EL pasado 29 de septiembre, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, envió una carta a un diario para desmentir unas declaraciones de José Amedo. El vicepresidente negaba haber participado hace años en una reunión con el abogado del ex subcomisario de los GAL. Para dar contundencia a su desmentido, Rubalcaba acudía a su habitual dureza lingüística: “No conozco al abogado del señor Amedo. Tampoco al propio Amedo. En este último caso es relativamente fácil de entender: no me relaciono con delincuentes”.
Las duras palabras del ministro, quien a menudo se deja traicionar por la soberbia y la prepotencia, fueron inmediatamente contestadas por el ex funcionario de Policía. Amedo se presentó, al día siguiente, en la comisaría de Pozuelo de Alarcón y les dijo a los policías que estaban de guardia que quería denunciar al ministro del Interior por las injurias vertidas contra su persona. Imagínense la cara que pondrían aquellos guardias: ¡una denuncia contra el jefe supremo! Pero no tuvieron más remedio que redactar el atestado número 13.604. Amedo se quejaba en su escrito por el calificativo “delincuente” utilizado contra él por el ministro del Interior. Señalaba que, en todo caso, sería “ex delincuente”, porque su pena se había extinguido en 2008.
Pero el policía se explayó en el antepenúltimo párrafo de la denuncia: “Quiere dejar claro que cuando el denunciante ha cometido determinados delitos en la lucha contra el terrorismo de ETA fue como consecuencia de las órdenes que el dicente ha recibido del Gobierno de Felipe González Márquez del que el señor Rubalcaba formaba parte, como así determinó el Tribunal Supremo de nuestro país”.
Y no le falta razón a Amedo. En el asunto de los GAL, el ex presidente y algunos de sus colaboradores interpretaron el papel del Capitán Araña, aquel personaje (Aranha) del siglo XVIII que embaucaba en los puertos de España a los jóvenes para que combatieran en América, pero él nunca se embarcaba. El Gobierno de González implicó a decenas de funcionarios en la guerra sucia contra ETA pero, cuando vinieron mal dadas, eludieron su responsabilidad y abandonaron a su suerte a los encausados. Muchos de ellos, como el propio Amedo, acabaron con sus huesos en la cárcel.
Es cierto que Rubalcaba, cuando los GAL secuestraron a Marey a finales de 1983 y posteriormente asesinaron a 27 personas e hirieron a muchas más, no formaba parte del Gobierno, pero sí ocupaba un cargo de responsabilidad en el área de Universidad y Educación. Pero, en 1988, cuando se abrió el caso Batxoki/Consolation (sumario 1/88) ya era secretario de Estado de Educación y, entre 1992 y 1993, alcanzó la cartera de Educación y Ciencia. De allí Felipe González se lo llevó a La Moncloa nombrándolo ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno. Estamos hablando del periodo 1993/96, los años más duros del felipismo, en los que se desató una sucia y dura campaña contra jueces, fiscales y periodistas para ocultar la corrupción y el crimen de Estado.
De ahí que el policía Amedo afirme que se convirtió en “delincuente” porque se lo pidió un Gobierno democrático presidido por González y del que formó parte, como director general, secretario de Estado, ministro o portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba. Nadie puede negar que Amedo fuera condenado a 108 años de cárcel por dos acciones terroristas de los GAL pero, por paradojas de la vida, aquel caso Batxoki/Consolation, como mantenía la semana pasada, no se ha cerrado. Sigue abierto en la Audiencia Nacional –si no lo prescribe la inanición judicial– y puede provocar muchas situaciones de infarto.
Ese Gobierno del que formó parte Rubalcaba llevó a cabo un sinfín de irregularidades, monstruosidades jurídicas, invectivas, intrigas, conjuraciones, conspiraciones, presiones y también extorsiones para que no se supiera la verdad sobre los GAL. A quienes nos oponíamos a que la guerra sucia quedara en el olvido nos sometieron a todo tipo de tropelías. Otros compañeros de la prensa iniciaron una cruzada para que no vieran la luz los papeles del Cesid –claves para la investigación judicial– argumentando que era documentos secretos y confidenciales que no podían ser desclasificados. Ahora, en cambio, se ponen las botas difundiendo los papeles de WikiLeaks, que tienen el mismo porte que los del Cesid. Sólo una diferencia: no afectan a los GAL y a Felipe González.
Rubalcaba, que en aquellos años del oprobio dirigía el Gabinete de crisis desde La Moncloa, prefiere que Amedo siga con la boca cerrada. Para lo que también lucharon algunos de sus compañeros de Gabinete, como el entonces ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch. He tenido acceso al contenido del documento que, el 1 de febrero de 1994, le remitió Amedo desde la prisión de Guadalajara. En él le narraba todos los incumplimientos del Gobierno y las maniobras de Garzón en su juzgado antes de abandonarlo para convertirse en el número dos de Felipe González. No tiene desperdicio. El entonces Notario Mayor del Reino –actual alcalde de Zaragoza– se tragó el papel, privando su contenido a los jueces que instruían causas sobre los GAL, tanto en España como en Francia.
