Un texto obsceno que muestra a un juez «vendido»NUESTRO periódico lleva luchando desde su fundación hace más de 22 años para que España sea un auténtico Estado de Derecho, basado en la separación de poderes. Ha habido avances y retrocesos en esta causa, pero nunca nos habíamos encontrado un documento tan obsceno como el que publicamos hoy, que saca a la luz una peligrosa connivencia -o mejor un conchabeo- entre el poder ejecutivo y el judicial.
Hay que precisar que la valía de este documento del Ministerio de Interior radica en que los responsables del departamento nunca creyeron que se fuera a divulgar. Por ello, resulta especialmente sincero y verosímil. Si lo hemos podido conocer es con motivo de un recurso judicial a la concesión de la medalla a Gómez Bermúdez.
Dicho esto, el documento constituye un impagable testimonio de cómo ha concebido el Ministerio del Interior regido por Rubalcaba lo que debe ser la relación con los jueces al elogiar la labor de Javier Gómez Bérmudez como presidente del tribunal del 11-M. Concretamente dice que «su papel fue fundamental para reconducir las numerosas divergencias relacionadas con los medios de prueba… no permitiendo que el juicio derivara en derroteros confusos».
Igualmente, el documento destaca «su compromiso con los funcionarios que realizaron la investigación» y subraya que gracias a él los «testimonios» de los mandos policiales «resultaron determinantes». Más claro no se puede decir. Por esa labor decisiva en apoyo de la versión policial en el juicio sobre el crimen más atroz de la democracia, Bermúdez fue condecorado en septiembre de 2010 con la medalla al mérito policial, que conlleva una pensión vitalicia del 10% de su sueldo.
Hay que recordar ahora las circunstancias en las que se produjo aquel juicio poco antes del cual el propio Gómez Bermúdez prometió a las víctimas y a algunos periodistas que los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que hubieran cometido delitos irían «caminito de Jérez». No cumplió su compromiso e Interior le premió con una medalla -que debería devolver si tuviera un mínimo de dignidad- por «reconducir» el proceso y lograr que los testimonios de los funcionarios policiales «resultaran determinantes».
La gravedad de esta parcial conducta, impropia de un juez, es mayor si se consideran algunos pasajes de la sentencia o la forma cómo dirigió los interrogatorios de los dos testigos que han sido determinantes para enviar a Jamal Zougam a la cárcel. Bermúdez reconvinó a varios abogados por preguntar por qué la testigo J-70 tardó 11 meses en declarar tras producirse el atentado y por intentar verificar las contradicciones de la testigo C-65. Ahí están los vídeos de las declaraciones que reflejan la actitud del juez, en concordancia con esa manera de dirigir el proceso que tan bien describe Interior.Como declara hoy Javier Arenas a nuestro periódico, amplios sectores de la sociedad española albergan «dudas» sobre cómo se produjeron los atentados del 11-M, que se han acrecentado estos días por las revelaciones de EL MUNDO. Todo indica que Zougam sirvió para cuadrar la endeble versión policial y eludir esos «derroteros confusos» que abrían muchas otras hipótesis. Bermúdez supeditó la verdad a los intereses del aparato policial que luego pagó sus servicios y además aprovechó el caso para consolidar su plaza como presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, para que su mujer pudiera publicar un libro con información reservada y para ganar él mismo un premio literario por su conocimiento del terrorismo islámico.
El documento que publicamos hoy es la demostración de cómo desde el punto de vista de la policía controlada por Rubalcaba era percibido como un juez parcial y, por ende, prevaricador. Pero este documento es también la prueba de que para que se haga justicia en el 11-M será preciso que haya un nuevo juicio presidido por un magistrado que no esté dispuesto a «venderse» a ningún estamento policial o político.
Interior premió a Bermúdez por imponer la versión policial en el juicio del 11-M
La propuesta de concesión de la condecoración pensionada de por vida que le dio Rubalcaba establece como «hecho diferencial» la forma en que dirigió la vista oral sobre la masacre
Subraya que «su papel fue fundamental para reconducir las numerosas divergencias relacionadas con los mediosde prueba… no permitiendo que el juicio derivara en derroteros confusos»
Destaca «su compromiso con los funcionarios que realizaron la investigación» y establece que gracias a él los «testimonios» de los mandos policiales «resultaron determinantes»
El «hecho diferencial» que motivó la concesión al juez Javier Gómez Bermúdez de la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo -condecoración pensionada y vitalicia- fue su conducta en el juicio del 11-M. En concreto, su «compromiso» con los funcionarios que realizaron la investigación, el «papel fundamental» que desempeñó como presidente del juicio «para reconducir las divergencias sobre los medios de prueba», por «no permitir» que la vista «derivase en derroteros confusos» y por lograr que los testimonios de la Policía -«especialmente de las comisarías de Policía Científica e Información»- «resultaran determinantes».
