EL GOBIERNO sigue adelante en su voluntad de exigir responsabilidades
penales a los gestores públicos que despilfarren el dinero. La
vicepresidenta anunció que el Ejecutivo aprobará una Ley de
transparencia con esa finalidad, si bien matizó -en contra de algunas
interpretaciones- que no se trata de llevar a nadie a la cárcel, sino de
establecer unas líneas rojas en materia de control del déficit que los
gobernantes no podrán traspasar a riesgo de ser inhabilitados. Para ello
se modificará el Código Penal, un texto legal que ya contiene delitos
relacionados con la malversación de fondos públicos. Naturalmente, la
ley no tendrá efectos retroactivos, pero si estuviera en vigor, la
portavoz del Gobierno aclaró que podría aplicarse a los responsables del
Gobierno andaluz en el caso de los ERE fraudulentos. Nadie puede negar
la necesidad de exigir responsabilidades por el uso del dinero público,
aunque habrá que esperar a los detalles concretos de la ley para saber
si será una reforma de calado o no
El Código Penal inhabilitará a políticos despilfarradores
El
Gobierno introducirá en la Ley de Transparencia los límites que no
podrán sobrepasar los políticos en su gestión / Si los incumplen, no
volverán a ejercer
El
Gobierno, obsesionado en cumplir y hacer cumplir la máxima de no gastar
más de lo que se tiene y comprometerse estrictamente con el equilibrio y
la sostenibilidad de las cuentas, prepara ya un régimen de sanciones,
que puede llegar al nivel penal, para los gestores públicos que
incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria incurriendo en
déficits excesivos.
En este marco, el Ejecutivo quiere introducir incluso la posibilidad de inhabilitación para aquellos cargos políticos que cometan graves incumplimientos en sus obligaciones económicas.
Las líneas rojas que no podrán sobrepasarse en la gestión de las cuentas públicas quedarán establecidas en la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno que presentará en los próximos meses la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en su calidad de ministra de la Presidencia.
En este texto se determinará el abanico preciso de obligaciones legales a las que deben atenerse los gestores públicos en el desempeño de la labor económica que tienen encomendada y, posteriormente, se endurecerá el régimen de infracciones y sanciones que ya se contempla en el ámbito administrativo y contable, y se procederá, además, a la reforma del Código Penal, en el que se incluirá el castigo a exigir para los casos extremos.
Ayer, la vicepresidenta del Gobierno precisó que las sanciones penales a los malos gestores podrían conllevar, cuando exista gran culpa, penas de prisión, pero también añadió que se contemplarán otras como son las inhabilitaciones para ejercer cargo público. Estas últimas son las que afectarán esencialmente a los cargos políticos.
En palabras de Sáenz de Santamaría, primero se establecerá una «base amplia de obligaciones legales» y después «se revisará el régimen de infracciones y sanciones ya existente» a fin de «establecer para los casos más graves, de dolo acreditado o gran culpa, una respuesta penal».
¿Qué entiende el Gobierno por respuesta penal? Según la vicepresidenta, no debe interpretarse automáticamente como una pena de prisión. «Hay gran variedad de penas», explicó ayer, «y algunas muy adecuadas para este tipo de delitos, como es por ejemplo la inhabilitación para el desempeño de un cargo público».
Las líneas maestras de la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno serán desveladas por Sáenz de Santamaría el próximo martes en la que será su primera comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
Fuentes gubernamentales precisan que la norma fundamental que deben cumplir los gestores públicos será el límite de déficit y deuda que se establecerá en la ley de Estabilidad Presupuestaria. A partir del mismo, la ley de Transparencia fijará obligaciones muy precisas y concretas en base a las cuales se procederá a aprobar el correspondiente régimen sancionador. Las modificaciones que afecten al Código penal requerirán de una ley orgánica.
En cualquier caso, las nuevas sanciones y penas que se aprueben no podrán ser aplicadas con carácter retroactivo, como había sugerido el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.
