NI LA REFORMA laboral, ni la financiera, ni el primer plan de ajuste del
Gobierno, ni la ley de Estabilidad, ni los Presupuestos. Casi nada del
frenético actuar del Gobierno de Rajoy desde que tomó posesión a finales
de diciembre ha servido para aplacar a los mercados. Ayer vimos cómo la
prima de riesgo superaba los 400 puntos básicos y la Bolsa se situaba
en los niveles más bajos de los últimos tres años, poniendo en
entredicho el programa reformista más ambicioso de la reciente historia
española.
El detonante de las nuevas turbulencias han sido unos Presupuestos Generales del Estado que no han gustado entre los analistas y los inversores internacionales. El diario Financial Times se hacía eco ayer de estas críticas al señalar que «el plan presupuestario no refleja la realidad. Montoro aún tiene que poner freno a las 17 comunidades autónomas, que son las responsables del déficit presupuestario del año pasado». Los analistas consultados ayer por este periódico emplean argumentos similares. Unos hablan de que «la inesperada derrota en Andalucía dificultará a Rajoy controlar las autonomías», y otros afirman que «los inversores internacionales se han dado cuenta de la realidad del monstruoso aparato estatal y autonómico».
El Gobierno es consciente de ello y ya ha tomado medidas que van a ayudar a embridar el desmesurado gasto autonómico. En los Presupuestos, por ejemplo, no ha tenido en cuenta las disposiciones estatutarias sobre coeficientes de inversión y está dotando a los gobiernos regionales de instrumentos para que puedan reducir sus gastos. Uno de ellos es el catálogo de prestaciones sanitarias obligatorias, por el que las comunidades podrán decidir qué medicamentos costean y cuáles no. El Gobierno ha anunciado que va a homogeneizar la oferta de trabajo en Educación y en Justicia ya ha incluido el copago en algunos servicios.
Además, el Ejecutivo acelerará la normativa sobre unidad de mercado y antes de junio quiere poner en marcha una comisión que estudiará la eliminación de duplicidades entre las distintas administraciones. En mayo entrará en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en la práctica impedirá a los Gobiernos regionales gastar más de lo que tienen.
El plan está diseñado. Falta que se vaya cumpliendo y en ello debe poner todo el empeño el presidente del Gobierno porque, como salta a la vista, contundencia y rapidez es lo que demandan los mercados. Se presume que Rajoy y Montoro no tendrán problemas en las comunidades autónomas con gobiernos populares, pero las dudas se ciernen sobre las dos regiones que no controlan y que suman 16 millones de españoles y suponen más del 30% del PIB español: Cataluña y Andalucía. La primera sí ha emprendido un plan de ajuste, pero aún así es difícil que cumpla con el compromiso de déficit. El caso andaluz es más preocupante porque los socialistas ya han dicho que uno de los objetivos del nuevo gobierno será frenar los recortes del Ejecutivo central.
Aún así, Rajoy se guarda un as en la manga. Está claro que las autonomías que no cumplan no van a poder buscar financiación por su cuenta; tendrán que recurrir a los hispabonos y el Gobierno central estará encantado de avalar la deuda de esas autonomías porque supondrá que se hará con el control de sus cuentas.
Hay una hoja de ruta para redimensionar el estado autonómico. Según se vaya cumpliendo el plan, el Gobierno podrá empujar a un PSOE crecido tras las elecciones andaluzas -pero también dividido- hacia el pacto imprescindible que adecue el Estado de las Autonomías a este momento histórico.
El detonante de las nuevas turbulencias han sido unos Presupuestos Generales del Estado que no han gustado entre los analistas y los inversores internacionales. El diario Financial Times se hacía eco ayer de estas críticas al señalar que «el plan presupuestario no refleja la realidad. Montoro aún tiene que poner freno a las 17 comunidades autónomas, que son las responsables del déficit presupuestario del año pasado». Los analistas consultados ayer por este periódico emplean argumentos similares. Unos hablan de que «la inesperada derrota en Andalucía dificultará a Rajoy controlar las autonomías», y otros afirman que «los inversores internacionales se han dado cuenta de la realidad del monstruoso aparato estatal y autonómico».
El Gobierno es consciente de ello y ya ha tomado medidas que van a ayudar a embridar el desmesurado gasto autonómico. En los Presupuestos, por ejemplo, no ha tenido en cuenta las disposiciones estatutarias sobre coeficientes de inversión y está dotando a los gobiernos regionales de instrumentos para que puedan reducir sus gastos. Uno de ellos es el catálogo de prestaciones sanitarias obligatorias, por el que las comunidades podrán decidir qué medicamentos costean y cuáles no. El Gobierno ha anunciado que va a homogeneizar la oferta de trabajo en Educación y en Justicia ya ha incluido el copago en algunos servicios.
Además, el Ejecutivo acelerará la normativa sobre unidad de mercado y antes de junio quiere poner en marcha una comisión que estudiará la eliminación de duplicidades entre las distintas administraciones. En mayo entrará en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en la práctica impedirá a los Gobiernos regionales gastar más de lo que tienen.
El plan está diseñado. Falta que se vaya cumpliendo y en ello debe poner todo el empeño el presidente del Gobierno porque, como salta a la vista, contundencia y rapidez es lo que demandan los mercados. Se presume que Rajoy y Montoro no tendrán problemas en las comunidades autónomas con gobiernos populares, pero las dudas se ciernen sobre las dos regiones que no controlan y que suman 16 millones de españoles y suponen más del 30% del PIB español: Cataluña y Andalucía. La primera sí ha emprendido un plan de ajuste, pero aún así es difícil que cumpla con el compromiso de déficit. El caso andaluz es más preocupante porque los socialistas ya han dicho que uno de los objetivos del nuevo gobierno será frenar los recortes del Ejecutivo central.
Aún así, Rajoy se guarda un as en la manga. Está claro que las autonomías que no cumplan no van a poder buscar financiación por su cuenta; tendrán que recurrir a los hispabonos y el Gobierno central estará encantado de avalar la deuda de esas autonomías porque supondrá que se hará con el control de sus cuentas.
Hay una hoja de ruta para redimensionar el estado autonómico. Según se vaya cumpliendo el plan, el Gobierno podrá empujar a un PSOE crecido tras las elecciones andaluzas -pero también dividido- hacia el pacto imprescindible que adecue el Estado de las Autonomías a este momento histórico.
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