EL GOBIERNO confirmó ayer que habrá copago farmacéutico. Pese a que
Rajoy se ha resistido hasta el final a aplicarlo -el mes pasado declaró
que ese «asunto» no estaba «sobre la mesa» del Gobierno- mañana será
aprobado en el Consejo de Ministros.
La medida es arriesgada, pues afecta a un colectivo, el de los jubilados -más de ocho millones de personas hoy en España-, al que se ha venido considerando intocable. Es muy posible que cuando Rajoy dijo el lunes que a su Ejecutivo «no se le podrá reprochar nunca la cobardía» de no cumplir con su deber por temor a «la impopularidad», estuviera pensando en esta iniciativa. El PP ya apoyó hace un mes a CiU para imponer el pago de un euro por receta en Cataluña.
Desde el momento en el que la nueva norma del Gobierno entre en vigor, los medicamentos dejarán de ser gratis para los pensionistas, que pasarán a pagar un 10% de su valor, con un tope de entre ocho y 18 euros al mes, según su nivel de renta. Los trabajadores, por su parte, que ahora abonan el 40% de las recetas, también verán aumentada esa cuota.El Ejecutivo pretende ahorrar así unos 3.700 millones de euros al año.
Cuando, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud con los responsables autonómicos de Sanidad, la ministra Ana Mato presentó la medida, dijo que se adoptaba para «garantizar la sostenibilidad del sistema». Dado que la competencia en este caso corresponde al Estado -las autonomías tienen transferida la gestión de la Sanidad pero no la normativa en materia de medicamentos-, no ocurrirá como con la compra centralizada de vacunas, de la que se ha descolgado por ahora Cataluña. Más aún, puesto que es un modo eficaz de controlar unos gastos que se han disparado, la medida fue bien acogida por los representantes autonómicos. Precisamente por ese consenso, sorprendieron las palabras de Rubalcaba, muy críticas, en las que calificó el copago como «una forma encubierta de bajar las pensiones». La realidad, sin embargo, es que la dramática situación del país obliga a hacer recortes dolorosos y que el líder del PSOE sigue negándose a admitir que, para salir de una crisis de la que su partido es corresponsable, es necesario hacer sacrificios.
La cantidad que va a exigirse por los medicamentos es razonable, permitirá recaudar unos ingresos que hoy son necesarios y tendrá un efecto disuasorio que contribuirá a hacer un mejor uso de los recursos. Se trata de una medida que está presente en varios países europeos, como Italia, Francia o Alemania, y que se ha mostrado efectiva. Hay que tener en cuenta que el gasto público en recetas se ha multiplicado en los últimos años y en 2011 fue de más de 11.000 millones de euros.
El mayor reproche que cabe hacer al Gobierno es que no haya predicado con el ejemplo exigiendo primero a la clase política. Los funcionarios del Congreso acaban de firmar un escrito contra la contratación de asesores y acabamos de conocer que Rajoy tiene más personal en La Moncloa del que tenía Zapatero. Cosas así, cuando continúa el despilfarro autonómico en televisiones, embajadas o defensores del pueblo, hacen más impopular una medida que, sin embargo, es necesaria.
La medida es arriesgada, pues afecta a un colectivo, el de los jubilados -más de ocho millones de personas hoy en España-, al que se ha venido considerando intocable. Es muy posible que cuando Rajoy dijo el lunes que a su Ejecutivo «no se le podrá reprochar nunca la cobardía» de no cumplir con su deber por temor a «la impopularidad», estuviera pensando en esta iniciativa. El PP ya apoyó hace un mes a CiU para imponer el pago de un euro por receta en Cataluña.
Desde el momento en el que la nueva norma del Gobierno entre en vigor, los medicamentos dejarán de ser gratis para los pensionistas, que pasarán a pagar un 10% de su valor, con un tope de entre ocho y 18 euros al mes, según su nivel de renta. Los trabajadores, por su parte, que ahora abonan el 40% de las recetas, también verán aumentada esa cuota.El Ejecutivo pretende ahorrar así unos 3.700 millones de euros al año.
Cuando, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud con los responsables autonómicos de Sanidad, la ministra Ana Mato presentó la medida, dijo que se adoptaba para «garantizar la sostenibilidad del sistema». Dado que la competencia en este caso corresponde al Estado -las autonomías tienen transferida la gestión de la Sanidad pero no la normativa en materia de medicamentos-, no ocurrirá como con la compra centralizada de vacunas, de la que se ha descolgado por ahora Cataluña. Más aún, puesto que es un modo eficaz de controlar unos gastos que se han disparado, la medida fue bien acogida por los representantes autonómicos. Precisamente por ese consenso, sorprendieron las palabras de Rubalcaba, muy críticas, en las que calificó el copago como «una forma encubierta de bajar las pensiones». La realidad, sin embargo, es que la dramática situación del país obliga a hacer recortes dolorosos y que el líder del PSOE sigue negándose a admitir que, para salir de una crisis de la que su partido es corresponsable, es necesario hacer sacrificios.
La cantidad que va a exigirse por los medicamentos es razonable, permitirá recaudar unos ingresos que hoy son necesarios y tendrá un efecto disuasorio que contribuirá a hacer un mejor uso de los recursos. Se trata de una medida que está presente en varios países europeos, como Italia, Francia o Alemania, y que se ha mostrado efectiva. Hay que tener en cuenta que el gasto público en recetas se ha multiplicado en los últimos años y en 2011 fue de más de 11.000 millones de euros.
El mayor reproche que cabe hacer al Gobierno es que no haya predicado con el ejemplo exigiendo primero a la clase política. Los funcionarios del Congreso acaban de firmar un escrito contra la contratación de asesores y acabamos de conocer que Rajoy tiene más personal en La Moncloa del que tenía Zapatero. Cosas así, cuando continúa el despilfarro autonómico en televisiones, embajadas o defensores del pueblo, hacen más impopular una medida que, sin embargo, es necesaria.
epsimo y EL MUNDO
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