Los entrecomillados pertenecen al escrito de propuesta de la medalla, firmado por el comisario Mario A. Jiménez y conocido por EL MUNDO.En el documento pueden leerse otras afirmaciones sobre el comportamiento de Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; entre ellas, que «siempre mantiene con los responsables del Cuerpo Nacional de Policía una actitud de plena colaboración, asesorando sobre aquellos aspectos de difícil encaje dentro de la investigación».
La concesión de la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo a Gómez Bermúdez, así como al fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota y al juez central de Instrucción Fernando Grande-Marlaska, es objeto de un proceso contencioso-administrativo que tramita la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Las distinciones fueron otorgadas el 24 de septiembre de 2010 por el entonces titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.El ministro y los tres condecorados -Gómez Bermúdez, González Mota y Grande-Marlaska- se reunieron a comer el 29 de octubre siguiente para celebrar la concesión de las medallas, que conllevan el cobro de una asignación económica vitalicia.
El otorgamiento de las medallas ha sido impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la asociación de juristas Preeminencia del Derecho. La tesis de los recurrentes es que «ningún juez ni fiscal pueden recibir pensión del Ministerio del Interior, ya que compromete el estricto ejercicio de sus funciones con rectitud, independencia e imparcialidad».
«Es evidente», sostiene la asociación Preeminencia del Derecho, «que los jueces (todos del orden penal) premiados por la Policía, al recibir un premio de un interviniente e interesado habitual en los procesos penales por delitos perseguibles de oficio (que son la inmensa mayoría), quedan comprometidos en su independencia e imparcialidad y cuanto más los que pasan a cobrar de por vida de la propia Policía».«La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene ordenado a los jueces abstenerse de toda actividad que pueda permitir racionalmente poner en duda su imparcialidad, y aceptar premios de los intervinientes en los procesos sin duda pone en tela de juicio la completa imparcialidad del juez», añade la misma asociación.
«Recompensa»
Los recurrentes creen, además, que ni siquiera se cumplen los mínimos exigidos por la normativa para la concesión de la Medalla con Distintivo Rojo, que debe recaer en quien «observe una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la medalla al mérito policial, merezca especial recompensa en consideración a hechos distinguidos o extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal».
¿Cuál es la conducta de Gómez Bermúdez merecedora de una «especial recompensa»? A tenor de los documentos que constan en el expediente, el juez ha sido premiado, sobre todo, por su actuación como presidente del tribunal del juicio por los atentados del 11-M.
Los motivos se explicitan en la propuesta elevada al ministro del Interior por el comisario jefe de la Audiencia Nacional, Mario A. Jiménez.
El escrito comienza haciendo referencia a que, antes de presidir la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez fue magistrado de esa Sala y juez central de Vigilancia Penitenciaria.
«Desde los diferentes puestos que ha desempeñado en la Audiencia Nacional, ha dado un decidido impulso a la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada en sus distintas vertientes; impulso al que no ha sido ajena su extraordinaria capacidad de trabajo».
«En cuanto a sus relaciones con los responsables del Cuerpo Nacional de Policía», prosigue el comisario jefe, Javier Gómez Bermúdez «mantiene siempre una actitud abierta, de plena colaboración, asesorando sobre aquellos aspectos de difícil encaje dentro de la investigación sin limitación de tiempo ni medios».
El escrito elogia, a continuación, la «actitud proactiva» mostrada por el magistrado presidiendo las vistas de los procedimientos «de la máxima importancia» y «problemáticos», entre los que cita Segi, Jarrai, Askatasuna, Gestoras Pro Amnistía o el proceso contra el miembro de los Grapo Martín Ponce.
«Pero si hay un hecho diferencial que pone de manifiesto su compromiso con la sociedad, la justicia y los funcionarios que realizaron la investigación, es su dirección del juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004», subraya el escrito.
