EL PSOE votó ayer de forma frívola e incomprensible contra la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, que finalmente resultó aprobada por el
Congreso con el respaldo de PP, CiU y UPyD. Rubalcaba tendrá que
explicar a los ciudadanos por qué su partido se opone a una norma que
desarrolla la iniciativa promovida por el presidente Zapatero en el mes
de agosto, cuando los dos grandes partidos pactaron modificar la
Constitución para evitar los desequilibrios en las cuentas públicas.
Soraya Rodríguez, la portavoz del PSOE, justificó su negativa a apoyar esta ley con el argumento de que su formación había pactado con el PP que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas podría flexibilizarse hasta un 0,4% en el 2020 y que el texto aprobado ayer fija el 0%. La diferencia de cuatro décimas sobre un compromiso que tiene que cumplirse dentro de ocho años es de una entidad irrisoria, por lo que parece claro que los socialistas sólo han buscado un pretexto para oponerse a la iniciativa del Ejecutivo.
Ello da la razón a Rajoy, que reprochó anteayer a Rubalcaba su estrategia de boicotear cualquier pacto a pesar de sus continuas apelaciones al diálogo y a la necesidad de llegar a acuerdos de Estado. Ésta era una gran oportunidad y el PSOE ha preferido arrojarse al monte y alinearse con IU en un discurso radical y demagógico.
Es muy difícil de comprender, por no decir imposible, por qué Rubacaba se opone a una norma que apunta a un objetivo esencial: que cada administración -sea el Estado, las comunidades o los municipios- sólo pueda gastar aquello que ingresa y que no se pueda endeudar por encima de lo razonable. Para ello, la Ley de Estabilidad Presupuestaria fija unos instrumentos de control que van desde las exigencias de información periódica a comunidades y ayuntamientos a la posibilidad de intervenir sus cuentas en caso de desviaciones graves.
Cuando la norma entre en vigor el mes que viene, las comunidades tendrán que remitir mensualmente al Ministerio de Hacienda un informe de sus ingresos y sus gastos. Si al final de un ejercicio se produjera un incumplimiento grave, el Gobierno podría amonestar e imponer una sanción económica a la administración incumplidora. De persistir esta conducta, y en caso de patente de desobediencia, se otorga al Ejecutivo la potestad de intervenir las cuentas y suspender la autonomía financiera.
Es la primera vez que se legisla en España para obligar con mecanismos coercitivos a las comunidades a cumplir los límites de gasto y endeudamiento que establezca la política presupuestaria. Hasta la fecha, el Gobierno podía fijar los objetivos, pero no podía fiscalizar las cuentas ni sancionar el incumplimiento.
Por tanto, esta ley marca un antes y un después en el control del gasto público en nuestro país, caracterizado por una laxitud que ha permitido a las comunidades contraer una deuda que se acerca hoy a los 150.000 millones de euros. Al igual que el Estado, las comunidades tendrán que respetar la norma de que su endeudamiento no podrá superar el 60% de su PIB en 2020, aunque a última hora CiU y PP pactaron ser flexibles en este objetivo si se cumplen los objetivos de déficit.
No se puede poner ningún reparo importante a esta norma, que viene a dotar de contenido a un mandato constitucional y que deriva de una exigencia de compromiso con el euro. Pero lo que hay que hacer a partir de ahora es lo más complicado: obligar a su cumplimiento. Ello exige que Hacienda se tome en serio su responsabilidad y que no vacile en recurrir a las sanciones cuando se produzcan desviaciones importantes e injustificadas. Nada sería peor que disponer de este poderoso instrumento y no utilizarlo.
Soraya Rodríguez, la portavoz del PSOE, justificó su negativa a apoyar esta ley con el argumento de que su formación había pactado con el PP que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas podría flexibilizarse hasta un 0,4% en el 2020 y que el texto aprobado ayer fija el 0%. La diferencia de cuatro décimas sobre un compromiso que tiene que cumplirse dentro de ocho años es de una entidad irrisoria, por lo que parece claro que los socialistas sólo han buscado un pretexto para oponerse a la iniciativa del Ejecutivo.
Ello da la razón a Rajoy, que reprochó anteayer a Rubalcaba su estrategia de boicotear cualquier pacto a pesar de sus continuas apelaciones al diálogo y a la necesidad de llegar a acuerdos de Estado. Ésta era una gran oportunidad y el PSOE ha preferido arrojarse al monte y alinearse con IU en un discurso radical y demagógico.
Es muy difícil de comprender, por no decir imposible, por qué Rubacaba se opone a una norma que apunta a un objetivo esencial: que cada administración -sea el Estado, las comunidades o los municipios- sólo pueda gastar aquello que ingresa y que no se pueda endeudar por encima de lo razonable. Para ello, la Ley de Estabilidad Presupuestaria fija unos instrumentos de control que van desde las exigencias de información periódica a comunidades y ayuntamientos a la posibilidad de intervenir sus cuentas en caso de desviaciones graves.
Cuando la norma entre en vigor el mes que viene, las comunidades tendrán que remitir mensualmente al Ministerio de Hacienda un informe de sus ingresos y sus gastos. Si al final de un ejercicio se produjera un incumplimiento grave, el Gobierno podría amonestar e imponer una sanción económica a la administración incumplidora. De persistir esta conducta, y en caso de patente de desobediencia, se otorga al Ejecutivo la potestad de intervenir las cuentas y suspender la autonomía financiera.
Es la primera vez que se legisla en España para obligar con mecanismos coercitivos a las comunidades a cumplir los límites de gasto y endeudamiento que establezca la política presupuestaria. Hasta la fecha, el Gobierno podía fijar los objetivos, pero no podía fiscalizar las cuentas ni sancionar el incumplimiento.
Por tanto, esta ley marca un antes y un después en el control del gasto público en nuestro país, caracterizado por una laxitud que ha permitido a las comunidades contraer una deuda que se acerca hoy a los 150.000 millones de euros. Al igual que el Estado, las comunidades tendrán que respetar la norma de que su endeudamiento no podrá superar el 60% de su PIB en 2020, aunque a última hora CiU y PP pactaron ser flexibles en este objetivo si se cumplen los objetivos de déficit.
No se puede poner ningún reparo importante a esta norma, que viene a dotar de contenido a un mandato constitucional y que deriva de una exigencia de compromiso con el euro. Pero lo que hay que hacer a partir de ahora es lo más complicado: obligar a su cumplimiento. Ello exige que Hacienda se tome en serio su responsabilidad y que no vacile en recurrir a las sanciones cuando se produzcan desviaciones importantes e injustificadas. Nada sería peor que disponer de este poderoso instrumento y no utilizarlo.
epsimo y EL MUNDO
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