Diez años después de que 336 reclusos del penal de Libertad tomaran
de rehenes a 10 policías y casi destruyeran la simbólica prisión de la
dictadura en aras de reclamar mejoras en las instituciones
penitenciarias, el preso Eduardo Brasil Sastre disparó en ese mismo
establecimiento contra dos agentes, mató a uno de ellos y cayó bajo las
balas de los uniformados. El sindicato policial decidió entonces
suspender las visitas en varias cárceles en señal de solidaridad con sus
compañeros, lo que generó destrozos en el Centro Nacional de
Rehabilitación femenino y un motín en el Comcar que culminó con dos
módulos destruidos, varios heridos y más de 1.000 presos que tuvieron
que ser trasladados a otros centros penitenciarios.
En estos 10 años, en los que se ha logrado reducir la pobreza, la desocupación se encuentra en sus mínimos históricos y hasta se habla del surgimiento de un “nuevo uruguayo”, las cárceles, sin embargo, no solo continúan siendo una piedra en el zapato de la sociedad uruguaya, sino que sus conflictos parecen ir en espiral ascendente: para muestra alcanzaría con el motín en Comcar en 2009, donde fallecieron cinco internos, y el fatídico incendio en la cárcel de Rocha, en el que murieron 12 reclusos en 2010.
Aunque en líneas generales la situación carcelaria ha mejorado –de acuerdo a la constatación hecha en marzo de este año por el relator especial de Naciones Unidad sobre la tortura, Manfred Nowak, quien en 2009 realizó un informe lapidario acerca del estado de las prisiones– el sistema penitenciario uruguayo sigue luchando contra problemas que a esta altura ya son endémicos (corrupción policial, presencia de armas y de drogas en las prisiones, dominio de las bandas de “narcos” y otros presos pesados, deficiencias edilicias y de servicios, malos tratos y uso excesivo de la fuerza).
Por otro lado, la criminalidad viene en aumento y la población reclusa sigue creciendo: de albergar unos 2.800 presos en 1990, en la actualidad el sistema penitenciario uruguayo cuenta con unos 9.300 internos. Es decir, en 22 años la población carcelaria se ha multiplicado más de tres veces. Tras los recientes destrozos en el Comcar, el hacinamiento ha pasado a ser del 123%, de acuerdo al Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé.
Para combatir la sobrepoblación en las prisiones, una de las preocupaciones fundamentales del sistema penitenciario uruguayo, la política gubernamental se ha centrado hasta ahora en la construcción. Se han cerrado establecimientos ruinosos, se eliminaron las unidades carcelarias conocidas como “las latas”, se construyeron nuevos módulos en prisiones ya existentes y está en marcha el proyecto de crear un complejo penitenciario para 2.000 reclusos, con participación público-privada, en Punta de Rieles.
Por otro lado, el incremento de la inversión en cárceles ha aumentado considerablemente (la ley de Emergencia 18.667 destinó $ 292 millones al sistema penitenciario). Entre 2009 y 2011 se habilitaron 2.200 plazas, mientras que en el lapso de 1986 y 2009 solo 1.420. Se procedió, no obstante, a la recuperación de las cárceles que resultaron dañadas por motines, indicó Garcé, y solo se edificó el Comcar (1.300 lugares) y la cárcel de San José (120).
Sin embargo, señalan los expertos consultados, el hacinamiento se reduciría considerablemente no tanto por la construcción de nuevos establecimientos, sino a partir de la propagación de las penas alternativas y la reducción de la cantidad de internos en prisión preventiva.
“Los países que están más avanzados son los que han abierto una brecha muy importante con las penas alternativas a la prisión”, señala Gabriela Fulco, asesora del Ministerio del Interior en materia carcelaria. Por otro lado, en Uruguay el 65% de los reclusos se encuentran en situación de prisión preventiva, mientras que en los sistemas más desarrollados esta tasa oscila entre el 10% y el 30%.
“Se recurre demasiado a la prisión preventiva y eso ayuda a la sobrepoblación. Las consecuencias que trae adentro de la interna penitenciaria son muchas, porque lo que más desespera a un recluso es no tener ni idea de la pena que puede recaer sobre su causa”, indica Enrique Navas, ex director de Cárceles.
Cambio político y social
Para que el sistema penitenciario uruguayo pudiera avanzar en este tipo de medidas, afirman los expertos, es necesario la implementación de una política de Estado, pero también desplazar del foco a la noción de castigo.