Ayer, la vicepresidenta se encargó de precisar esta cuestión: «No se puede sancionar una conducta si no hay una ley que dice que esa obligación existe para los gestores». Con esta puntualización se zanja la discusión acerca de la posibilidad de castigar a los dirigentes políticos que han disparado el gasto de sus respectivas administraciones.
La número dos del Gobierno quiso además poner en valor el «apoyo total» que dieron los consejeros autonómicos reunidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a los objetivos clave de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria que el Ejecutivo aprobará en la primera quincena de febrero. «Hay un compromiso firme y unánime con la estabilidad de las cuentas públicas».
En este contexto, Sáenz de Santamaría matizó las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al Financial Times Deutschland, recalcando que el Gobierno mantiene «la voluntad y la firme determinación» de cumplir con el objetivo de consolidación fiscal establecido para este año y que implica reducir el déficit hasta el 4,4% del PIB.
En este marco, el Ejecutivo quiere introducir incluso la posibilidad de inhabilitación para aquellos cargos políticos que cometan graves incumplimientos en sus obligaciones económicas.
Las líneas rojas que no podrán sobrepasarse en la gestión de las cuentas públicas quedarán establecidas en la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno que presentará en los próximos meses la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en su calidad de ministra de la Presidencia.
En este texto se determinará el abanico preciso de obligaciones legales a las que deben atenerse los gestores públicos en el desempeño de la labor económica que tienen encomendada y, posteriormente, se endurecerá el régimen de infracciones y sanciones que ya se contempla en el ámbito administrativo y contable, y se procederá, además, a la reforma del Código Penal, en el que se incluirá el castigo a exigir para los casos extremos.
Ayer, la vicepresidenta del Gobierno precisó que las sanciones penales a los malos gestores podrían conllevar, cuando exista gran culpa, penas de prisión, pero también añadió que se contemplarán otras como son las inhabilitaciones para ejercer cargo público. Estas últimas son las que afectarán esencialmente a los cargos políticos.
En palabras de Sáenz de Santamaría, primero se establecerá una «base amplia de obligaciones legales» y después «se revisará el régimen de infracciones y sanciones ya existente» a fin de «establecer para los casos más graves, de dolo acreditado o gran culpa, una respuesta penal».
¿Qué entiende el Gobierno por respuesta penal? Según la vicepresidenta, no debe interpretarse automáticamente como una pena de prisión. «Hay gran variedad de penas», explicó ayer, «y algunas muy adecuadas para este tipo de delitos, como es por ejemplo la inhabilitación para el desempeño de un cargo público».
Las líneas maestras de la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno serán desveladas por Sáenz de Santamaría el próximo martes en la que será su primera comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
Fuentes gubernamentales precisan que la norma fundamental que deben cumplir los gestores públicos será el límite de déficit y deuda que se establecerá en la ley de Estabilidad Presupuestaria. A partir del mismo, la ley de Transparencia fijará obligaciones muy precisas y concretas en base a las cuales se procederá a aprobar el correspondiente régimen sancionador. Las modificaciones que afecten al Código penal requerirán de una ley orgánica.
En cualquier caso, las nuevas sanciones y penas que se aprueben no podrán ser aplicadas con carácter retroactivo, como había sugerido el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.
Ayer, la vicepresidenta se encargó de precisar esta cuestión: «No se puede sancionar una conducta si no hay una ley que dice que esa obligación existe para los gestores». Con esta puntualización se zanja la discusión acerca de la posibilidad de castigar a los dirigentes políticos que han disparado el gasto de sus respectivas administraciones.
La número dos del Gobierno quiso además poner en valor el «apoyo total» que dieron los consejeros autonómicos reunidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a los objetivos clave de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria que el Ejecutivo aprobará en la primera quincena de febrero. «Hay un compromiso firme y unánime con la estabilidad de las cuentas públicas».
En este contexto, Sáenz de Santamaría matizó las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al Financial Times Deutschland, recalcando que el Gobierno mantiene «la voluntad y la firme determinación» de cumplir con el objetivo de consolidación fiscal establecido para este año y que implica reducir el déficit hasta el 4,4% del PIB.
epsimo y EL MUNDO
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