El nuevo centro penitenciario Las Palmas 2 se encuentra a 42 kilómetros de la capital grancanaria, y esa es la distancia que deben recorrer la mayor arte de los 260 funcionarios de prisiones que trabajan en las instalaciones. Un trayecto que, a falta del transporte privado del que disponen el resto de sus compañeros en la Península, realizan en sus propios vehículos, lo que entraña un alto nivel de riesgo para todos ellos.
«Nosotros estamos en el punto de mira de las bandas armadas y de la delincuencia común. Eso justifica la existencia de ese transporte privado del que aquí, ahora mismo, carecemos», señala Jesús Fernández, presidente de la Unión Provincial del CSIF de funcionarios de prisiones. «Siempre lo había habido, porque mucha gente te puede reconocer y, de hecho, algunos de mis compañeros ya han tenido problemas con internos que han salido de prisión, les han visto por la calle y les han amenazado e incluso, agredido. Nuestra seguridad no está garantizada en absoluto».
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