“La cárcel no está cumpliendo el rol de rehabilitación y profilaxis del delito, sino que si la rehabilitación está fracasando en 70%, esto quiere decir que las cárceles no están cumpliendo el mandato constitucional”, dice Jorge Pan, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), en alusión al artículo 26 del Código Penal.
Para esto, señalan los expertos, es necesario sacar a las cárceles del Ministerio del Interior –Mujica ya anunció que pasará antes de que termine su mandato– y reemplazar a la Policía por funcionarios penitenciarios formados especialmente para ese fin. Este proceso también ha comenzado en el sistema uruguayo, aunque algunos, como Navas, consideran que lo nuevos operarios no están suficientemente formados.
Otro aspecto sobre el que habría que focalizarse, indican los consultados, es en el trabajo de los internos. Si bien la información del Ministerio del Interior es que esta cifra es del 42%, Garcé estima que el número en realidad debe rondar entre el 15% y el 20%, ya que este es un dato muy difícil de calcular.
Sin embargo, para que el cambio realmente pueda generarse en el sistema penitenciario es necesario, sostienen los expertos, que trabajar no solo desde el ámbito político sino desde la sociedad en su conjunto.
“Mantenemos un sistema arcaico que tiene la idea de que solo hay pena cuando el individuo sufre reclusión”, señala Germán Aller, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Udelar. Para el académico, la concepción de la cárcel como sinónimo de castigo marca sobre todo un problema de índole cultural.
“El muro de la prisión es el límite de una sociedad que aísla y quita a los que delinquen, pero ese muro un día se cruza y si, no se ha revertido el proceso educativo y cultural, un alto porcentaje vuelve a delinquir”, señala. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de la población carcelaria está compuesta por personas pobres, muy jóvenes y con escasa educación, es fundamental, añade el criminólogo, generar un proceso educativo y cultural para evitar que las personas queden en situación de delito.
“En muchas ocasiones, cuando (los reclusos) salen de la cárcel procuran llevar una vida recta, pero no les es nada sencillo, porque el muro de prisión lo pueden pasar, pero los muros sociales son mucho más altos”, destaca Aller, y agrega. “Creemos que si el delincuente va a la cárcel está solucionado el problema, pero la prisión esta dentro de la comunidad y, en cierta medida, es un reflejo de su sociedad”.
En estos 10 años, en los que se ha logrado reducir la pobreza, la desocupación se encuentra en sus mínimos históricos y hasta se habla del surgimiento de un “nuevo uruguayo”, las cárceles, sin embargo, no solo continúan siendo una piedra en el zapato de la sociedad uruguaya, sino que sus conflictos parecen ir en espiral ascendente: para muestra alcanzaría con el motín en Comcar en 2009, donde fallecieron cinco internos, y el fatídico incendio en la cárcel de Rocha, en el que murieron 12 reclusos en 2010.
Aunque en líneas generales la situación carcelaria ha mejorado –de acuerdo a la constatación hecha en marzo de este año por el relator especial de Naciones Unidad sobre la tortura, Manfred Nowak, quien en 2009 realizó un informe lapidario acerca del estado de las prisiones– el sistema penitenciario uruguayo sigue luchando contra problemas que a esta altura ya son endémicos (corrupción policial, presencia de armas y de drogas en las prisiones, dominio de las bandas de “narcos” y otros presos pesados, deficiencias edilicias y de servicios, malos tratos y uso excesivo de la fuerza).
Por otro lado, la criminalidad viene en aumento y la población reclusa sigue creciendo: de albergar unos 2.800 presos en 1990, en la actualidad el sistema penitenciario uruguayo cuenta con unos 9.300 internos. Es decir, en 22 años la población carcelaria se ha multiplicado más de tres veces. Tras los recientes destrozos en el Comcar, el hacinamiento ha pasado a ser del 123%, de acuerdo al Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé.
Para combatir la sobrepoblación en las prisiones, una de las preocupaciones fundamentales del sistema penitenciario uruguayo, la política gubernamental se ha centrado hasta ahora en la construcción. Se han cerrado establecimientos ruinosos, se eliminaron las unidades carcelarias conocidas como “las latas”, se construyeron nuevos módulos en prisiones ya existentes y está en marcha el proyecto de crear un complejo penitenciario para 2.000 reclusos, con participación público-privada, en Punta de Rieles.
