La Fiscalía pide 309 años de cárcel para Carlos Morín por más de un centenar de abortos ilegales.
En principio eran 167 los abortos ilegales investigados, pero el
juzgado de instrucción número 33 de Barcelona que dirigía la instrucción
acordó archivar medio centenar de casos que habrían sido ‘legalizados’
de acuerdo con la ley de interrupción del embarazo de 2010. La
tristemente famosa ley de Bibiana Aído bajo las órdenes de Zapatero.
Pero lo más sobrecogedor del informe llega cuando la Fiscalía relata
cómo intentaban ocultar los abortos: “Instalados dispositivos para la
evacuación de los restos biológicos… localizado en un armario de la sala
de estar de los empleados un desagüe de 10 cm de diámetro a 150 cm del
suelo y en la clínica TCB en la planta primera, en la habitación
existente entre quirófano y recepción, se encontró un desagüe de grandes
proporciones conectado al desagüe de una pica, tomándose muestras de
ambos desagües resultando que las extraídas en Ginemedex contenían ADN nuclear humano,
no siendo hallados los aparatos utilizados para la evacuación de los
restos biológicos, al haber sido desmontados ante la actuación
judicial”.
Durante los próximos meses de septiembre, octubre y noviembre del
presente año (2012) se desarrollará en Barcelona el juicio contra el
doctor Carlos Morín y sus 12 colaboradores por 115 delitos de
abortos ilegales, intrusismo profesional, falsedad documental y
asociación ilícita.
Según hace constar el ministerio público en su exposición las actividades de las clínicas Ginemedex, T.C.B. y E.M.C. alcanzaron tal difusión que la fama de los imputados llegó a conocerse en toda España y, también, en el extranjero. Era tal el escándalo y la impunidad con la que actuaban el doctor Morín y su esposa, Mª Luisa Durán Salmerón, también imputada en el procedimiento, que tuvo que ser una televisión danesa la que destapó y denunció públicamente la actividad delictiva de Morín y sus colaboradores.
Según hace constar el ministerio público en su exposición las actividades de las clínicas Ginemedex, T.C.B. y E.M.C. alcanzaron tal difusión que la fama de los imputados llegó a conocerse en toda España y, también, en el extranjero. Era tal el escándalo y la impunidad con la que actuaban el doctor Morín y su esposa, Mª Luisa Durán Salmerón, también imputada en el procedimiento, que tuvo que ser una televisión danesa la que destapó y denunció públicamente la actividad delictiva de Morín y sus colaboradores.
Ecografías alteradas
Según las conclusiones del ministerio fiscal, Morín y su esposa
organizaron una “estructura estable y permanente dedicada a realizar,
prácticamente de forma exclusiva y continuada, interrupciones
voluntarias del embarazo sin sujeción a ningún requisito legal ni a
ningún plazo temporal”.
Las escuchas policiales autorizadas por la juez y que constan en el
sumario ponen al descubierto el conocimiento y dolo de los imputados que
aceptaban el encargo de realizar abortos aunque la madre estuviera en
avanzado estado de gestación, en algunos casos hasta el octavo mes.
Estas conversaciones, recogidas en la instrucción, se pueden dividir en
dos grupos: las conversaciones que los principales implicados en la
trama realizan entre sí y las que mantienen con los pacientes. Fue
durante la escucha y transcripción de estas intervenciones telefónicas
cuando se descubrieron los preparativos de abortos de fetos de siete y ocho meses.
El matrimonio Morín-Durán, él médico abortista y ella enfermera jefe y
copropietaria de sus clínicas, realizaban abortos a mujeres embarazadas
que superaban las 22 semanas de gestación, para lo cual se alteraban
ecografías haciendo constar en las mismas una edad inferior al feto.
Un feto con graves taras
La exposición del ministerio público deja constancia de que, entre los
101 abortos ilegales que se imputan a los acusados, aparece el de una
paciente embarazada de 33 semanas (8 meses) a la que se
detectaron, supuestamente, anomalías en el feto, así como otras mujeres
que se encontraban en estado de gestación en las semanas 29 y 28 (7
meses) o 27 (más de 6 meses).
Los imputados efectuaban los abortos acogiéndose al primer supuesto
establecido en la legislación de que el embarazo implicara un riesgo
grave para la salud física y psíquica de la embarazada, sin que las
gestantes fueran sometidas a ningún reconocimiento psiquiátrico, de tal
manera que era el propio personal del centro el que rellenaba de forma
falsa los tests para evaluar el estado mental de las mujeres.
Otros abortos se realizaban acogiéndose al supuesto legal de que el
feto iba a nacer con graves taras, pero, especifica la fiscal, a los
expedientes no se incorporaba ningún dictamen médico que acreditara tal
malformación.
Además de las penas solicitadas para el matrimonio Morín, el ministerio
público pide entre 50 y más de 200 años para otros diez colaboradores
del doctor, entre psiquiatras, anestesistas y ginecólogos.
Por una buena causa
El Centro Jurídico Tomás Moro que dirige el abogado Javier Pérez-Roldán
ha creado una plataforma antiabortista de cara a la celebración del
juicio contra el médico Carlos Morín, previsto en Barcelona para el
próximo mes de septiembre. Para Pérez-Roldán, “el inminente juicio a
Morín va a suponer un verdadero antes y después en la lucha por la vida,
pues la sociedad española descubrirá la realidad del aborto”. La
plataforma ha abierto una cuenta bancaria para financiar los gastos del
proceso: BBVA: 0182-4016-05-0208517204 (IBAN ES72).
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