La carta iba dirigida al mismo Belloch que unos años antes, en 1989, había firmado un duro manifiesto contra los GAL, elaborado por el Comité de Encuesta sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Europa (Cedri). El manifiesto denunciaba el terrorismo de Estado desarrollado desde el Gobierno de Felipe González y no tenía desperdicio: “Su cadena de crímenes, su impunidad y sus evidentes raíces en las más altas instancias del Estado descubren los cimientos enfermos de la democracia española y la verdadera credibilidad de sus instituciones y gobernantes”.
Pero la misiva de Amedo le llegaba a Belloch en el momento más dulce de su vida. Era ministro de Justicia y aspiraba a metas mayores. Resumo algunos de los párrafos de un documento que, en la actualidad, está en poder del presidente de la Audiencia Nacional y del fiscal general del Estado.
Espero que no suceda lo mismo que hace 16 años:
Cuando el caso que me mantiene en prisión saltó a la prensa y comenzó a judicializarse, D. José Barrionuevo, ministro del Interior, y D. Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado, me pidieron asumir el tema con el fin de garantizar la estabilidad del Estado... Corcuera y Vera nos rogaron después no complicar la continuidad de los aparatos del Estado, ni la del Gobierno apelando a nuestra responsabilidad. Nos garantizaron un indulto.
Una vez pactado nuestro silencio se decidió ir a juicio a no defendernos para proteger la continuidad del sistema.
Una vez confirmada la sentencia se nos ruega no recurrir al Constitucional para no retrasar el indulto. Picamos el anzuelo. Indudablemente, esa sentencia hubiese sido anulada por el TC o en Europa. Pero, inequívocamente, al quedarse sin los “cabezas de turco, Amedo y Domínguez”, la prensa hubiese continuado con el escándalo y se corría el riesgo de que se descubriese la verdad.
Recientemente he podido saber que usted, en conversación privada, ha dicho que “a nosotros no se nos ocurra hablar” y eso que es un recién llegado… Me imagino que no estaba al corriente de todas esas situaciones... Indudablemente, las puede comprobar y darse cuenta de nuestra dignidad en comparación con la de los demás… Nuestro silencio demuestra nítidamente la clase de personas que somos comparativamente con quien dirige el supuesto estado de Derecho.
Amedo le adelantaba al ministro que su esposa y la del otro policía, Míchel Domínguez, pensaban poner en conocimiento del Rey la situación que estaban atravesando. Finalmente, lo hizo él a través de una carta que le remitió al monarca el 18 de abril de 1994. Le decía que no estaba dispuesto a seguir manteniendo una farsa judicial y política: Tendré que legitimar mi postura personal y familiar situando política y judicialmente a quien pretende olvidar sus promesas… El señor Amedo no está dispuesto a consentir que le sigan manipulando. La abyección política no se seguirá interponiendo en mi honesto proceso y comportamiento con cuantas personas me han tratado durante estos largos años.
Como pueden leer, toda la línea argumentaria de Amedo gira en torno a su pacto con el Gobierno de Felipe González. Silencio a cambio del indulto y de otra promesa que no se desvela: una suculenta cuenta en Suiza con dinero de los fondos reservados que recompensara los daños económicos sufridos y que sirviera para mantener a su familia y rehacer su vida cuando saliera de la cárcel. ¿Y para qué un pacto? ¿Por la cara bonita del policía de Lugo? O porque se pretendía ocultar la implicación del Gobierno en los GAL.
Pero el acuerdo se hizo añicos cuando el Ejecutivo creyó que tenía controlado el caso GAL. Principalmente, cuando Garzón fue abducido por Felipe González antes de las elecciones de 1993 y por la complicidad de las más altas instancias de la Justicia. Además, La Moncloa disponía del mayor grupo mediático del país que le servía de altavoz. En aquellos años, al felipismo no sólo le importaba la defensa de la razón de Estado en la lucha antiterrorista, estaba más preocupado en perpetuarse en el poder. Para ello, no dudó en quebrar el sistema judicial e institucional del país. Me río del caballo de Pavía.
Por todo ello, me sorprenden las palabras de Rubalcaba llamando delincuente a Amedo. El subcomisario, como reconoce en su denuncia, fue condenado a 108 años de cárcel y pagó por sus delitos. El partido del Rubalcaba también pagó sus excesos cuando fue castigado en las urnas en las elecciones de 1996 y pasó a la oposición, pero los jefes supremos de los GAL jamás pisaron un juzgado ni se sentaron en el banquillo. No es mi cometido acusar ni condenar a nadie desde un periódico, sólo me resisto a que se escriba nuestra historia reciente con páginas en blanco o con borrones. Que se sepa la verdad política y judicial.
Y, sobre todo, que no saquen pecho quienes no merecen sacarlo. Amedo fue un delincuente cuando formó parte de los GAL, pero quienes impartieron las órdenes o después pretendieron encubrir con trampas y subterfugios las tramas de la guerra sucia fueron igual de delincuentes. No dispongo de una varita mágica ni de la lista de todos sus componentes, pero algún día se sabrá. Termino con una frase de Julio Anguita, el de la “pinza” con Aznar: “Algunos son personajes de Rinconete y Cortadillo, pero pretenden que los tratemos como del país de los Nibelungos”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario