Situaciones como el incendio que dejó hoy 81 reos muertos en Chile o los diversos motines en las cárceles latinoamericanas dejan al descubierto el drama que se vive tras las rejas: sobrepoblación, falta de inversión pública y traspaso del delito que termina en reincidencia. "El sistema está en crisis en prácticamente todos los países de América Latina", ha advertido Lucía Dammert, coautora con Liza Zúñiga de un informe de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) titulado "La prisión: problemas y desafíos para las Américas", realizado en 2008 con aportes de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El penal chileno donde comenzó el incendio, que terminó con por ahora 81 muertos, estaba construido para 700 personas y albergaba cerca de 1.900 internos, lo que hizo aún más difícil el trabajo de evacuación de los internos que podían verse afectados con el siniestro.
Y es que la situación carcelaria en Chile se ha agravado desde 2005, cuando comenzó a funcionar la Reforma Procesal Penal y las sentencias aumentaron la cantidad de reos de 35.000 a 55.000 superando en un 160 por ciento la sobrepoblación, según datos oficiales.
Este no es un panorama exclusivo, ya que en Brasil la sobrepoblación alcanza el 99 por ciento, mientras que en México y Argentina llega al 33 por ciento, según el informe de Flacso.
El hacinamiento conlleva diversas situaciones que agravan la estadía de los reos en las cárceles latinoamericanas y aumenta el trabajo de quienes se hacen cargo del orden en los penales.
De hecho, en términos generales, por cada 5 a diez reos hay un sólo funcionario que de debe encargarse de separar a las bandas rivales que se generan dentro de las cárceles, evitar motines e intentos de fuga.
Ese mismo grupo debe convivir y combatir con las verdaderas mafias que crean los criminales más avezados, como sucede en México donde los jefes de los cárteles de droga son dueños y señores de las cárceles en las que residen, como han reconocido expertos de ese país.
"Es imperioso aumentar el número de funcionarios porque trabajan en inferioridad numérica que pone en riesgo la seguridad de los recintos. Debe mejorarse la formación de los trabajadores (...) para evitar la corrupción y los abusos", reza el informe de Flacso.
Además, las condiciones sanitaria de estos recintos son mínimas y no se hacen distinciones entre los reclusos condenados y los que esperan por proceso.
El abuso de la prisión preventiva permite que se traspasen técnicas delictivas, convirtiendo a las cárceles latinoamericanas en especies de universidades del delito.
Las construcciones de cárceles nuevas, que reemplacen las antiguas arquitecturas que datan incluso desde el siglo XIX no han ido de la mano con el cierre de las instituciones que no presentan modernización alguna.
Ante este panorama, diversos expertos aspiran a que el gasto penitenciario sea considerado dentro de las políticas gubernamentales como parte del respeto de los Derechos Humanos de los reos.
La recomendación es adoptar medidas alternativas para quienes cumplan condenas de baja penalidad con trabajos comunitarios y el brazalete electrónico, de manera de descongestionar la población carcelaria y evitar el contagio criminal para que exista una posibilidad de rehabilitación que hoy se ve escasa.
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