LA DIMISIÓN de Zu Guttenberg, estrella del Gobierno de Merkel, demuestra que en el ejercicio de la actividad pública existen, más allá de las consecuencias judiciales que se deriven de las faltas cometidas, responsabilidades políticas que hay que asumir. Lamentablemente, esa regla de oro que trata de preservar el principio de ejemplaridad, viene incumpliéndose de forma reiterada en España. El ministro de Defensa alemán ha abandonado tras comprobarse que había plagiado algunos capítulos de su tesis doctoral. Era el ministro mejor valorado de Alemania y estaba llamado a ser el sucesor de Merkel. Aunque la canciller se había resistido a prescindir de él, las peticiones de dimisión arreciaron en su propio partido y otro ministro había afirmado que el caso le «avergonzaba». Nada que ver con lo que ocurre aquí, donde los políticos siempre están dispuestos a tapar al compañero y nadie osa llevar la contraria al líder. Si Zu Guttenberg ha tenido que irse a casa, ¿cuánto habrían durado en Alemania los Chaves, Griñán y compañía? En esto, Alemania también es un espejo en el que mirarse.
Dos concuñados del delegado de Empleo se 'colaron' en sendos ERE
El marido de una edil y un militante socialista se suman también a los falsos prejubilados
La Junta de Andalucía prejubiló con cargo al «fondo de reptiles» a dos concuñados del entonces delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y al marido de la concejal y dirigente del PSOE de Camas Concepción Ávila. A estos tres nuevos intrusos y a un destacado militante socialista del municipio les proporcionó una renta mensual como ex trabajadores de empresas a las que nunca pertenecieron.
Rivas, alcalde de la localidad sevillana de Camas de 1991 a 2000 y delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla de 2000 a 2010, dimitió el pasado domingo de sus cargos en el PSOE -secretario general en Camas y miembro de la Ejecutiva provincial- después de que EL MUNDO desvelara que el dirigente socialista de la localidad José Antonio García Prieto estaba entre los intrusos de un expedientes de regulación de empleo (ERE) pagado con dinero público.
Este periódico ha podido confirmar en fuentes de toda solvencia que José A. L. y José Antonio M. S., casados con sendas hermanas de la mujer de Antonio Rivas, y ambos vecinos de Camas, están prejubilados de las empresas Intersur y Surcolor, respectivamente, en las que nunca trabajaron. Además de ellos, está prejubilado como trabajador de Surcolor Juan Manuel L. E., marido de la delegada de Cultura, Fiestas Mayores y Participación del Ayuntamiento de Camas, Concepción Ávila, que también pertenece a la dirección del PSOE local como secretaria de Igualdad.
Finalmente, Ricardo M. B., vecino de Camas y destacado militante socialista, figura como intruso en el ERE de la sociedad Intersur, la misma en la que se incluyó a uno de los concuñados de Rivas y al dirigente socialista local García Prieto. Ricardo M. B. es, según distintas fuentes, algunas de ellas del propio PSOE, quien normalmente sale a la calle con su vehículo particular y la megafonía para anunciar los mítines y actos del Partido Socialista.
Los ERE de Intersur, una empresa textil de Morón de la Frontera ya extinguida, y Surcolor, un laboratorio fotográfico de Sevilla, fueron tramitados por la consultora Vitalia Vida, uno de los brokers a los que la Policía Judicial atribuye una «participación activa» en la «trama de los mediadores» de las prejubilaciones.
Como viene informando este periódico, la Junta de Andalucía ha utilizado entre los años 2000 y 2010 unos 700 millones de euros para pagar prejubilaciones en empresas de manera ilegal.
Con cargo a ese fondo hay al menos 47 falsos prejubilados en 16 empresas de Andalucía que recibieron dinero público para reestructurar sus plantillas.
Chaves se «prejubila» en Madrid
Poco más puede hacer el PP con cada nueva revelación sobre el escándalo de los ERE en Andalucía que insistir en el cerco político a su ex presidente Manuel Chaves. Un cerco algo liviano en semanas de pleno en el Congreso, a la luz de las incomparecencias del vicepresidente tercero, y apenas declarativo en las que, como la presente, ni siquiera hay actividad parlamentaria.
Ayer, el día en que se conoció que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández figura como cotizante desde que nació, los 'populares' se aprestaron a anunciar para el próximo miércoles la correspondiente petición de explicaciones durante la sesión de control. Horas antes de que el Gobierno trasladara su habitual parte de ausencias -en el que por esta vez sólo figuraba la ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia-, la portavoz 'popular', Soraya Sáenz de Santamaría, reclamaba a Manuel Chaves que responda del nombramiento que hizo en su día del consejero ahora implicado.
Para Sáenz de Santamaría, el vicepresidente «trata de escaquearse» de la sesión de control al Ejecutivo miércoles tras miércoles, ante «escándalos muy graves» como el 'caso Matsa', que le afecta familiarmente, y el caso de los ERE, que afecta su gestión en la Junta de Andalucía.
Además, con tanta carga política como ironía, la portavoz acusó al vicepresidente de que «haya venido a prejubilarse a la Vicepresidencia tercera del Gobierno».
La 'popular', que anunció para el próximo Pleno una proposición no de ley que incluye un paquete de 25 medidas de reforma del régimen de los entes locales, reprochó a Chaves su total falta de iniciativas en este sentido.
epsimo y EL MUNDO________________________
Chaves dice que «solo hay cuatro o cinco del PSOE implicados en el EREgate»
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