LA AUDIENCIA NACIONAL va a investigar la salida a Bolsa de Bankia en
julio de 2011 por si hay hechos constitutivos de delito en la operación.
Indagará en la gestión de Rodrigo Rato, presidente de la entidad en ese
momento, y de otros 32 consejeros de Bankia y de su matriz Banco
Financiero y de Ahorros (BFA). Entre ellos, políticos del PP, del PSOE y
de IU, sindicalistas de UGT y CCOO, empresarios y destacados
representantes de la sociedad civil.
Por eso, con la admisión a trámite de la querella presentada por UPyD y respaldada por Anticorrupción, el juez Fernando Andreu abre un proceso que pone en la picota una parte del sistema financiero que surgió en la España de la beautiful people de los años ochenta y quedó herido de muerte en el estallido de la burbuja inmobiliaria, en los comienzos de la crisis. Es un juicio al sistema formado por unas cajas de ahorros dominadas por los políticos regionales, que camparon a sus anchas en los consejos de administración gestionando como si el dinero no fuera de nadie y repartiendo favores a diestro y siniestro. No se puede generalizar, pero que sólo queden dos de las 45 cajas de ahorros que había en España en enero de 2010 indica hasta qué punto esas entidades necesitaban una reconversión total.
Por eso no sorprende la amplitud de la investigación penal emprendida por el juez Andreu que, por ejemplo, pide información sobre los créditos concedidos a los partidos en los últimos cinco años por las siete cajas de ahorros que se fusionaron en Bankia o solicita todas las actas de los consejos en los que se fijaron las retribuciones de sus miembros. Parece como si con esta investigación penal se quisiera subsanar el tremendo error de no haber consentido la política a través de una comisión parlamentaria. El proceso lo determinará, pero es posible que algunos de los hechos que son motivo de la querella no constituyan delito, y por lo tanto no tengan castigo penal, pero sí impliquen responsabilidades políticas que merecerían ser depuradas. Es significativo también que el juez pida una ingente documentación al Banco de España, a la CNMV y al Frob y llame a declarar como testigos a los responsables de esas instituciones por entonces.
La querella se centra en si «los consejeros de Bankia y de BFA distorsionaron las cuentas a fin de dar la impresión de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente», según el auto. Es decir, si Rato y sus colaboradores montaron un gran engaño para «ganarse la confianza de los inversores en la salida a Bolsa y obtener financiación del mercado». El juez destaca que «se denuncia la grosera infracción de los deberes de transparencia, fidelidad y lealtad» y, por ello, imputa a los 33 implicados los posibles delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
UPyD ha rendido un servicio a la democracia al presentar esta querella y es loable el propósito de Anticorrupción y de la Audiencia de esclarecer los hechos. Ayer se inició una andadura, larga y procelosa, que puede ayudar a la sociedad a descubrir lo Sucedido y eventualmente obligar a quien haya vulnerado la ley a pagar por ello
Por eso, con la admisión a trámite de la querella presentada por UPyD y respaldada por Anticorrupción, el juez Fernando Andreu abre un proceso que pone en la picota una parte del sistema financiero que surgió en la España de la beautiful people de los años ochenta y quedó herido de muerte en el estallido de la burbuja inmobiliaria, en los comienzos de la crisis. Es un juicio al sistema formado por unas cajas de ahorros dominadas por los políticos regionales, que camparon a sus anchas en los consejos de administración gestionando como si el dinero no fuera de nadie y repartiendo favores a diestro y siniestro. No se puede generalizar, pero que sólo queden dos de las 45 cajas de ahorros que había en España en enero de 2010 indica hasta qué punto esas entidades necesitaban una reconversión total.
Por eso no sorprende la amplitud de la investigación penal emprendida por el juez Andreu que, por ejemplo, pide información sobre los créditos concedidos a los partidos en los últimos cinco años por las siete cajas de ahorros que se fusionaron en Bankia o solicita todas las actas de los consejos en los que se fijaron las retribuciones de sus miembros. Parece como si con esta investigación penal se quisiera subsanar el tremendo error de no haber consentido la política a través de una comisión parlamentaria. El proceso lo determinará, pero es posible que algunos de los hechos que son motivo de la querella no constituyan delito, y por lo tanto no tengan castigo penal, pero sí impliquen responsabilidades políticas que merecerían ser depuradas. Es significativo también que el juez pida una ingente documentación al Banco de España, a la CNMV y al Frob y llame a declarar como testigos a los responsables de esas instituciones por entonces.
La querella se centra en si «los consejeros de Bankia y de BFA distorsionaron las cuentas a fin de dar la impresión de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente», según el auto. Es decir, si Rato y sus colaboradores montaron un gran engaño para «ganarse la confianza de los inversores en la salida a Bolsa y obtener financiación del mercado». El juez destaca que «se denuncia la grosera infracción de los deberes de transparencia, fidelidad y lealtad» y, por ello, imputa a los 33 implicados los posibles delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
UPyD ha rendido un servicio a la democracia al presentar esta querella y es loable el propósito de Anticorrupción y de la Audiencia de esclarecer los hechos. Ayer se inició una andadura, larga y procelosa, que puede ayudar a la sociedad a descubrir lo Sucedido y eventualmente obligar a quien haya vulnerado la ley a pagar por ello
epsimo y EL MUNDO
No hay comentarios:
Publicar un comentario