El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
reclamó un estatuto jurídico diferenciado para las personas con
enfermedad mental o discapacidad intelectual que se encuentran en
prisión, para garantizar la efectiva protección de sus derechos y
facilitar su completa y rápida integración en la sociedad.
Así lo ha puesto de manifiesto esta mañana el presidente del CGAE, Carlos Carnicer,
en la inauguración de la jornada “La enfermedad mental y la
discapacidad intelectual ante el delito”, tercera del ciclo ‘Crisis
económica y Derechos Humanos’, organizada por la Fundación del CGAE, CERMI y Fundación ONCE, que se ha celebrado hoy en la sede de CGAE.
Junto a Carnicer han participado Mariano Casado, miembro del comité ejecutivo de CERMI y vicepresidente de FEAPS, y Beatriz Rabadán, de la Fundación ONCE.
La enorme carencia de recursos adecuados y normalizados en el
tratamiento de las personas con enfermedad mental y con discapacidad
intelectual que han cometido algún delito y el elevado número de
personas con trastornos psicóticos ingresadas en las instituciones
penitenciarias españolas (el 4% de la población reclusa, según datos de
Instituciones Penitenciarias) son motivo de preocupación para la
Abogacía Española, por cuanto puede suponer una merma de sus derechos.
Durante la jornada, en la que han participado representantes del
mundo judicial, de la administración penitenciaria y del movimiento
asociativo, se ha denunciado la discriminación que sufren estas personas
respecto a quienes no padecen enfermedad o discapacidad. Así, si una
persona sin discapacidad o sin enfermedad comete un delito penado con
menos de dos años, puede evitar la cárcel si no tiene antecedentes. Sin
embargo, y en las mismas circunstancias, los enfermos mentales o las
personas con discapacidad cumplen en su integridad la privación de
libertad.
También se ha puesto de manifiesto la necesidad de que haya una mayor
coordinación entre la administración de justicia y la sanitaria y,
sobre todo, una mayor formación de todos los operadores que intervienen
en el proceso penal: fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, abogados,
personal sanitario y funcionarios d e instituciones penitenciarias.
A juicio del CGAE, en tanto no se produzca la integración absoluta de
la atención sanitaria de los enfermos mentales en prisión en la red
sanitaria general, los servicios psiquiátricos penitenciarios deberían
mejorar su coordinación con la red de asistencia psiquiátrica y social
comunitaria para garantizar el tratamiento integral de esta población de
riesgo. Solo una plena integración de las actuaciones relativas a la
salud mental en el sistema sanitario general puede equiparar al enfermo
mental con las demás personas que requieran servicios sanitarios y
sociales.
Por otra parte, durante el proceso judicial debe acentuarse aún más
la protección de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual y enfermedad mental para asegurar un especial cuidado de sus
necesidades reales. Esto resulta especialmente importante en el empleo
de medidas alternativas no privativas de libertad que eviten los
internamientos inadecuados. En estos procesos, la intervención del
abogado resulta especialmente decisiva.
Derivación a la red asistencial
La adecuada derivación a la red asistencial general de estos enfermos
haría innecesaria la creación de más recursos penitenciarios. La
Abogacía es partidaria de que se potencien los denominados “protocolos
de derivación” que evitarían encarcelamientos psiquiátricos innecesarios
y mantendrían en el sistema sanitario general de forma controlada a
quienes no deben estar recluidos.
Hay que tener en cuenta que, según la administración penitenciaria,
un 30% de las personas ingresadas en el sistema penitenciario, podrían
haber sido derivadas a otros recursos alternativos a la prisión.
El CGAE considera también enormemente preocupante la falta de centros
especializados que garanticen una atención adecuada y completa a los
internos que manifiestan algún tipo de trastorno mental y la escasa
capacidad de los hospitales psiquiátricos.
Todos estos asuntos se han abordado durante la jornada. En la primera
parte, Carlos García Castaño, presidente de la subcomisión de
Penitenciario del CGAE; Pilar Santos, fiscal; Carlos Riaza, psiquiatra, y Juan Antonio Toro,
juez de instrucción, han analizado la situación de las personas con
discapacidad intelectual y enfermedad mental en el proceso penal.
El cumplimiento de las medidas de seguridad en el entorno
penitenciario ha sido objeto de la segunda mesa en la que han
participado Ángel Luis Ortíz, juez de Vigilancia Penitenciaria; José Manuel Arroyo, subdirector general de Sanidad Penitenciaria; Marta Cáceres, de la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía; Torcuato Recover, asesor jurídico de FEAPS, y Ana García, psicóloga de la asociación FEAFES León ALFAEM.
Con el ciclo, ‘Crisis económica y derechos humanos’, la Fundación
CGAE pretende analizar el impacto de la crisis económica en los derechos
y libertades de los ciudadanos e identificar iniciativas, provenientes
de la Abogacía o de otros sectores, que impidan retrocesos en el
reconocimiento de los derechos de los ciudadanos.
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