POR DECISIÓN de la Audiencia Nacional, y
en contra del criterio de la Fiscalía, de los informes forenses y de
las peticiones de las víctimas, el etarra Uribetxeberria Bolinaga ha
quedado en libertad condicional. La sección primera de la Sala de lo
Penal tomó ayer su decisión sin que el auto se haya hecho público aún.
En su momento analizaremos los fundamentos jurídicos en los que la Sala
ha basado su decisión, y que resultan difíciles de prever, ya que los
últimos informes de la Fiscalía y la forense eran bastante concluyentes.
Pero sí debemos calificar el fallo como tremendamente decepcionante
para la fortaleza del Estado de Derecho, cuya defensa nos parece que ha
ejercido mucho mejor la Fiscalía que los jueces de la Audiencia. El
fiscal elevó sus alegaciones ayer mismo a la Sala, en las que mantenía
su oposición a la libertad del etarra. Según el informe, elaborado a
partir de la evolución clínica de Bolinaga en las últimas semanas, el
recluso no es un enfermo terminal. Hay que advertir que este es el punto
esencial del caso, ya que el Código Penal exige el arrepentimiento
-condición que no ha cumplido- para poner en libertad a un preso
enfermo, excepto si se encuentra en situación terminal.
Pues bien. Los médicos del Hospital de San Sebastián reconocen que el
paciente «ha empezado a mejorar» -día 8 de septiembre- y que pronto
notará los efectos positivos del tratamiento de radioterapia. En cuanto a
la pérdida de peso -47 kilos-, el informe forense señala que no se debe
a la enfermedad, sino a la huelga de hambre del recluso y añade: «No es
posible establecer, salvo interpretación tendenciosa e interesada que
ha existido empeoramiento del paciente que nos sitúe en inminente riesgo
de muerte». Por todo ello el fiscal concluye que Bolinaga puede ser
tratado en la cárcel, lo que «no atenta» contra los principios de
«dignidad y humanidad» alegados por el juez Castro en su auto e
implícitamente asumidos por el Gobierno para justificar la concesión del
tercer grado. El fiscal advierte al tribunal que no puede decidir
basándose «en un solo informe, el que más convenga», ya que la ley
establece que sólo es posible conceder la libertad condicional a un
recluso en estas circunstancias cuando haya coincidencia entre los
servicios médicos del centro penitenciario y los forenses.
La Fiscalía apunta a una de las claves de lo que ha devenido en un
auténtico escándalo, al decir que «no puede verse premiada» la huelga de
hambre, según expresó el Supremo en una sentencia referida a los Grapo.
Bolinaga y numerosos presos de ETA, Otegi entre ellos, llevaron a cabo
una huelga de hambre para exigir esta excarcelación y han logrado su
objetivo. El camino ha sido trazado por un procedimiento plagado de
anomalías, que ha supuesto todo un mazazo para las víctimas. Pero es
sobre todo la credibilidad del Gobierno la que ha quedado seriamente
tocada, al haber cometido el gran error que desembocará en la salida de
la cárcel del etarra que torturó salvajemente a Ortega Lara.
epsimo y EL MUNDO
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