«La complejidad de la vista, con más de 40 procesados, la multiplicidad de pruebas, testigos, peritos, etcétera... demostró [sic] su verdadera capacidad como presidente del tribunal y le valió los elogios de los numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales acreditados en la vista».
El texto explica por qué el comportamiento profesional del magistrado Javier Gómez Bermúdez en el juicio llevado a cabo por los atentados terroristas del 11-M le hace merecedor de la condecoración policial: «Su papel fue fundamental para reconducir las numerosas divergencias relacionadas con los medios de prueba, testimonios de informadores, etcétera..., no permitiendo en ningún caso que el juicio derivase en derroteros confusos y que los testimonios de los funcionarios de Policía, especialmente de las comisarías Generales de Policía Científica e Información, resultaran determinantes».
El «hecho diferencial» que motivó la concesión al juez Javier Gómez Bermúdez de la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo -condecoración pensionada y vitalicia- fue su conducta en el juicio del 11-M. En concreto, su «compromiso» con los funcionarios que realizaron la investigación, el «papel fundamental» que desempeñó como presidente del juicio «para reconducir las divergencias sobre los medios de prueba», por «no permitir» que la vista «derivase en derroteros confusos» y por lograr que los testimonios de la Policía -«especialmente de las comisarías de Policía Científica e Información»- «resultaran determinantes».Los entrecomillados pertenecen al escrito de propuesta de la medalla, firmado por el comisario Mario A. Jiménez y conocido por EL MUNDO.
En el documento pueden leerse otras afirmaciones sobre el comportamiento de Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; entre ellas, que «siempre mantiene con los responsables del Cuerpo Nacional de Policía una actitud de plena colaboración, asesorando sobre aquellos aspectos de difícil encaje dentro de la investigación».
La concesión de la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo a Gómez Bermúdez, así como al fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota y al juez central de Instrucción Fernando Grande-Marlaska, es objeto de un proceso contencioso-administrativo que tramita la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Las distinciones fueron otorgadas el 24 de septiembre de 2010 por el entonces titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El ministro y los tres condecorados -Gómez Bermúdez, González Mota y Grande-Marlaska- se reunieron a comer el 29 de octubre siguiente para celebrar la concesión de las medallas, que conllevan el cobro de una asignación económica vitalicia.
El otorgamiento de las medallas ha sido impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la asociación de juristas Preeminencia del Derecho. La tesis de los recurrentes es que «ningún juez ni fiscal pueden recibir pensión del Ministerio del Interior, ya que compromete el estricto ejercicio de sus funciones con rectitud, independencia e imparcialidad».
«Es evidente», sostiene la asociación Preeminencia del Derecho, «que los jueces (todos del orden penal) premiados por la Policía, al recibir un premio de un interviniente e interesado habitual en los procesos penales por delitos perseguibles de oficio (que son la inmensa mayoría), quedan comprometidos en su independencia e imparcialidad y cuanto más los que pasan a cobrar de por vida de la propia Policía».
«La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene ordenado a los jueces abstenerse de toda actividad que pueda permitir racionalmente poner en duda su imparcialidad, y aceptar premios de los intervinientes en los procesos sin duda pone en tela de juicio la completa imparcialidad del juez», añade la misma asociación.
«Recompensa»
Los recurrentes creen, además, que ni siquiera se cumplen los mínimos exigidos por la normativa para la concesión de la Medalla con Distintivo Rojo, que debe recaer en quien «observe una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la medalla al mérito policial, merezca especial recompensa en consideración a hechos distinguidos o extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal».¿Cuál es la conducta de Gómez Bermúdez merecedora de una «especial recompensa»? A tenor de los documentos que constan en el expediente, el juez ha sido premiado, sobre todo, por su actuación como presidente del tribunal del juicio por los atentados del 11-M.
Los motivos se explicitan en la propuesta elevada al ministro del Interior por el comisario jefe de la Audiencia Nacional, Mario A. Jiménez.
El escrito comienza haciendo referencia a que, antes de presidir la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez fue magistrado de esa Sala y juez central de Vigilancia Penitenciaria.
«Desde los diferentes puestos que ha desempeñado en la Audiencia Nacional, ha dado un decidido impulso a la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada en sus distintas vertientes; impulso al que no ha sido ajena su extraordinaria capacidad de trabajo».
