Ajustar el sector público a la realidad del país

LA PRESIDENTA de la Comisión de Economía del Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, abrió ayer un debate que suscitó la inmediata reacción del PSOE y de los sindicatos en contra de su propuesta. Elvira Rodríguez afirmó que no sólo hay que volver a recortar los sueldos de los funcionarios sino que además es necesario reducir «a la fuerza» las plantillas del sector público y, concretamente, las de las «empresas que crecieron como setas» durante los años «de bonanza económica».
El Gobierno está trabajando en un plan de racionalización del sector público que estará listo probablemente a finales de julio, pero del que nada se sabe todavía sobre su contenido. Veremos hasta dónde es capaz de llegar porque existen serias limitaciones legales para poder despedir a los empleados públicos, que alcanzan hoy la cifra de 3,1 millones.
Dos millones de ellos son inamovibles porque legalmente no es posible rescindir la relación de un funcionario con la Administración. Pero hay un millón de trabajadores del sector público que tiene la condición de personal laboral y que sí pueden ser despedidos. Ayer mismo, el Congreso aprobó la reforma laboral en la que se ha introducido una enmienda que flexibiliza el despido de los contratados.
Como parece injusto que las Administraciones Públicas puedan echar a la calle a un buen trabajador contratado y que no lo puedan hacer con un funcionario que no cumple con sus obligaciones, lo lógico y lo coherente sería reformar la ley para evitar situaciones de privilegio que carecen hoy de sentido.
Pero, como decía Elvira Rodríguez, el fondo del problema es que es insostenible un sector público descomunal, que ha crecido en 440.000 empleados en los últimos 10 años. En ese periodo, mientras los funcionarios de la Administración Central descendían un 22%, los de las comunidades autónomas crecían un 44%.
La factura que el Estado tiene que pagar anualmente por los sueldos de todo el sector público, incluyendo políticos, asciende a 123.000 millones de euros, lo que supera todo lo que se recauda por IVA e IRPF. Una suma que apenas se ha reducido a pesar de los recortes de sueldo, debido al aumento de las compensaciones por antigüedad y otros conceptos a los que tienen derecho los funcionarios. En concreto, en lo que llevamos de año la masa salarial de las Administraciones ha crecido un 1,4%.
A este respecto, mientras la masa salarial en el sector privado ha bajado un 5% desde finales de 2007, las remuneraciones del personal del sector público han crecido un 16%, lo que evidencia que la expansión de las Administraciones no ha sufrido los efectos de la crisis sino más bien todo lo contrario.
Ha llegado, pues, el momento de afrontar la reestructuración del sector público, lo que debería suponer una importante reducción del número de funcionarios para acomodar las estructuras burocráticas a las dimensiones de este país, que no puede ya costear un faraónico aparato construido para satisfacer las ambiciones de los partidos y los delirios de grandeza de los gobernantes regionales.

epsimo y EL MUNDO