Ser funcionario ya no es suficiente para conseguir una hipoteca

Ya no son un colectivo ultra-seguro como antaño, por lo que la mayoría de los bancos han ido eliminando los acuerdos con ellos.

La estabilidad laboral de los funcionarios les ha convertido históricamente en un colectivo de máxima seguridad a la hora de hacer frente a sus compromisos crediticios con la banca española.

Este buen comportamiento de pago era recompensado por los bancos a dos niveles: por un lado, se concedían hipotecas por encima del 100% del valor de tasación e incluso préstamos personales adicionales a los ya de por sí cargados préstamos hipotecarios. Por otro, estos préstamos solían tener condiciones ventajosas también a nivel de comisiones, bonificándose a los funcionarios por encima del resto.

Pero ahora, la crisis ya no hace distinciones y los privilegios que han venido disfrutando los funcionarios están desapareciendo: la reducción de los sueldos, las recientes acciones puntuales de renuncia a pagas extras y la no renovación de los contratos de funcionarios interinos ha restringido el universo del colectivo "funcionarios sin riesgos" a los ojos de los departamentos de los bancos, según informa Idealista.com.

Aunque algunas entidades financieras aún mantienen precios especiales para ellos, lo cierto es que ya no son un colectivo ultra-seguro como antaño, por lo que la mayoría de los bancos han ido eliminando los acuerdos con ellos, fruto de la presión sobre los márgenes del negocio.

La época de bonanza y el trato preferente trajo como consecuencia que estos clientes aprovechasen la barra libre para endeudarse por encima de los niveles recomendables, lo que unido a las expectativas de caídas adicionales del valor de la vivienda hacen que los bancos se tornen más conservadores a la hora de calcular el importe de la hipoteca a conceder.

El miedo a encontrarse en una situación de negative equity (cuando el montante de la hipoteca es superior al valor del piso) y la necesidad de computar todos los préstamos y las cuotas mensuales en el cálculo de la capacidad de pago, lleva a exigir a los funcionarios desembolsos iniciales cuando van a comprarse una casa que antes no se producían.

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