Cree que no debe considerarse "excesivo" el tiempo que tardaron en denunciar el robo.
La Fiscalía de Sevilla ha pedido el archivo de la causa contra el exjefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), Francisco T., y los exresponsables de los grupos II y III, al considerar que "no hay motivos suficientemente razonables" para probar que trataran de ocultar y no denunciaran hasta pasada una semana el robo de 154 kilos de cocaína y heroína en la Jefatura Superior de Policía Nacional en Andalucía Occidental, motivo por el que entiende no se les puede imputar un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
En un escrito elevado ante el Juzgado de Instrucción número 19, al que
ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Alfonso Demetrio Sánchez pide
el archivo de la causa contra los responsables policiales al entender
que "el tiempo transcurrido desde que los funcionarios tienen la certeza
de que no ha habido un error en la etiqueta o almacenaje de la droga
hasta la comunicación al juzgado del hecho de la desaparición de la
droga no puede considerarse excesivo si se tiene en cuenta la actuación
que realizaron para averiguar lo ocurrido".
Asimismo, considera que "tampoco hay pruebas, ni indicios suficientes,
de que la actuación de algunos de los funcionarios imputados tuviera por
finalidad desviar la investigación por caminos distintos a los que se
siguieron", por todo lo cual pide el archivo de la causa sin perjuicio
de las responsabilidades administrativas en que hubieran podido incurrir
los imputados.
Según el fiscal, la cuestión a resolver es, "si una vez que les
constaba que había sido sustraída la droga, no lo comunicaron a la
autoridad judicial y, además, trataron de impedir que este hecho
trascendiera tratando de ocultar alguna prueba", pero pone de manifiesto
que, "si bien en un principio hubo sospechas y algún indicio de que así
podía haber ocurrido, lo cierto es que finalmente, agotadas todas las
vías de investigación, no puede afirmarse que haya motivos
suficientemente razonables para mantener una acusación".
El fiscal aprovecha para advertir de que, a través de la investigación
llevada a cabo, se han puesto de manifiesto las "deficiencias" del lugar
donde se almacenaba y custodiaba la droga intervenida por la Policía,
"no sólo por las dificultades de almacenamiento que presentaba tal
lugar, sino por los escasos medios de seguridad que tenía", una
situación que, "en su caso, podrá dar lugar a una responsabilidad
administrativa pero no de carácter penal".
Pues bien, la Fiscalía relata que fue el 23 de mayo de 2008 cuando
solicitó al Juzgado instructor que se practicara un segundo análisis de
la droga intervenida en febrero por parte del Área de Sanidad de la
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, de modo que, el 26 de mayo, la
juez contactó telefónicamente con el jefe del grupo II de la Udyco, José
R., al objeto de comprobar si ya se había destruido la droga,
comunicando el imputado que no había sido destruida y que se encontraba
en sus dependencias.
Tras ello, la juez Ana Escribano le dio orden de que no se destruyera
sino que se remitiera a la Subdelegación para realizar el referido
segundo análisis, y así fue el 5 de junio de 2008 cuando el imputado,
acompañado por un compañero, llevó la droga al Área de Sanidad de la
Subdelegación, pero al abrir el paquete que debía contener la droga
–cocaína–, se pudo comprobar que sólo había cinco paquetes, cuando
debían ser seis, y el aspecto y el color de los mismos no era el mismo
de la droga que había sido intervenida.
En ese momento "fue cuando empiezan a sospechar que podía haber habido
algún error", tras lo cual, concretamente el 5 de junio, el jefe del
Grupo II llamó por teléfono al Juzgado para solicitar autorización para
la destrucción del alijo, lo que, según el fiscal, "pudiera ser un
indicio de que quería hacer desaparecer la prueba de que la cocaína
había sido sustituida por otra sustancia, pero tal indicio no tiene
suficiente consistencia para mantener una acusación".
Según el fiscal, el responsable del Grupo II de la Udyco "da una
explicación de su forma de actuar, achacando a los nervios del momento
el no haberse expresado con perfecta claridad –pues acababan de
descubrir que el paquete que llevaron a Sanidad no contenía lo que debía
ser–, ya que realmente la destrucción que solicitaba era la del
verdadero alijo que creía que podría ser localizado en el depósito, y
trasladarlo a Sanidad para el nuevo análisis".
Después de confirmar que la sustancia que había en el depósito no era
cocaína, comenzaron una serie de gestiones "para averiguar si se había
producido algún error en la cadena de custodia o en el almacenaje de la
sustancia intervenida", y a tal fin se reunieron el 11 de junio de 2008
los responsables de los distintos grupos de la Udyco y otros
funcionarios de la Policía Científica.
No obstante, y tras comprobar que no hubo ningún error ni en la toma de
muestras ni en la recogida y traslado de la droga al depósito, ni
tampoco en el lugar de almacenaje, el 12 de junio el que fuera jefe de
la Udyco y el jefe del Grupo II se personaron en el Juzgado "para poner
en su conocimiento que, al abrir las cajas que debían contener la droga a
la que se iba a practicar un segundo análisis, se percataron de que no
se trataba de la misma sustancia y que podía haber sido sustituida en
las dependencias de la Udyco".
El fiscal Alfonso Demetrio Sánchez considera que "el tiempo
transcurrido desde que los funcionarios tienen la certeza de que no ha
habido un error en el almacenaje de la droga hasta la comunicación al
juzgado del hecho de la desaparición de la droga no puede considerarse
excesivo si se tiene en cuenta la actuación que realizaron para
averiguar lo ocurrido".
Tras las "oportunas" averiguaciones, se pudo concretar que para llegar
al antiguo calabozo donde se almacenaba la droga era necesario disponer
de cuatro llaves, dos de las cuales –la de entrada a la zona donde se
ubicaban los calabozos y la de la puerta del calabozo– "estaban a
disposición de múltiples personas –no sólo de miembros de la Udyco–",
mientras que las dos restantes eran las correspondientes a dos candados
con los que "se aseguraba las dos últimas puertas de entrada al
calabozo".
Tras aseverar que el juego completo de llaves sólo lo tenía el
entonces jefe de la Udyco, el fiscal indica que en el interior de una de
las cerraduras de acceso a la zona se encontró un pequeño trozo de
cinta de embalar, aunque "no se ha podido acreditar quién la puso allí,
ni con qué finalidad, pues no ha quedado suficientemente probado que
aquel pequeño trozo impidiera el funcionamiento de la cerradura, de la
que existía más de una llave".
"En definitiva, no se ha llegado a ninguna conclusión fiable en
relación con estos hechos, pues no se ha aclarado quién pudo poner el
trozo de cinta –que pudo ser colocado con la puerta abierta o cerrada–, y
tampoco se ha concretado cuándo fue colocado, ni que realmente esa
supuesta manipulación impidiera el juego de la llave", añade el fiscal,
que "tampoco es suficiente indicio" el hallazgo de los perfiles
genéticos de los imputados entre los paquetes almacenados, pues "también
aparecieron otros perfiles de otras personas que teóricamente no debían
haber tocado tales paquetes".
Así, la Fiscalía pide el archivo de las actuaciones contra los
responsables policiales, pues "de todo lo actuado no resultan motivos
suficientes para estimar justificada la perpetración de un delito de
omisión del deber de perseguir delitos". Hay que recordar que, en junio
de 2011, la Audiencia Provincial absolvió al exjefe de la Udyco de otro
delito de omisión del deber de perseguir delitos al no perseguir y
favorecer el tráfico de drogas por parte del clan de los 'Barriga'.
Libertad Digital
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