- No hay distinciones entre etarras y otros internos, pues no son presos políticos
- O que los funcionarios inviten a los presos a mosquearse
Fuentes consultadas por este medio no descartan que una posibilidad es que sean los propios presos etarras los que provocan al resto de presos comunes, resultando finalmente peleas como la que se produjo a principios de semana en Puerto II. Pero también se baraja otra posibilidad, que sean algunos funcionarios concretos los que inviten a los presos a provocar peleas, pero es una teoría que se sostiene menos.
A pesar de todo, poco margen de maniobra tienen para actuar los funcionarios de prisiones en las tres cárceles portuenses, pues “no existe en el reglamento de prisiones ningún tipo de distinción entre presos comunes y presos etarras, y por tanto no se pueden separar”, indica José Juan Gámez, presidente autonómico de prisiones de CSIF. De hecho, indica que todos los presos son reconocidos como comunes, por lo que no hay un trato distintitivo con unos y con otros, como explican otros funcionarios.
Grado y peligrosidad
Lo único que diferencia a unos internos de otros es el hecho de que se les reconozca un grado distinto, primero, segundo y tercero, según su condena, o por su peligrosidad, pero siempre a título personal y no como miembros de ningún colectivo, en este caso la banda armada. Pero “como en España no existen presos políticos, no pueden separarse ni se han separado nunca del resto de presos”, indica Gámez.
Eso sí, los funcionarios de prisiones, aseguran, si ocurre un incidente en el que se infringe el reglamento de la prisión, se abre un expediente al preso que haya sido responsable del mismo, que a su vez puede conllevar un periodo de aislamiento, siempre temporal, por un tiempo concreto, que puede oscilar entre los diez, quince o veinte días, siempre dependiendo de la gravedad del mismo, pero nunca se hace una separación entre ellos y el resto de los presos, es decir, que no habitan en otros módulos distintos.
Por otro lado, desde el sindicato CSIF se apunta a que no hay muchas agresiones hacia los presos etarras, en ninguna de las tres cárceles en especial. De hecho, se podría decir que son mínimas si se comparan con el resto de conflictos violentos que se producen entre el resto de presos, más que nada porque los comunes no etarras son muchos más, y por tanto, hay más probabilidades de que surjan conflictos.
Además, parece ser que el origen de las peleas en muchas ocasiones son simples provocaciones de unos a otros, pero no están relacionadas con el origen del preso o su pertenencia a ninguna banda o grupo, como sería el caso de los etarras. Lo que sí preocupa a los funcionarios de prisiones es que el funcionamiento de las cárceles sólo se vea reflejado en noticias que muestran que hay peleas entre presos, cuando es tónica general que existan conflictos entre los internos, no dejando de ser una situación “común o normal” (dentro de las posibilidades de utilizar dicho adjetivo para una vida privada de libertad), que se puede dar en cualquier otro ambiente. Pero en estas ocasiones, los funcionarios de prisiones se ven atados de pies y manos, puesto que la falta de recursos humanos provoca que no siempre se puedan controlar todas las situaciones que se dan a lo largo y ancho de las dependencias de las cárceles portuenses. Por ello piden refuerzos, y que Instituciones Penitenciarias deje a un lado los recortes en cuestiones tan necesarias como la política de contratación, pues el personal es necesario para controlar las cárceles.
Lo que sí niegan categóricamente las fuentes consultadas es que dentro de las cárceles se lleven a cabo, por iniciativa propia de los funcionarios, diferenciación entre internos, en este caso, entre etarras y otros presos de índole distinta.
Puerto II acusa la falta de personal más que Puerto I y III
Los funcionarios aseguran que el centro penitenciarios que más acusa la falta de personal es Puerto II. Es donde más funcionarios de prisiones serían necesarios para controlar a los internos, pero con todo, parece ser que las directrices y la política de Instituciones Penitenciarias no es sino disminuir el número de plazas ofrecidas a los estudiantes de las oposiciones. Algunos funcionarios confirman que el problema es el recorte presupuestario que está ejerciendo la dirección penitenciaria, pero otros entienden que es que ya hay suficientes funcionarios de prisiones trabajando como para que se sigan ofertando tantas plazas para los centros penitenciarios. Pero la realidad es que con la situación actual no se puede garantizar el mismo estado de vigilancia que anteriormente, porque por cada funcionario de prisiones puede haber entre 60 y 80 internos, no permitiendo que haya calidad en las tareas que realizan de cara a garantizar dicha seguridad dentro de la prisión. Por ello, desde el sindicato CSIF argumentan que “la falta de funcionarios hace que se eviten menos agresiones, pero a nivel general”, no sólo las relacionadas con los temas vinculados a presos relacionados con ETA.
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Epidemia de muerte
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