CRISTÓBAL Montoro afirmó ayer que el proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2012 es «el más austero» desde los inicios de nuestra
democracia. Es verdad pero también es cierto que nunca la economía
española se había encontrado en una situación tan dramática.Por tanto,
la gran pregunta es si estas cuentas públicas van a servir de estímulo
para el crecimiento y la creación de empleo.
Entrando en el análisis, el borrador aprobado por el Consejo de Ministros apunta a un ajuste fiscal de 27.300 millones de euros respecto al ejercicio pasado, que salen del recorte del gasto en unos 17.000 millones de euros y del aumento de los ingresos del Estado en unos 10.000 millones. Si las previsiones se cumplieran, el déficit de la Administración Central del Estado sería del 3,5% del PIB. Sumando ayuntamientos, comunidades y Seguridad Social, el déficit del Estado acabaría en un 5,3%, según las nuevas cuentas presentadas por el Gobierno en Bruselas.
La medida más llamativa del proyecto es la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo, por la que los evasores que repatrien capital del exterior o afloren dinero negro sólo pagarán un tipo del 10% en concepto de incremento patrimonial o un 8% si se trata de dividendos. Estamos ante una flagrante injusticia, de dudoso carácter ético, que dañará la credibilidad del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal. Pero permitirá el blanqueo de unos 25.000 millones de euros, que supondrán un estímulo para la actividad económica y una recaudación fiscal de 2.500 millones de euros. El Ejecutivo ha actuado con un criterio pragmático, al igual que lo hizo Berlusconi en Italia, pero hay que recordar las declaraciones en contra de Rajoy, Cospedal y el propio Montoro cuando Elena Salgado se planteó una medida similar en junio de 2010.
En el capítulo de ingresos, el Gobierno va a eliminar la deducibilidad de los gastos financieros, la libertad de amortización y el diferimiento de beneficios fiscales del Impuesto de Sociedades, con lo que espera recaudar más de 5.000 millones de euros, a los que se añaden los 4.100 millones por el aumento de los tipos del IRPF que se aprobó en diciembre.
En cuanto a los gastos, habrá una reducción de más de 17.000 millones de euros, que provienen básicamente de un recorte medio del 17% de los ministerios. El presupuesto de Fomento desciende en un 34%, lo que supondrá un disminución de la inversión en infraestructuras de casi 3.000 millones de euros. Y se reducen a una cifra simbólica las ayudas al desarrollo, que se recortan en 1.300 millones de euros, lo que significa que Exteriores se queda sin fondos para sus programas internacionales.
Es muy importante subrayar que, a pesar de estos ajustes, los Presupuestos de 2012 mantienen el gasto social: se actualizan las pensiones, no se toca el subsidio por desempleo y se congela el salario de los funcionarios. Tan sólo los intereses de la Deuda y las prestaciones por desempleo van a suponer al Estado un desembolso este año de unos 41.000 millones de euros, lo que implica que cerca del 33% de los gastos totales de la Administración Central del Estado (unos 122.000 millones de euros) van a parar a esas dos partidas. Ello pone de manifiesto uno de los problemas estructurales de nuestras cuentas públicas: la falta de flexibilidad de las políticas de gasto, muy condicionadas por los intereses de la Deuda y el coste de las prestaciones de desempleo.
No cabe albergar ninguna duda de que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo de austeridad al arañar hasta el último céntimo de gasto ministerial, pero la gran incógnita que gravita sobre la economía española es si las comunidades autónomas -que administran el 60% del gasto público- van a cumplir con los objetivos fijados por Hacienda. De hecho, el Eurogrupo pidió ayer al Ejecutivo que le remita cuanto antes los planes de ajuste de las 17 comunidades. Éstas no pueden sobrepasar este año un déficit equivalente al 1,5% del PIB, la mitad que el ejercicio pasado, un objetivo sobre el que gravita que Mariano Rajoy pueda cumplir ante Bruselas ese 5,3% al que se ha comprometido y con el que se juega su credibilidad. Veremos si las autonomías cumplen su parte, aunque el Gobierno puede a partir de ahora controlar sus cuentas, imponer sanciones e incluso intervenir la gestión financiera si se desvían de sus obligaciones.
Volviendo al principio, es pronto para saber si estos Presupuestos van a contribuir a sentar las bases de la recuperación de la economía, pero al menos suponen un intento encomiable de equilibrar unas cuentas que estaban fuera de control. Lo mejor del proyecto es su austeridad. Y lo peor es que se ha dejado pasar una ocasión para abordar una reforma estructural de los gastos del Estado, que el Gobierno no ha podido o no ha querido llevar a cabo. En cualquier caso, el margen de Hacienda estaba muy limitado por la profunda depresión de nuestra economía que, tras cuatro años de crisis, no puede soportar ya muchos más sacrificios.
