LAS INJUSTIFICABLES indemnizaciones que han recibido directivos de cajas de ahorros que han tenido que ser nacionalizadas -hoy publicamos que una decena de directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se aseguraron un sueldo vitalicio de hasta 360.000 euros anuales cada uno- han puesto en entredicho la labor supervisora del Banco de España. La opinión pública se escandaliza con razón de que directivos que llevaron a esas entidades a la quiebra se retiren con cientos de miles de euros en el bolsillo tras un saneamiento costeado por los españoles.

Hay que dejar claro que el responsable directo de estos desmanes es el consejo de administración de cada entidad, cuya comisión de retribuciones nunca debería haber aprobado tales pagos en una caja con dificultades financieras. Y no hay que olvidar que hasta la reciente reestructuración del sector, en los consejos de administración de las cajas se han sentado, entre otros, representantes de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos Y DE LOS SINDICATOS , que lamentablemente han mirado para otro lado y no han cumplido con su labor de control de los gestores. Pero precisamente porque los órganos de administración han estado trufados de políticos, debía haber sido obligación del Banco de España extremar su trabajo de supervisión.

Por eso, inmediatamente después hay que apuntar la exigencia de responsabilidades hacia quien tiene confiada por ley la labor de supervisión de las entidades financieras en España. En el caso de la CAM, es inconcebible que conociendo a la perfección la precaria situación contable de la entidad, porque ha tenido inspectores in situ durante meses, no se obligara a modificar previamente la política de pagos a los directivos.

La crisis de nuestro sector financiero ha puesto de manifiesto que el PSOE hizo un flaco favor al país cuando decidió romper el tradicional consenso con la oposición y nombró a un político socialista como Miguel Ángel Fernández Ordóñez -hasta entonces secretario de Estado de Hacienda- para dirigir el Banco de España, en lugar de un economista de prestigio e independiente como había sido habitual. Así, una entidad que se supo sobreponer a la crisis del caso Ibercorp protagonizada por Mariano Rubio y que pilotó con maestría el paso de la peseta al euro de la mano de Luis Ángel Rojo y de Jaime Caruana, se ha visto salpicada con acusaciones de parcialidad y de mala gestión.

Quizá el Banco de España necesite más poderes para realizar con presteza su labor de supervisión, como ha propuesto el PP, pero es urgente que, antes, Fernández Ordóñez dé explicaciones de su labor de control del sector en estos últimos años, sobre todo, en relación a las cajas. Y después habrá que evitar por ley que un político vuelva a dirigir este organismo clave para la estabilidad de la economía española.

Pepe Corleone, alias "el Blanco", oculta que el Gobierno pudo supervisar las ayudas a Dorribo

Dice que el Ejecutivo no dio fondos a la trama de la 'operación Campeón' obviando su capacidad de fiscalizar las de la Xunta y que Fomento adjudicó un contrato a una de las implicadas

El ministro de Fomento, José Blanco, afirmó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «las empresas de las que se habla en la operación Campeón» no han recibido «ninguna ayuda por parte del Gobierno de España».
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Hacienda tiene capacidad de inspección, control y supervisión sobre las dos subvenciones, de al menos 2,4 millones de euros, destinadas a la empresa Laboratorios Nupel (propiedad de Jorge Dorribo) entre 2009 y 2011. Y, además, el Ministerio de Fomento adjudicó un contrato de 920.885 euros en agosto de 2010 a la empresa Proitec Ingenieros, cuyo dueño (Javier Rodríguez) está también imputado en la llamada operación Campeón por la juez Estela San José.
Hasta 2009, Nupel apenas había recibido ayudas con fondos Feder, controladas por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Según puede comprobarse en la información que el propio Ministerio de Hacienda facilita a través de internet, la Dirección General de Fondos Comunitarios (dependiente de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos) refleja en 2009, con cargo a los fondos Feder, un total de 1.453.883 euros en ayudas al fomento de la innovación empresarial para Laboratorios Nupel.
Posteriormente, en 2011, la citada dirección general también refleja que dio luz verde a otra ayuda de 992.942 euros a la misma empresa como subvención a la ampliación de su laboratorios en Lugo.
La ayuda de 1,4 millones de euros se concedió por parte de la Dirección General de I+D+i, dependiente de la Consejería de Industria de la Xunta (cuando la ocupaba el dimitido Fernando Blanco, del BNG). La última se tramitó a través del Igape (Instituto Gallego de Promoción Económica) y la concesión formal de la misma se comunicó el pasado 18 de marzo.
Según fuentes oficiales, aunque las ayudas sean concedidas por una comunidad autónoma (como es el caso), el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, tiene la capacidad de inspección, control y supervisión sobre las mismas.
Por tanto, el ministro obvió que, aunque el Ejecutivo no haya dado ayudas directamente a Nupel, sí ha tenido capacidad para controlarlas e inspeccionarlas.
Según fuentes cercanas a la investigación, el Ministerio de Economía y Hacienda no ha hecho uso de esa capacidad de inspección a pesar de que el escándalo de Nupel salió a la luz el pasado mes de mayo.
Por otra parte, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes solventes, el Ministerio de Hacienda también habría accedido a conceder la ayuda solicitada el 28 de febrero por Nupel a la Dirección General de Fondos Comunitarios, dentro del Programa de Incentivos Regionales, por 467.267 euros.
Según las mismas fuentes, esa ayuda, que representa el 50% de la otorgada por el Igape, se concede de forma casi automática por parte del Ministerio de Economía y Hacienda.
Sin embargo, Hacienda, a través de una nota difundida el pasado 5 de octubre, afirmó que dicha solicitud había sido denegada por una orden ministerial el pasado 11 de julio.
Lo que en realidad ha ocurrido, según las fuentes consultadas, es que el abono de las ayudas concedidas en 2011, tanto las solicitadas directamente ante el Ministerio de Economía y Hacienda como las tramitadas a partir del Igape, se paralizó tras la detención de Jorge Dorribo en el marco de la operación Campeón, que se desarrolló en mayo.
La decisión de no abonar las ayudas del Igape la adoptó directamente la Consejería de Hacienda de la Xunta.
Según ha podido saber EL MUNDO, los abogados de Nupel, ahora en concurso de acreedores, con la autorización de los administradores judiciales, presentarán la semana próxima un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial del 11 de julio en la que el Ministerio denegaba las ayudas de 467.267 euros a la empresa.
Según las mismas fuentes, los servicios de inspección de la Xunta habrían confirmado que el expediente de solicitud reúne todos los requisitos para la concesión de la citada ayuda. La razón que adujo el Ministerio de Economía y Hacienda para rechazar la subvención es que «la cuantía de la inversión subvencionable no es significativa en relación a su inmovilizado material».

epsimo y EL MUNDO__________________

La ambiciosa ‘señora de la CAM’
María Dolores Amorós, que intentó blindarse con una pensión vitalicia de 370.000 euros, siempre evitó relacionarse con sus subordinados
EN TOTAL, 45 MILLONES EN DÁDIVAS:
La cúpula de la CAM se garantizó una pensión de 360.000 euros anuales
Entre los finiquitos, seguros de pensiones y prejubilaciones, la caja se gastó 45 millones de euros en blindar a sus principales directivos.

Derroche socialista:

Zapatero se despide regalando 5,2 millones de euros para la Memoria Histórica
Las centrales de Méndez y Toxo también se nutren de las ayudas ‘revisionistas’ de Zapatero.
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