Parece
que nuestro ministro de AAPP, además de Hacienda, tiene un concepto muy
pobre de los empleados públicos que representa políticamente. Ayer dijo
que “los funcionarios tienen que ganarse su puesto como todos los
españoles”.
Así nos lo ganamos, como todos los españoles, excepto los de la casta
política y sus clientelistas favorecidos por sus derrochadoras actitudes
amiguistas. Los empleados públicos con esfuerzo, pundonor, vocación,
generosidad… hacen, cada día, el milagro, de que fundamentales servicios
públicos funcionen, a pesar de la incapacidad y las prácticas poco
ejemplares, hay sobrados ejemplos, de los responsables políticos.
¿Podría
decir esto mirando a la cara a tantos trabajadores que cada día,
abnegadamente, dan lo mejor de si mismos para que la ciudadanía tenga el
mejor servicio posible?; piense, por ejemplo, que el 43% de este
colectivo son profesores o sanitarios; ¿no le parece que se ganan el
puesto cada día?, y lo mismo podríamos decir de otros colectivos.
Dice también nuestro Ministro que “hay
que cambiar el concepto equivocado de la Función Pública en el sentido
de creer que quién saca una oposición ya lo tiene todo hecho y un empleo
seguro”.
El empleado público se gana el puesto día a día y está sometido a un
Régimen Disciplinario, recogido en el Estatuto de la Función Pública,
donde se contemplan sus derechos y deberes, que obliga y orienta su
trabajo diario; no hace lo que quiere ni cree que lo tiene todo hecho.
El 40% de los empleados públicos no tiene plaza en propiedad y todos
accedemos al empleo público por la puerta de una oposición, abierta a
todos los ciudadanos, regida por los principios de mérito, capacidad e
igualdad, mientras que sus cargos, asesores y “acogidos” no necesitan
aprobar nada, ni siquiera tener una formación o cualificación adecuada.
Hasta hemos tenido ministros y ministras pobremente formados.
Sólo
es preciso que les designe el dedo político y, además, disfrutan de
generosos sueldos, de vergonzosa comparación con los mileuristas de los
empleados públicos, que arrastran una inaceptable y abusiva pérdida de
poder adquisitivo. Hay registros que la cifran, por ejemplo, en el 42%
entre los 1982 y 2007, o en el 35% entre los años 1992 y 2011. Es
injusto que siempre se quiera hacer pagar a los mismos, a los
trabajadores; que paguen los culpables por su desastrosa, cuando no prevaricadora, gestión, que son los que nos han llevado a esta crítica situación.
¿Qué pretende el ministro con este ataque a la estabilidad del empleo público?. Quizá los que sobran son los que “meten la mano” que no son, precisamente, los trabajadores públicos; ahí están los ejemplos.
La estabilidad del empleado público es garantía de independencia, de
neutralidad, de compromiso con una administración ética por y para el
interés general; es garantía contra la corrupción y para la estabilidad
del Estado de Derecho porque le corresponde velar para que la
Administración funcione sometida a la Ley, evitando la arbitrariedad y
el abuso de poder.
No queremos retroceder a aquel drama decimonónico de las cesantías que,
en cada cambio de gobierno, expulsaba a los funcionarios de sus puestos
para sustituirlos por otros afines, sin importar su preparación, como
pasa con los actuales cargos a dedo, con evidente daño a ese Estado de
Derecho que queremos tener, que nos hemos dado. La estabilidad fue un
avance que se incorporó en el Estatuto de 1918 y que está dando buenos
resultados; no caminemos, ministro, hacia posiciones afortunadamente
superadas.
La incorporación de funcionariado a los más altos ámbitos de la
Administración, reservando a los gobernantes la responsabilidad de
dirigir políticamente, además de un sustancial ahorro en cargos,
puestos, asesorías…, sería garantía de una Administración independiente,
profesional, eficaz y moderna, funcionando ajustada siempre al imperio
de La Ley.
21 de marzo de 2012.
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