Chaves y Griñán logran atrasar su comparecencia tras la denuncia del interventor
Con
los naipes aún por el suelo después de que el ex interventor general de
la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez desmontara la tesis oficial
sobre el escándalo de los ERE, el PSOE solicitó ayer -y consiguió-
aplazar las comparecencias de José Antonio Griñán y Manuel Chaves ante
la comisión de investigación.
La tesis oficial -una compleja argumentación jurídica para sostener que el sistema era legal pero fue burlado por el abuso puntual de un director general, Javier Guerrero- resultó ser un castillo de naipes sobre las palmas de las manos de Griñán y Chaves, que lo sostenían con el auxilio de sus consejeros. Llegó el ex interventor general y le bastó un leve toque con el dedo índice para derrumbarlo.
La portavoz socialista en la comisión de los ERE, Antonia Moro, defendió ayer ante los periodistas el aplazamiento de las comparecencias de Griñán y Chaves por «razones institucionales», al entender que los dos presidentes deben cerrar la comisión de investigación y el PSOE tiene la intención de llamar a más comparecientes.
El argumento es débil porque desde que se aprobó el primer calendario de la comisión, hace dos meses, estaba prevista una segunda ronda de comparecencias. No parece lógico que se pensara dar carpetazo a la investigación sin llamar a actores como comisionistas, sindicalistas, beneficiarios de ayudas, intrusos o compañías aseguradoras, que aún no han sido citados.
Por lo tanto, si el argumento para aplazar las declaraciones de Griñán y Chaves es la «lógica» de las «razones institucionales», esto pudo haberse previsto entonces.
Incluso, el lunes 20 de agosto, en la víspera del inicio de las comparecencias, el presidente de la comisión, el diputado de Izquierda Unida Ignacio García, anunció que dos de los testigos citados no podrían asistir -una por un conflicto de agenda, otro por hallarse en el extranjero- y emplazó a una segunda ronda de comparecencias para que lo hicieran. El Partido Socialista no expuso entonces la necesidad de retrasar, en consecuencia, las citas de Griñán y Chaves por razones de cortesía.
Esto hace pensar que en el fondo del aplazamiento pueda subyacer alguna razón de otro tipo que no se ha querido hacer pública, sobre todo cuando en la Ejecutiva regional del PSOE, reunida el pasado lunes, se analizó la estrategia en la comisión y se decidió darla por cerrada este viernes para que, «a partir del sábado, se hable ya de otra cosa».
De hecho, el PSOE no solicitó los aplazamientos hace 10 días, cuando ya se sabía con plena certeza que habría más comparecientes, y sí lo ha hecho horas después de la contundente declaración del ex interventor. Éste dejó claro que desde el año 2005 la Junta de Andalucía fue advertida en 15 ocasiones de las irregularidades pero que «quien tenía que tomar medidas, no las tomó». «No he visto un caso igual», sintetizó el funcionario que fiscalizó la gestión autonómica desde 2000 a 2010.
Otras fuentes apuntan la posibilidad de que hayan surgido discrepancias en la estrategia entre los dos presidentes, ya que, a la vista del transcurso de la comisión, se están cargando las tintas en la etapa de los consejeros de Empleo nombrados por Chaves y se está presentando al Ejecutivo de Griñán como el que solventó las irregularidades, regulando las ayudas en 2011.
La tesis oficial -una compleja argumentación jurídica para sostener que el sistema era legal pero fue burlado por el abuso puntual de un director general, Javier Guerrero- resultó ser un castillo de naipes sobre las palmas de las manos de Griñán y Chaves, que lo sostenían con el auxilio de sus consejeros. Llegó el ex interventor general y le bastó un leve toque con el dedo índice para derrumbarlo.
La portavoz socialista en la comisión de los ERE, Antonia Moro, defendió ayer ante los periodistas el aplazamiento de las comparecencias de Griñán y Chaves por «razones institucionales», al entender que los dos presidentes deben cerrar la comisión de investigación y el PSOE tiene la intención de llamar a más comparecientes.
El argumento es débil porque desde que se aprobó el primer calendario de la comisión, hace dos meses, estaba prevista una segunda ronda de comparecencias. No parece lógico que se pensara dar carpetazo a la investigación sin llamar a actores como comisionistas, sindicalistas, beneficiarios de ayudas, intrusos o compañías aseguradoras, que aún no han sido citados.
Por lo tanto, si el argumento para aplazar las declaraciones de Griñán y Chaves es la «lógica» de las «razones institucionales», esto pudo haberse previsto entonces.
Incluso, el lunes 20 de agosto, en la víspera del inicio de las comparecencias, el presidente de la comisión, el diputado de Izquierda Unida Ignacio García, anunció que dos de los testigos citados no podrían asistir -una por un conflicto de agenda, otro por hallarse en el extranjero- y emplazó a una segunda ronda de comparecencias para que lo hicieran. El Partido Socialista no expuso entonces la necesidad de retrasar, en consecuencia, las citas de Griñán y Chaves por razones de cortesía.
Esto hace pensar que en el fondo del aplazamiento pueda subyacer alguna razón de otro tipo que no se ha querido hacer pública, sobre todo cuando en la Ejecutiva regional del PSOE, reunida el pasado lunes, se analizó la estrategia en la comisión y se decidió darla por cerrada este viernes para que, «a partir del sábado, se hable ya de otra cosa».
De hecho, el PSOE no solicitó los aplazamientos hace 10 días, cuando ya se sabía con plena certeza que habría más comparecientes, y sí lo ha hecho horas después de la contundente declaración del ex interventor. Éste dejó claro que desde el año 2005 la Junta de Andalucía fue advertida en 15 ocasiones de las irregularidades pero que «quien tenía que tomar medidas, no las tomó». «No he visto un caso igual», sintetizó el funcionario que fiscalizó la gestión autonómica desde 2000 a 2010.
Otras fuentes apuntan la posibilidad de que hayan surgido discrepancias en la estrategia entre los dos presidentes, ya que, a la vista del transcurso de la comisión, se están cargando las tintas en la etapa de los consejeros de Empleo nombrados por Chaves y se está presentando al Ejecutivo de Griñán como el que solventó las irregularidades, regulando las ayudas en 2011.
epsimo y EL MUNDO
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