En dependencias policiales. El fiscal pide el archivo del robo de droga en Sevilla

Cree que no debe considerarse "excesivo" el tiempo que tardaron en denunciar el robo.

La Fiscalía de Sevilla ha pedido el archivo de la causa contra el exjefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), Francisco T., y los exresponsables de los grupos II y III, al considerar que "no hay motivos suficientemente razonables" para probar que trataran de ocultar y no denunciaran hasta pasada una semana el robo de 154 kilos de cocaína y heroína en la Jefatura Superior de Policía Nacional en Andalucía Occidental, motivo por el que entiende no se les puede imputar un delito de omisión del deber de perseguir delitos.

En un escrito elevado ante el Juzgado de Instrucción número 19, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Alfonso Demetrio Sánchez pide el archivo de la causa contra los responsables policiales al entender que "el tiempo transcurrido desde que los funcionarios tienen la certeza de que no ha habido un error en la etiqueta o almacenaje de la droga hasta la comunicación al juzgado del hecho de la desaparición de la droga no puede considerarse excesivo si se tiene en cuenta la actuación que realizaron para averiguar lo ocurrido".

Asimismo, considera que "tampoco hay pruebas, ni indicios suficientes, de que la actuación de algunos de los funcionarios imputados tuviera por finalidad desviar la investigación por caminos distintos a los que se siguieron", por todo lo cual pide el archivo de la causa sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en que hubieran podido incurrir los imputados.

Según el fiscal, la cuestión a resolver es, "si una vez que les constaba que había sido sustraída la droga, no lo comunicaron a la autoridad judicial y, además, trataron de impedir que este hecho trascendiera tratando de ocultar alguna prueba", pero pone de manifiesto que, "si bien en un principio hubo sospechas y algún indicio de que así podía haber ocurrido, lo cierto es que finalmente, agotadas todas las vías de investigación, no puede afirmarse que haya motivos suficientemente razonables para mantener una acusación".

El fiscal aprovecha para advertir de que, a través de la investigación llevada a cabo, se han puesto de manifiesto las "deficiencias" del lugar donde se almacenaba y custodiaba la droga intervenida por la Policía, "no sólo por las dificultades de almacenamiento que presentaba tal lugar, sino por los escasos medios de seguridad que tenía", una situación que, "en su caso, podrá dar lugar a una responsabilidad administrativa pero no de carácter penal".

Pues bien, la Fiscalía relata que fue el 23 de mayo de 2008 cuando solicitó al Juzgado instructor que se practicara un segundo análisis de la droga intervenida en febrero por parte del Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, de modo que, el 26 de mayo, la juez contactó telefónicamente con el jefe del grupo II de la Udyco, José R., al objeto de comprobar si ya se había destruido la droga, comunicando el imputado que no había sido destruida y que se encontraba en sus dependencias.

Tras ello, la juez Ana Escribano le dio orden de que no se destruyera sino que se remitiera a la Subdelegación para realizar el referido segundo análisis, y así fue el 5 de junio de 2008 cuando el imputado, acompañado por un compañero, llevó la droga al Área de Sanidad de la Subdelegación, pero al abrir el paquete que debía contener la droga –cocaína–, se pudo comprobar que sólo había cinco paquetes, cuando debían ser seis, y el aspecto y el color de los mismos no era el mismo de la droga que había sido intervenida.

En ese momento "fue cuando empiezan a sospechar que podía haber habido algún error", tras lo cual, concretamente el 5 de junio, el jefe del Grupo II llamó por teléfono al Juzgado para solicitar autorización para la destrucción del alijo, lo que, según el fiscal, "pudiera ser un indicio de que quería hacer desaparecer la prueba de que la cocaína había sido sustituida por otra sustancia, pero tal indicio no tiene suficiente consistencia para mantener una acusación".

Según el fiscal, el responsable del Grupo II de la Udyco "da una explicación de su forma de actuar, achacando a los nervios del momento el no haberse expresado con perfecta claridad –pues acababan de descubrir que el paquete que llevaron a Sanidad no contenía lo que debía ser–, ya que realmente la destrucción que solicitaba era la del verdadero alijo que creía que podría ser localizado en el depósito, y trasladarlo a Sanidad para el nuevo análisis".

Después de confirmar que la sustancia que había en el depósito no era cocaína, comenzaron una serie de gestiones "para averiguar si se había producido algún error en la cadena de custodia o en el almacenaje de la sustancia intervenida", y a tal fin se reunieron el 11 de junio de 2008 los responsables de los distintos grupos de la Udyco y otros funcionarios de la Policía Científica.

No obstante, y tras comprobar que no hubo ningún error ni en la toma de muestras ni en la recogida y traslado de la droga al depósito, ni tampoco en el lugar de almacenaje, el 12 de junio el que fuera jefe de la Udyco y el jefe del Grupo II se personaron en el Juzgado "para poner en su conocimiento que, al abrir las cajas que debían contener la droga a la que se iba a practicar un segundo análisis, se percataron de que no se trataba de la misma sustancia y que podía haber sido sustituida en las dependencias de la Udyco".

El fiscal Alfonso Demetrio Sánchez considera que "el tiempo transcurrido desde que los funcionarios tienen la certeza de que no ha habido un error en el almacenaje de la droga hasta la comunicación al juzgado del hecho de la desaparición de la droga no puede considerarse excesivo si se tiene en cuenta la actuación que realizaron para averiguar lo ocurrido".

Tras las "oportunas" averiguaciones, se pudo concretar que para llegar al antiguo calabozo donde se almacenaba la droga era necesario disponer de cuatro llaves, dos de las cuales –la de entrada a la zona donde se ubicaban los calabozos y la de la puerta del calabozo– "estaban a disposición de múltiples personas –no sólo de miembros de la Udyco–", mientras que las dos restantes eran las correspondientes a dos candados con los que "se aseguraba las dos últimas puertas de entrada al calabozo".

 Tras aseverar que el juego completo de llaves sólo lo tenía el entonces jefe de la Udyco, el fiscal indica que en el interior de una de las cerraduras de acceso a la zona se encontró un pequeño trozo de cinta de embalar, aunque "no se ha podido acreditar quién la puso allí, ni con qué finalidad, pues no ha quedado suficientemente probado que aquel pequeño trozo impidiera el funcionamiento de la cerradura, de la que existía más de una llave".

"En definitiva, no se ha llegado a ninguna conclusión fiable en relación con estos hechos, pues no se ha aclarado quién pudo poner el trozo de cinta –que pudo ser colocado con la puerta abierta o cerrada–, y tampoco se ha concretado cuándo fue colocado, ni que realmente esa supuesta manipulación impidiera el juego de la llave", añade el fiscal, que "tampoco es suficiente indicio" el hallazgo de los perfiles genéticos de los imputados entre los paquetes almacenados, pues "también aparecieron otros perfiles de otras personas que teóricamente no debían haber tocado tales paquetes".

Así, la Fiscalía pide el archivo de las actuaciones contra los responsables policiales, pues "de todo lo actuado no resultan motivos suficientes para estimar justificada la perpetración de un delito de omisión del deber de perseguir delitos". Hay que recordar que, en junio de 2011, la Audiencia Provincial absolvió al exjefe de la Udyco de otro delito de omisión del deber de perseguir delitos al no perseguir y favorecer el tráfico de drogas por parte del clan de los 'Barriga'.

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