«En cuanto a sus relaciones con los responsables del Cuerpo Nacional de Policía», prosigue el comisario jefe, Javier Gómez Bermúdez «mantiene siempre una actitud abierta, de plena colaboración, asesorando sobre aquellos aspectos de difícil encaje dentro de la investigación sin limitación de tiempo ni medios».
El escrito elogia, a continuación, la «actitud proactiva» mostrada por el magistrado presidiendo las vistas de los procedimientos «de la máxima importancia» y «problemáticos», entre los que cita Segi, Jarrai, Askatasuna, Gestoras Pro Amnistía o el proceso contra el miembro de los Grapo Martín Ponce.
«Pero si hay un hecho diferencial que pone de manifiesto su compromiso con la sociedad, la justicia y los funcionarios que realizaron la investigación, es su dirección del juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004», subraya el escrito.
«La complejidad de la vista, con más de 40 procesados, la multiplicidad de pruebas, testigos, peritos, etcétera... demostró [sic] su verdadera capacidad como presidente del tribunal y le valió los elogios de los numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales acreditados en la vista».
El texto explica por qué el comportamiento profesional del magistrado Javier Gómez Bermúdez en el juicio llevado a cabo por los atentados terroristas del 11-M le hace merecedor de la condecoración policial: «Su papel fue fundamental para reconducir las numerosas divergencias relacionadas con los medios de prueba, testimonios de informadores, etcétera..., no permitiendo en ningún caso que el juicio derivase en derroteros confusos y que los testimonios de los funcionarios de Policía, especialmente de las comisarías Generales de Policía Científica e Información, resultaran determinantes».
Mediático e invasivo
Bermúdez dificultó el trabajo de las defensas y sirvió a las tesis del Gobierno
Su esposa, Elisa Beni, lo aprovechó para lanzar al mercado un libro que se convirtió en un best-seller -La soledad del juzgador. Gómez Bermúdez y el 11-M-, que provocó el malestar entre las víctimas y la Judicatura y que se presentó apenas dos semanas después de que, el 31 de octubre de 2007, el propio juez escenificase una lectura pública de la sentencia, justo para la campaña de Navidad. La empresa con la que la periodista gestionó los derechos de autor se había fundado en junio, cuando el juicio aún no había concluido.
La intervención de Bermúdez fue decisiva para sostener en la sentencia las tesis que mejor convenían al Gobierno. Por ejemplo, la condena a Jamal Zougam, cuyo arresto en la víspera de las elecciones de 2004 provocó el vuelco político a favor del PSOE. El juez sobreprotegió a las testigos de cargo, que finalmente fueron la única prueba contra el marroquí, y dificultó enormemente el interrogatorio de las defensas.
Especialmente a J-70, que había tardado nada menos que un año en acudir a la Audiencia Nacional a decir que le había visto en el tren. Este diario publicó la semana pasada que esa mujer rumana había sido descartada como víctima en dos ocasiones por los técnicos del Ministerio del Interior, que rechazaron que tuviera derecho a las indemnizaciones y a los papeles para regularizar su situación. La última vez, apenas 15 días antes de su primera declaración. Pues bien: Bermúdez interrumpió en dos ocasiones a las defensas cuando le preguntaban por qué había tardado tanto en declarar y, así, impidió que se conociesen sus posibles motivaciones.
Además, en la sentencia que él redactó se dice que «está probada la presencia de Goma 2 ECO en todos los trenes donde explosionaron artilugios, pues un componente exclusivo de esta dinamita plástica en un porcentaje relevante está en todos ellos, el dibutilftalato». Ese dato es falso: el dibutilftalato no es un componente exclusivo, ni mucho menos, de la Goma 2 ECO, sino que es un plastificante presente en casi todas las dinamitas tipo goma, y también forma parte, por ejemplo, del Titadyn.
Las víctimas se han quejado varias veces de que, en una reunión privada con Bermúdez, éste les prometió que algunos mandos policiales «se irían caminito de Jerez» tras el juicio, en el sentido de que deduciría testimonio contra ellos por cometer negligencias o mentir en la vista oral. El juez incumplió esa promesa: ni lo hizo ni facilitó después el material que pidieron para poder fundamentar la querella contra el ex jefe de los Tedax.
epsimo y EL MUNDO____________________________
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