MARIANO RAJOY afirmó ayer ante los diputados populares que el escenario
de una intervención económica «no es el caso de España ni lo va a ser en
el futuro». Felipe González también descartó que el país termine
controlado: «Si hay rescate se acaba el euro porque hay que rescatar a
toda Europa», comentó en un tono más temerario que el presidente del
Gobierno. Ambos tienen razón, pero se quedan en un mero nominalismo.
Si Grecia, cuyo PIB es de unos 220.000 millones de euros, ha necesitado hasta el momento 350.000 millones entre inyecciones de dinero y quitas de deuda, el rescate de España -con un PIB superior a 1,1 billones de euros- supondría unos recursos inalcanzables. Además, el destino económico español está ahora unido al de Italia por su similar situación en los mercados, de forma que intervenir un país significaría hacerlo en el otro. Una ingente tarea que ni la Comisión ni el BCE ni el FMI pueden acometer.
Si el rescate es impensable, los ciudadanos pueden preguntarse por qué es necesaria esta implacable lucha por el control del déficit y las reformas que nos están llevando al borde de la depresión. En cierta medida éste es el argumento que emplea buena parte de la oposición: podemos seguir gastando porque por muy alto que lleguen las llamas siempre habrá un bombero para apagarlas. Así lo vimos ayer, cuando la prima de riesgo bajó desde 434 a 410 puntos ante el rumor de que el BCE pueda volver a comprar deuda española.
Pero sería suicida mantener este argumento y fiar a la intervención de las instancias europeas la resolución de nuestros problemas. No nos podemos engañar. No basta con que Rajoy convenza a Merkel, a Barroso y a Draghi de la idoneidad de sus reformas. Su verdadero desafío es demostrar a los inversores que está saneando la economía y que España vuelve a ser atractiva para invertir. Son ellos, y no Berlín, Bruselas o Fráncfort, los que han vuelto a poner en la picota a España tras analizar la repercusión de la continuidad de los socialistas en Andalucía o unos Presupuestos que han incrementado los recursos de las autonomías mientras reducían la inversión en I+D o en infraestructuras. Son los mercados los que han recrudecido el ataque al ver cómo el Ejecutivo improvisaba un inconcreto recorte de 10.000 millones en Educación y Sanidad tras la escalada de la prima de riesgo.
Aunque parezca una contradicción, nuestro problema no es el riesgo del rescate sino el de continuar mucho tiempo a punto de caer en él. La gravísima cuestión es que en estos momentos ni las empresas ni los bancos españoles consiguen financiación. Con intervención o sin ella, seguiremos al borde del abismo mientras el Gobierno no sea capaz de dar una señal a los mercados de que controla la situación. A esto se refería ayer Luis de Guindos al responder a un empresario que se quejaba de que los Presupuestos iban contra Cataluña: los ajustes serán mucho más duros si nos los hacen otros, dijo el ministro.
En esta tesitura, cada uno debe asumir su responsabilidad. Es impresentable que el PSOE vote hoy contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pactada previamente con los populares, con la lamentable excusa de que en lo acordado se fijaba un techo de déficit estructural del 0,4% a partir de 2020, mientras que el texto definitivo limita el déficit estructural a cero. En una argumentación increíble, los socialistas presuponen que esa reducción de cuatro décimas en los próximos siete años «ahogará» la recuperación e impondrá «recortes de por vida».
En todo caso, la iniciativa corresponde al presidente del Gobierno. Rajoy tiene claro el diagnóstico. Pero hay que exigirle un liderazgo activo para explicarlo y demostrar que está dispuesto a aplicar el tratamiento adecuado, por invasivo que sea. Aunque esto suponga tener que «plantearse» una reforma radical del Estado de las autonomías, por un camino u otro, o cerrar de forma implacable la reforma del sistema financiero.
Si Grecia, cuyo PIB es de unos 220.000 millones de euros, ha necesitado hasta el momento 350.000 millones entre inyecciones de dinero y quitas de deuda, el rescate de España -con un PIB superior a 1,1 billones de euros- supondría unos recursos inalcanzables. Además, el destino económico español está ahora unido al de Italia por su similar situación en los mercados, de forma que intervenir un país significaría hacerlo en el otro. Una ingente tarea que ni la Comisión ni el BCE ni el FMI pueden acometer.
Si el rescate es impensable, los ciudadanos pueden preguntarse por qué es necesaria esta implacable lucha por el control del déficit y las reformas que nos están llevando al borde de la depresión. En cierta medida éste es el argumento que emplea buena parte de la oposición: podemos seguir gastando porque por muy alto que lleguen las llamas siempre habrá un bombero para apagarlas. Así lo vimos ayer, cuando la prima de riesgo bajó desde 434 a 410 puntos ante el rumor de que el BCE pueda volver a comprar deuda española.
Pero sería suicida mantener este argumento y fiar a la intervención de las instancias europeas la resolución de nuestros problemas. No nos podemos engañar. No basta con que Rajoy convenza a Merkel, a Barroso y a Draghi de la idoneidad de sus reformas. Su verdadero desafío es demostrar a los inversores que está saneando la economía y que España vuelve a ser atractiva para invertir. Son ellos, y no Berlín, Bruselas o Fráncfort, los que han vuelto a poner en la picota a España tras analizar la repercusión de la continuidad de los socialistas en Andalucía o unos Presupuestos que han incrementado los recursos de las autonomías mientras reducían la inversión en I+D o en infraestructuras. Son los mercados los que han recrudecido el ataque al ver cómo el Ejecutivo improvisaba un inconcreto recorte de 10.000 millones en Educación y Sanidad tras la escalada de la prima de riesgo.
Aunque parezca una contradicción, nuestro problema no es el riesgo del rescate sino el de continuar mucho tiempo a punto de caer en él. La gravísima cuestión es que en estos momentos ni las empresas ni los bancos españoles consiguen financiación. Con intervención o sin ella, seguiremos al borde del abismo mientras el Gobierno no sea capaz de dar una señal a los mercados de que controla la situación. A esto se refería ayer Luis de Guindos al responder a un empresario que se quejaba de que los Presupuestos iban contra Cataluña: los ajustes serán mucho más duros si nos los hacen otros, dijo el ministro.
En esta tesitura, cada uno debe asumir su responsabilidad. Es impresentable que el PSOE vote hoy contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pactada previamente con los populares, con la lamentable excusa de que en lo acordado se fijaba un techo de déficit estructural del 0,4% a partir de 2020, mientras que el texto definitivo limita el déficit estructural a cero. En una argumentación increíble, los socialistas presuponen que esa reducción de cuatro décimas en los próximos siete años «ahogará» la recuperación e impondrá «recortes de por vida».
En todo caso, la iniciativa corresponde al presidente del Gobierno. Rajoy tiene claro el diagnóstico. Pero hay que exigirle un liderazgo activo para explicarlo y demostrar que está dispuesto a aplicar el tratamiento adecuado, por invasivo que sea. Aunque esto suponga tener que «plantearse» una reforma radical del Estado de las autonomías, por un camino u otro, o cerrar de forma implacable la reforma del sistema financiero.
epsimo y EL MUNDO
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