LA DIFUSIÓN ayer por este diario de los motivos obscenos que llevaron al Ministerio del Interior a premiar al juez Gómez Bermúdez por el juicio del 11-M desató fuertes críticas desde los sindicatos policiales. El SUP emitió un duro comunicado en el que denunció el «sistema corrupto imperante en la concesión de recompensas profesionales». En concreto, censura la concesión al magistrado como la constatación de que las «prácticas corruptas han pasado a formar parte de la cotidianeidad» en el Ministerio del Interior. En el mismo sentido se pronunció la Confederación Española de Policía: «Una decisión cuestionable que no guarda la distancia mínima que debería regir las relaciones entre el poder judicial y el legislativo». Es muy significativa la queja de los sindicatos policiales, que conocen perfectamente cómo y por qué se conceden esas condecoraciones. Por eso, la medalla es la demostración palpable de la concomitancia entre la actuación de Gómez Bermúdez e Interior en el 11-M11-M: LOS POLICÍAS CONTRA LA MEDALLA "CORRUPTA" del juez del 11-M
El SUP y la CEP la consideran motivada por el «agradecimiento» de Interior
Los sindicatos de la Policía SUP y CEP (mayoritarios en el Cuerpo) censuraron ayer la concesión de la medalla al mérito policial al juez Gómez Bermúdez por imponer la versión oficial en el juicio del 11-M. Ambas organizaciones consideran el reconocimiento «cuestionable» y «corrupto» y una concesión del Ministerio que entonces dirigía Rubalcaba al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia en «agradecimiento» a su labor.
Los principales sindicatos de la Policía se mostraron ayer muy críticos con los argumentos esgrimidos por el Ministerio del Interior para condecorar con la medalla al mérito policial con distintivo rojo (pensionada de por vida) al magistrado que juzgó el 11-M y que ahora preside la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Como publicó ayer EL MUNDO, el Ministerio del Interior, cuando aún estaba dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, premió a Javier Gómez Bermúdez por imponer la versión policial en el juicio por la masacre de Madrid.
La propuesta de concesión de esta medalla establece como «hecho diferencial» la forma en que dirigió la vista oral sobre la masacre y subraya que «su papel fue fundamental para reconducir las numerosas divergencias relacionadas con los medios de prueba (...), no permitiendo que el juicio derivara en derroteros confusos». Los sindicatos hablan de «corrupción» a la hora de valorar la concesión de Rubalcaba a este magistrado. La consideran una decisión «cuestionable» y que está motivada por el agradecimiento de Interior a su gestión.
«Desde hace muchos años venimos denunciando el sistema corrupto imperante en la concesión de recompensas profesionales en el Cuerpo Nacional de Policía», indica el
mayoritario Sindicato Unificado de la Policía (SUP). Aclara que la norma de concesión de las recompensas es «preconstitucional (de 1964)». «No obstante, nunca, ningún Gobierno desde 1984, ha adoptado ninguna medida para resolver esta situación. En estos momentos (y en años anteriores) hemos denunciado ante los tribunales la concesión irregular de medallas rojas sin que hasta el momento hayamos obtenido una resolución favorable a nuestra demanda», insiste el SUP.
El sindicato liderado por Sánchez Fornet entiende que conceder una medalla a un magistrado «no deja de ser la constatación de que no existe una efectiva separación de poderes, y que las prácticas corruptas han proliferado tanto, y durante tantos años, que han pasado a formar parte de la cotidianeidad».
«Con independencia de las distintas teorías sobre los autores del 11-M, las informaciones difundidas por EL MUNDO deberían suponer la revisión exhaustiva de todo lo actuado en lo que se refiere a la implicación de Jamal Zougam, aplicando la máxima de que vale más que un culpable sea exculpado a que un inocente sea condenado. Hay indicios que, moral y jurídicamente, deberían llevar a una revisión de las pruebas y a un nuevo juicio», finaliza el comunicado del SUP.
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) asegura que la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo para el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional «es una decisión cuestionable, inapropiada y que no guarda la distancia mínima que debería regir las relaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo». Aclara que la relación profesional de los funcionarios policiales que se dedican a la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado se produce con los jueces de instrucción «y no con los jueces de lo Penal, que son los que juzgan. Se debe guardar esa distancia mínima que respete el principio de la independencia judicial».
La CEP entiende que el juez Gómez Bermúdez «no ha realizado, en modo alguno, una intervención de las que merecen una pensión vitalicia y que, en el caso de los policías, implican un riesgo cierto para su vida, en actuaciones de desarticulación de comandos o de detención de peligrosas bandas de atracadores».