Entrando en el análisis, el borrador aprobado por el Consejo de Ministros apunta a un ajuste fiscal de 27.300 millones de euros respecto al ejercicio pasado, que salen del recorte del gasto en unos 17.000 millones de euros y del aumento de los ingresos del Estado en unos 10.000 millones. Si las previsiones se cumplieran, el déficit de la Administración Central del Estado sería del 3,5% del PIB. Sumando ayuntamientos, comunidades y Seguridad Social, el déficit del Estado acabaría en un 5,3%, según las nuevas cuentas presentadas por el Gobierno en Bruselas.
La medida más llamativa del proyecto es la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo, por la que los evasores que repatrien capital del exterior o afloren dinero negro sólo pagarán un tipo del 10% en concepto de incremento patrimonial o un 8% si se trata de dividendos. Estamos ante una flagrante injusticia, de dudoso carácter ético, que dañará la credibilidad del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal. Pero permitirá el blanqueo de unos 25.000 millones de euros, que supondrán un estímulo para la actividad económica y una recaudación fiscal de 2.500 millones de euros. El Ejecutivo ha actuado con un criterio pragmático, al igual que lo hizo Berlusconi en Italia, pero hay que recordar las declaraciones en contra de Rajoy, Cospedal y el propio Montoro cuando Elena Salgado se planteó una medida similar en junio de 2010.
En el capítulo de ingresos, el Gobierno va a eliminar la deducibilidad de los gastos financieros, la libertad de amortización y el diferimiento de beneficios fiscales del Impuesto de Sociedades, con lo que espera recaudar más de 5.000 millones de euros, a los que se añaden los 4.100 millones por el aumento de los tipos del IRPF que se aprobó en diciembre.
En cuanto a los gastos, habrá una reducción de más de 17.000 millones de euros, que provienen básicamente de un recorte medio del 17% de los ministerios. El presupuesto de Fomento desciende en un 34%, lo que supondrá un disminución de la inversión en infraestructuras de casi 3.000 millones de euros. Y se reducen a una cifra simbólica las ayudas al desarrollo, que se recortan en 1.300 millones de euros, lo que significa que Exteriores se queda sin fondos para sus programas internacionales.
Es muy importante subrayar que, a pesar de estos ajustes, los Presupuestos de 2012 mantienen el gasto social: se actualizan las pensiones, no se toca el subsidio por desempleo y se congela el salario de los funcionarios. Tan sólo los intereses de la Deuda y las prestaciones por desempleo van a suponer al Estado un desembolso este año de unos 41.000 millones de euros, lo que implica que cerca del 33% de los gastos totales de la Administración Central del Estado (unos 122.000 millones de euros) van a parar a esas dos partidas. Ello pone de manifiesto uno de los problemas estructurales de nuestras cuentas públicas: la falta de flexibilidad de las políticas de gasto, muy condicionadas por los intereses de la Deuda y el coste de las prestaciones de desempleo.
No cabe albergar ninguna duda de que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo de austeridad al arañar hasta el último céntimo de gasto ministerial, pero la gran incógnita que gravita sobre la economía española es si las comunidades autónomas -que administran el 60% del gasto público- van a cumplir con los objetivos fijados por Hacienda. De hecho, el Eurogrupo pidió ayer al Ejecutivo que le remita cuanto antes los planes de ajuste de las 17 comunidades. Éstas no pueden sobrepasar este año un déficit equivalente al 1,5% del PIB, la mitad que el ejercicio pasado, un objetivo sobre el que gravita que Mariano Rajoy pueda cumplir ante Bruselas ese 5,3% al que se ha comprometido y con el que se juega su credibilidad. Veremos si las autonomías cumplen su parte, aunque el Gobierno puede a partir de ahora controlar sus cuentas, imponer sanciones e incluso intervenir la gestión financiera si se desvían de sus obligaciones.
Volviendo al principio, es pronto para saber si estos Presupuestos van a contribuir a sentar las bases de la recuperación de la economía, pero al menos suponen un intento encomiable de equilibrar unas cuentas que estaban fuera de control. Lo mejor del proyecto es su austeridad. Y lo peor es que se ha dejado pasar una ocasión para abordar una reforma estructural de los gastos del Estado, que el Gobierno no ha podido o no ha querido llevar a cabo. En cualquier caso, el margen de Hacienda estaba muy limitado por la profunda depresión de nuestra economía que, tras cuatro años de crisis, no puede soportar ya muchos más sacrificios.
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