La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de
Instituciones Penitenciarias, ha advertido este miércoles al Ministerio
del Interior que convocará movilizaciones si sigue adelante con su
pretensión de sustituir a funcionarios de prisiones por vigilantes de
empresas privadas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F),
sindicato mayoritario en el sector de Instituciones Penitenciarias, ha
advertido este miércoles al Ministerio del Interior que convocará
movilizaciones si sigue adelante con su pretensión de sustituir a
funcionarios de prisiones por vigilantes de empresas privadas.
Responsables de los sindicatos representativos en Instituciones
Penitenciarias mantendrán mañana una reunión para "estudiar posibles
medidas de presión" ante esta medida que, según CSI-F, "contraviene" la
Ley Orgánica General Penitenciaria (artículo 80), el Estatuto Básico del
Empleado Público (artículo 9.2) y el Reglamento Penitenciario (artículo
64).
En un comunicado, el sindicato explica que estas normas establecen,
entre otros aspectos, que los funcionarios penitenciarios son los
encargados de ejercer las funciones de la seguridad interior de las
cárceles, que los funcionarios penitenciarios deben tener la condición
de funcionarios públicos y que, en todo caso, para el ejercicio de estas
funciones, las prisiones deben contar con el personal necesario y
debidamente cualificado.
CSI-F considera que la medida que baraja Interior afectará a la
seguridad de los centros porque los vigilantes de seguridad carecen de
la formación técnica necesaria y situaciones de emergencia, como fugas o
incidentes, no tendrían la capacidad operativa para actuar. Asimismo,
este personal tampoco estaría capacitado legalmente para utilizar en
estos casos los medios coercitivos que contempla la Ley.
Este sindicato señala además que la sustitución de funcionarios de
prisiones por seguridad privada no solo no supondrá una reducción del
gasto, sino que puede incrementar los costes del servicio, al tiempo que
cree que pueden existir intereses económicos. En términos de empleo,
recuerda que durante dos años no se ha producido una oferta pública de
empleo en prisiones, "lo que ha provocado la infrautilización de algunos
centros" y "un déficit de personal estimado en 2.000 funcionarios".
(EUROPA PRESS)
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