domingo, 15 de enero de 2012

Las cárceles olvidadas

El Ministro de Interior ha modificado la estructura administrativa y los nombres propios del ministerio de forma radical, y lo presume, pero en Instituciones penitenciarias no ha habido cambios, a lo peor un regreso a tiempos pretéritos. En la mayoría de los países civilizados la pena de privación de libertad es un recurso cualificado para la administración de justicia, en España también, pero con demasiados condicionamientos. La cárcel, por mandato constitucional ha de procurar la reeducación y reinserción social de los condenados. Así lo reconoce La ley penitenciaria, vigente desde 1979, es la primera Ley Orgánica del periodo constitucional, además fue aprobada por unanimidad, sin embargo, desde 1996 cuando nos ubicaron a los penitenciarios en el Ministerio del Interior, parece olvidada por las urgencias que impone la realidad política; olvido consciente y mantenido en el tiempo, que pervierte el sentido último de las penas privativas de libertad y del sistema penitenciario en general.
Los profesionales que trabajamos en las cárceles somos personal de la Administración Civil del Estado, nuestra función es muy distinta a la política de seguridad y orden público que tan dignamente llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nuestra labor es más discreta, aunque no menos ambiciosa, trabajamos con personas, con los internos y sus familias, intentando descubrir y potenciar las capacidades que tiene cada penado, para llevar una vida honrada cuando alcance la libertad. Estamos fiscalizados directamente por el Juez de Vigilancia Penitenciaria y por los Tribunales competentes en las causas abiertas a los internos, deberíamos volver al Ministerio de Justicia; desde allí resultó siempre más fácil asumir el reto de la reinserción social de los condenados, por muy aberrantes que hayan sido los delitos cometidos.
20 minutos.es 

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