La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) y la Confederación Española de Policía (CEP) mantuvieron hoy un encuentro institucional para analizar los efectos del decreto
con medidas de recorte en el sector público, y coordinar medidas de
presión al Gobierno para salvaguardar la calidad de los servicios a la
ciudadanía, y en concreto la seguridad ciudadana, así como las condiciones laborales de los empleados públicos.
El presidente de CSI-F, Miguel Borra, y el secretario general del la CEP, Ignacio López García,
compartieron la preocupación de ambas organizaciones por los efectos de
la crisis y las consecuencias que puedan derivarse en los servicios
públicos de un eventual rescate económico de España.
Ambas organizaciones intensificarán la coordinación para que visualizar en la opinión pública
la labor de los empleados públicos y los miembros de la Policía en
particular, desde la independencia de sus organizaciones, así como en el
marco de la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de
Empleadas y Empleados Públicos.
CSI-F y la CEP consideran que nunca pueden, ni deben estar
en cuestión, la sanidad, la educación, la justicia, la administración, y
de manera especial la seguridad ciudadana, por las medidas
irresponsables adoptadas por los gobernantes de uno y otro signo
político. En este sentido, agradecen las muestras de apoyo ciudadano a
las movilizaciones de empleados públicos de los últimos días.
“Los gobernantes de distintos signo políticos han optado por la
misma solución, recortes salariales, empeoramiento de las condiciones
laborales, disminución de empleo público. Lo mismo que han hecho otros
países que han pasado por esta situación. Y nos tememos que estas
‘soluciones’ empeoren la situación y dañen las bases del modelo social y
democrático que conocemos. No lo vamos a consentir”, destaca CSI-F.
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