Al igual que el SUP, denuncia lo obsoleto de la normativa, que se basa «en un Decreto de la Jefatura del Estado de 1943 y que impone un criterio de subjetividad incompatible con una labor policial eficaz. En la Policía no es suficiente con protagonizar una intervención con riesgo para la vida del funcionario sino que, además, la Administración debe considerar que merece esa medalla. En la Policía las medallas se conceden, no se ganan. Y mientras no se avance en desterrar esta arbitrariedad seguiremos asistiendo a situaciones como las conocidas hoy».
Los principales sindicatos de la Policía se mostraron ayer muy críticos con los argumentos esgrimidos por el Ministerio del Interior para condecorar con la medalla al mérito policial con distintivo rojo (pensionada de por vida) al magistrado que juzgó el 11-M y que ahora preside la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Como publicó ayer EL MUNDO, el Ministerio del Interior, cuando aún estaba dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, premió a Javier Gómez Bermúdez por imponer la versión policial en el juicio por la masacre de Madrid.
La propuesta de concesión de esta medalla establece como «hecho diferencial» la forma en que dirigió la vista oral sobre la masacre y subraya que «su papel fue fundamental para reconducir las numerosas divergencias relacionadas con los medios de prueba (...), no permitiendo que el juicio derivara en derroteros confusos». Los sindicatos hablan de «corrupción» a la hora de valorar la concesión de Rubalcaba a este magistrado. La consideran una decisión «cuestionable» y que está motivada por el agradecimiento de Interior a su gestión.
«Desde hace muchos años venimos denunciando el sistema corrupto imperante en la concesión de recompensas profesionales en el Cuerpo Nacional de Policía», indica el
mayoritario Sindicato Unificado de la Policía (SUP). Aclara que la norma de concesión de las recompensas es «preconstitucional (de 1964)». «No obstante, nunca, ningún Gobierno desde 1984, ha adoptado ninguna medida para resolver esta situación. En estos momentos (y en años anteriores) hemos denunciado ante los tribunales la concesión irregular de medallas rojas sin que hasta el momento hayamos obtenido una resolución favorable a nuestra demanda», insiste el SUP.
El sindicato liderado por Sánchez Fornet entiende que conceder una medalla a un magistrado «no deja de ser la constatación de que no existe una efectiva separación de poderes, y que las prácticas corruptas han proliferado tanto, y durante tantos años, que han pasado a formar parte de la cotidianeidad».
«Con independencia de las distintas teorías sobre los autores del 11-M, las informaciones difundidas por EL MUNDO deberían suponer la revisión exhaustiva de todo lo actuado en lo que se refiere a la implicación de Jamal Zougam, aplicando la máxima de que vale más que un culpable sea exculpado a que un inocente sea condenado. Hay indicios que, moral y jurídicamente, deberían llevar a una revisión de las pruebas y a un nuevo juicio», finaliza el comunicado del SUP.
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) asegura que la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo para el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional «es una decisión cuestionable, inapropiada y que no guarda la distancia mínima que debería regir las relaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo». Aclara que la relación profesional de los funcionarios policiales que se dedican a la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado se produce con los jueces de instrucción «y no con los jueces de lo Penal, que son los que juzgan. Se debe guardar esa distancia mínima que respete el principio de la independencia judicial».
La CEP entiende que el juez Gómez Bermúdez «no ha realizado, en modo alguno, una intervención de las que merecen una pensión vitalicia y que, en el caso de los policías, implican un riesgo cierto para su vida, en actuaciones de desarticulación de comandos o de detención de peligrosas bandas de atracadores».
Al igual que el SUP, denuncia lo obsoleto de la normativa, que se basa «en un Decreto de la Jefatura del Estado de 1943 y que impone un criterio de subjetividad incompatible con una labor policial eficaz. En la Policía no es suficiente con protagonizar una intervención con riesgo para la vida del funcionario sino que, además, la Administración debe considerar que merece esa medalla. En la Policía las medallas se conceden, no se ganan. Y mientras no se avance en desterrar esta arbitrariedad seguiremos asistiendo a situaciones como las conocidas hoy».
epsimo y EL MUNDO__________________________
Tras las últimas revelaciones
El SUP pide "una revisión de las pruebas y un nuevo juicio" a Jamal Zougam
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Además de las subvenciones a las productoras de cine español el ministerio de cultura también subvenciona cursos y seminarios sobre el tema.
...Y EL CORRUTO PEPIÑO. ALÍAS "EL NEGRO":
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José Blanco concede un tramo del Ave a un ex ministro socialista
El ministro de Fomento ha adjudicado un contrato de siete millones de euros a la empresa de Julián García Valverde para ejecutar un tramo del AVE Madrid-Galicia.
____________________El ministro de Fomento ha adjudicado un contrato de siete millones de euros a la empresa de Julián García Valverde para ejecutar un tramo del AVE Madrid-Galicia.
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