La Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más
representativo en el ámbito de las Administraciones Públicas, procede a
trasladarle en representación de la mayoría de los empleados públicos la petición
para que intervenga, a través de su Grupo Parlamentario, en la modificación de
la adicional 2ª del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral.
En la
actual situación económica del país, se hace necesario que los ciudadanos
conozcamos los verdaderos motivos de una situación de crisis que día a día nos
muestra nuevas caras pero, siempre con los mismos actores. El actual déficit
que atraviesa nuestro país no ha sido generado ni por los Servicios Públicos ni
por los Empleados Públicos, pero curiosamente hemos ocupado páginas y páginas
en los medios de comunicación, como si fuéramos la causa y la solución viniera
con la destrucción de la calidad en los servicios públicos y con la degradación
de las condiciones laborales de los Empleados Públicos. Nos preocupa
profundamente esta reforma, que va a propiciar la destrucción de empleo en las
Administraciones Públicas, sin entrar a valorar si es necesario o no, reiteramos
nuestra oferta de trabajar y negociar para adecuar las Administraciones
Públicas a los tiempos actuales. Esta es la auténtica aportación que dará
estabilidad a nuestro país, trabajar entre todos los agentes en la
modernización y reforma de una Administración que siempre está y estará al servicio
de los ciudadanos, por encima de partidos y de sindicatos.
Lo que a
estas alturas está claro es que los "mercados" no responden a las
medidas tomadas hasta la fecha. Creemos que se hace necesario buscar soluciones
que no sean bajar el sueldo a los Empleados Públicos, ni reducir una
Administración con un tamaño bastante homologable a los estándares europeos.
Probablemente "los mercados", tengan más información que los
ciudadanos españoles sobre las causas de la actual situación de España y vean
que las medidas adoptadas sobre la Función Pública española no hacen sino
generar un alto grado de inestabilidad económica en los trabajadores públicos
con una contraproducente repercusión en la actual situación al provocar un importante
descenso del consumo interno.
Probablemente
lo que no se adapte a los estándares europeos sea la banca o las actuaciones de
las cajas de ahorro, o muchos gastos realizados por las Administraciones
Públicas en "muchos conceptos" que no son Servicios Públicos ni por
tanto la verdadera Administración Pública o algunas empresas públicas que solo
existen para burlar los controles públicos del gasto y de la contratación.
El
Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local podrán despedir al
personal laboral que accedió a su plaza mediante proceso selectivo aduciendo
causas, técnicas, organizativas y de la producción igual que en la empresa
privada, con el agravante de que van a ser los trabajadores del sector público
los que asuman íntegramente las consecuencias del despilfarro y de la mala
gestión de los administradores políticos. Una medida que no va aportar las
soluciones necesarias en el medio y largo plazo. ¿Cómo y quien va a decidir lo
que es y lo que no es necesario? ¿Se utilizarán los mismos criterios que nos
han llevado a la situación que nos encontramos?
Reiteramos
que antes de aplicar estas medidas a los trabajadores del Sector Público, se
han quedado en el tintero la supresión de muchas actuaciones innecesarias, que
son las que nos han puesto en esta situación y que no aportan nada a los
ciudadanos.
En el
trámite del Senado, en lo relativo a la disposición adicional 2ª, sería
conveniente encontrar una redacción alternativa que deje claro que el acceso
mediante un proceso selectivo realizado bajo los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico
del Empleado Público, sea elemento diferenciador. Estamos en contra de la
posibilidad de despido del personal que ha accedido por procesos selectivos al
tratarse de servicios públicos que deben ser realizados independientemente de
los criterios políticos de cada momento, incluso independiente de la situación
de crisis general, los impuestos de los ciudadanos deben garantizar unos
servicios públicos. Quedan opciones parlamentarias para hacerlo.
¡¡SEGUIMOS DEFENDIENDO LO PÚBLICO!!
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