reforma pendiente: la del modelo de Estado. Mientras la economía privada está haciendo un ajuste brutal, el sector público sigue sin adelgazar lo que debiera. Si la clase política española estuviera dispuesta a desmontar su tinglado reduciendo drásticamente el gasto público, a lo mejor habría alguna posibilidad de no tener que acudir a la solución «maldita».

epsimo  y EL MUNDO