Por otro lado, el incremento de la inversión en cárceles ha aumentado considerablemente (la ley de Emergencia 18.667 destinó $ 292 millones al sistema penitenciario). Entre 2009 y 2011 se habilitaron 2.200 plazas, mientras que en el lapso de 1986 y 2009 solo 1.420. Se procedió, no obstante, a la recuperación de las cárceles que resultaron dañadas por motines, indicó Garcé, y solo se edificó el Comcar (1.300 lugares) y la cárcel de San José (120).
Sin embargo, señalan los expertos consultados, el hacinamiento se reduciría considerablemente no tanto por la construcción de nuevos establecimientos, sino a partir de la propagación de las penas alternativas y la reducción de la cantidad de internos en prisión preventiva.
“Los países que están más avanzados son los que han abierto una brecha muy importante con las penas alternativas a la prisión”, señala Gabriela Fulco, asesora del Ministerio del Interior en materia carcelaria. Por otro lado, en Uruguay el 65% de los reclusos se encuentran en situación de prisión preventiva, mientras que en los sistemas más desarrollados esta tasa oscila entre el 10% y el 30%.
“Se recurre demasiado a la prisión preventiva y eso ayuda a la sobrepoblación. Las consecuencias que trae adentro de la interna penitenciaria son muchas, porque lo que más desespera a un recluso es no tener ni idea de la pena que puede recaer sobre su causa”, indica Enrique Navas, ex director de Cárceles.
Cambio político y social
Para que el sistema penitenciario uruguayo pudiera avanzar en este tipo de medidas, afirman los expertos, es necesario la implementación de una política de Estado, pero también desplazar del foco a la noción de castigo.
“La cárcel no está cumpliendo el rol de rehabilitación y profilaxis del delito, sino que si la rehabilitación está fracasando en 70%, esto quiere decir que las cárceles no están cumpliendo el mandato constitucional”, dice Jorge Pan, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), en alusión al artículo 26 del Código Penal.
Para esto, señalan los expertos, es necesario sacar a las cárceles del Ministerio del Interior –Mujica ya anunció que pasará antes de que termine su mandato– y reemplazar a la Policía por funcionarios penitenciarios formados especialmente para ese fin. Este proceso también ha comenzado en el sistema uruguayo, aunque algunos, como Navas, consideran que lo nuevos operarios no están suficientemente formados.
Otro aspecto sobre el que habría que focalizarse, indican los consultados, es en el trabajo de los internos. Si bien la información del Ministerio del Interior es que esta cifra es del 42%, Garcé estima que el número en realidad debe rondar entre el 15% y el 20%, ya que este es un dato muy difícil de calcular.
Sin embargo, para que el cambio realmente pueda generarse en el sistema penitenciario es necesario, sostienen los expertos, que trabajar no solo desde el ámbito político sino desde la sociedad en su conjunto.
“Mantenemos un sistema arcaico que tiene la idea de que solo hay pena cuando el individuo sufre reclusión”, señala Germán Aller, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Udelar. Para el académico, la concepción de la cárcel como sinónimo de castigo marca sobre todo un problema de índole cultural.
“El muro de la prisión es el límite de una sociedad que aísla y quita a los que delinquen, pero ese muro un día se cruza y si, no se ha revertido el proceso educativo y cultural, un alto porcentaje vuelve a delinquir”, señala. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de la población carcelaria está compuesta por personas pobres, muy jóvenes y con escasa educación, es fundamental, añade el criminólogo, generar un proceso educativo y cultural para evitar que las personas queden en situación de delito.
“En muchas ocasiones, cuando (los reclusos) salen de la cárcel procuran llevar una vida recta, pero no les es nada sencillo, porque el muro de prisión lo pueden pasar, pero los muros sociales son mucho más altos”, destaca Aller, y agrega. “Creemos que si el delincuente va a la cárcel está solucionado el problema, pero la prisión esta dentro de la comunidad y, en cierta medida, es un reflejo de su sociedad”.
Riesgo de muertes por hipotermia
El comisionado parlamentario para cárceles, Alvaro Garcé, denunció
esta semana que los presos del Comcar que viven en el patio del módulo 8
desde el motín del 25 de abril corren peligro de morir por hipotermia
debido a las bajas temperaturas que se están registrando. Por ese motivo
pidió que médicos realicen visitas diarias al Comcar para controlar el
estado sanitario de los reclusos y si alguno tiene fiebre o presenta
síntomas de enfermedad sea trasladado de inmediato. Se trata de 600
presos que no pudieron ser realojados en otros centros de reclusión y
viven en patio donde se instaló una carpa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario