miércoles, 6 de junio de 2012

El Gobierno de Murcia intentará reabrir el caso del preso Carlos Mira-Gil

La historia del condenado a cadena perpetua en Florida, desvelada por ABC, moviliza al gobierno murciano que estudia iniciar los trámites para que sea trasladado a España
El Consejero de Presidencia, Manuel Campos, está volcado en este asunto. El objetivo es agotar todos los cartuchos para que se pueda revisar la condena a cadena perpetua del murciano, que lleva nueve años preso en la cárcel de Tomoka por el asesinato de José Rodríguez, un amigo con el que compartía casa.
Lo primero, es analizar toda la información jurídica del caso de Carlos Mira-Gil. Traducir todos los documentos que están en inglés y ver en que situación están todas las alegaciones.

Sin ayuda de un abogado

Desde que fue condenado a cadena perpetua, el preso murciano no ha contado con asistencia letrada. Carlos, se ha convertido en su propio abogado. Todos los recursos que ha presentado han sido elaborados por él mismo con la ayuda de compañeros de celda que cuentan con conocimientos en leyes.
La Cónsul española en Miami, Cristina Barrios, que también está pendiente del caso de Carlos, estima que es fundamental la contratación de un abogado especializado en este tipo de temas para tener alguna posibilidad para reabrir un caso que está archivado. El problema es que tienen unos honorarios muy elevados, entorno a unos 100.000 euros.
Carlos desde el primer momento defiende su inocencia. En una carta dirigida a este diariocuenta la versión de los hechos y culpa al abogado de oficio que le defendió que no entendía nada de español.

Testigos poco creíbles

Según Carlos Mira-Gil, existen claras contradicciones en los testigos porque hay tres que le vieron el mismo día, a la misma hora, en diferentes sitios. Para el español, las personas que le acusaron estaban metidas en drogas, como él, y habían consumido, por tanto, sus testimonios no pueden ser del todo fiables.

Las pruebas de ADN

Otros de los puntos donde basa su defensa el preso murciano es en las pruebas de ADN, que según él fueron ocultadas tanto por el Estado como por la Policía.«Dijeron que no encontraron nada y mintieron al jurado» asegura el preso.

Pedir el traslado a España

El Consejero de Presidencia murciano tiene pensado exponer el caso ante el Ministerio de Justicia y ponerse en contacto con Instituciones Penitenciarias. Existe un Convenio Bilateral suscrito entre los gobiernos de Estados Unidos y España para que los presos puedan cumplir el resto de la condena cerca de sus familias. 
ABC

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