El juez remarca que debieron hallar el pincho y que había pocos guardias. Santiago Domínguez, el recluso que le mató, condenado a 12 años
El Estado deberá indemnizar con más de 100.000 euros a la familia del
preso que fue asesinado en febrero del 2010 en Zuera, según una
sentencia que condena también a Santiago Domínguez Corbalán, el recluso
que le mató, a 12 años de prisión. El juez de la Audiencia Provincial de
Zaragoza que presidió el juicio considera que Instituciones
Penitenciarias debe asumir el pago al no haber garantizado la seguridad
de la víctima entre los muros de la prisión..
Los hechos, tal
como los declaró probados el jurado, comenzaron cuando el condenado, que
llevaba una semana en Zuera proveniente del Puerto de Santa María --le
quedaban nueve meses de una condena por delitos menores-- se cruzó con
la víctima, A. J. H., y este le pidió un cigarro. Domínguez se negó a
dárselo y discutieron, aunque pararon al ver a los guardias.
Aunque estaba prohibido, el condenado pasó la siesta en la celda de Luis
Rogelio V. M. y cuando se abrieron las celdas fue a la de la víctima.
Según la versión de los forenses del Instituto de Medicina Legal de
Aragón, que el jurado creyó, le asestó una puñalada con un pincho
carcelario que perforó el corazón. Mientras se le iba saturando de
sangre, tuvo tiempo de defenderse de las agresiones de Domínguez. Luis
Rogelio V. M. estaba fuera, pero el jurado no creyó probado ni que le
ayudara ni que impidiera entrar a un preso amigo de A. J. H.
La
decisión del tribunal popular reconocía que, pese a ser culpable de
asesinato, Domínguez actuó en un arrebato, por lo que su abogado
defensor, José Álvarez, pidió una condena máxima de tres años y nueve
meses; el juez, sin embargo, cree que, aunque el jurado apreciase el
impulso como circunstancia que rebajaría la condena, no debe reducirla
tanto considerando que el acusado continuó agrediendo a la víctima tras
el pinchazo que al final le causó la muerte.
INDEMNIZACIÓN
El juez le impone a Domínguez Corbalán la prohibición de acercarse en
doce años a la familia de la víctima, a la que deberá pagar los citados
100.000 euros: 41.830 para cada uno de los dos hijos --otra hija tendrá
que acreditar que tenía relación con él-- y 9.687 para cada progenitor.
La acusación particular pedía más, pero el juez da la razón al Abogado
del Estado al considerar que los hijos no vivían con el padre, por lo
reduce un 50% el dinero solicitado.
El Ministerio del Interior, a
través de Instituciones Penitenciarias, tendrá que afrontar el pago, ya
que el jurado no consideró probado que el centro penitenciario
cumpliese con su obligación de proteger a A. J. H.. Según recoge el juez
en la sentencia, aunque "no se sabe de dónde sale" el pincho, los
registros deberían de haberlo detectado. Además, debería haber más de
dos guardias en un módulo de presos "peligrosos y difíciles" como el que
fue escenario de los hechos.
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