La televisión, en manos de sólo dos grupos

LA ABSORCIÓN de La Sexta por parte de Antena 3 es el capítulo final de la calamitosa gestión del sector audiovisual que ha protagonizado el Gobierno de Zapatero. De hecho, entra en la lógica que la operación vaya a cerrarse justo ahora, en vísperas de que Rajoy asuma la presidencia, tras dos años de negociaciones entre ambas cadenas. Los accionistas de Antena 3 controlarán el 86% del capital de la entidad resultante, por lo que hablar de fusión es, más que un eufemismo, una broma. El absurdo e injusto mapa televisivo será otra de las patatas calientes que heredará el Gobierno popular, por si no fueran ya pocos y graves los problemas a los que debe enfrentarse.
La integración del grupo Antena 3 y la televisión de Mediapro apuntala el duopolio efectivo que ya caracteriza al sector, y entierra toda posibilidad real de pluralismo audiovisual, algo por lo que, sin embargo, deben velar los poderes públicos. Desde ahora sólo dos grandes holdings privados -Telecinco y Antena 3- controlarán más del 85% del mercado publicitario, lo que hará prácticamente inviable la supervivencia y el modelo de negocio de las decenas de microcadenas de televisión que hoy emiten en abierto a través de la TDT. No olvidemos que, a pesar de que RTVE ya no tiene anuncios, las televisiones públicas autonómicas acaparan casi otro 10% de la tarta publicitaria, obligando a los pequeños canales a repartirse entre todos ellos menos de un 5% de la facturación total. Cabe esperar que en la nueva legislatura se aborde al fin el cierre o privatización de canales autonómicos con una gigantesca deuda, del todo insostenible. Estamos, por tanto, en un escenario de posición de dominio absoluto de los dos grupos citados y de un mercado «claramente anticompetitivo», que agravará la ya deteriorada situación del sector televisivo, tal como ayer denunciaron las organizaciones de telespectadores y la Asociación Española de Anunciantes. Justo en las antípodas del marco plural que prometió Zapatero cuando en 2010 se aprobó la actual Ley Audiovisual.
Las últimas dos legislaturas han estado plagadas de errores en esta materia. En 2005 se permitió que Canal Plus dejase de emitir en codificado y se convirtiera en un canal abierto -Cuatro- para ayudar con la operación a Prisa. Y sólo un año después se dio vía libre a la creación de La Sexta. El enorme agujero económico de ambas está en el origen del actual caos televisivo. Tampoco se actuó bien en TVE. Cierto es que la televisión pública está hoy lejos del control gubernamental que siempre la ha caracterizado y que sus contenidos son mucho más aceptables que en etapas anteriores. Pero sigue resultando escandoloso el ERE que se acometió para sanear sus cuentas, por el que se prejubiló a más de 4.000 personas -muchas con apenas 50 años-, a cargo de los Presupuestos Generales. Y tampoco es aceptable que se suprimiera la publicidad de TVE -que ahora se financia casi exclusivamente a cargo de los contribuyentes- con el fin de fomentar la liberalización del mercado televisivo, cuando al final, como vemos, no ha ayudado al conjunto de los operadores, sino que todo lo que deja de ingresar la televisión pública por anuncios sólo sirve para engordar aún más a Telecinco y Antena 3; es decir, para hacer más ricos a Berlusconi y Lara.
Y para colmo las decisiones administrativas de la Comisión Nacional de la Competencia y de la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones han sido escandalosas. Sin ir más lejos, la CNC abrió un procedimiento sancionador contra Veo7 y Antena 3 por un acuerdo de comercialización de publicidad conjunta -cuando nuestra cadena suponía apenas un 0,73% del mercado publicitario-, y, sin embargo, autorizó sin problema la concentración de Telecinco y Cuatro o previsiblemente ahora de Antena 3 y La Sexta. Peor no se han podido hacer las cosas.Este desbarajuste no sólo atenta contra la libre competencia y asfixia la supervivencia empresarial. Sino que ahoga el pluralismo, tanto ideológico como de contenidos, al que tienen derecho los ciudadanos en toda sociedad democrática.

El Consistorio de San Sebastián critica el arresto de dos etarras

El gobierno de Bildu llama a defender a los «presos políticos»

El gobierno municipal de San Sebastián, en manos de la coalición abertzale Bildu, consideró ayer «incomprensibles» las detenciones de dos presuntos etarras el miércoles en el sur de Francia, en las que «sólo» percibe «una respuesta negativa de París al proceso de resolución del conflicto político».
El consistorio que preside Juan Karlos Izagirre, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por «el estado» del donostiarra Julen Mujika Andonegi y de Ihintza Oxandabaratz, los dos arrestados en Saint Jean Pied de Port por su supuesta relación con un zulo de la banda terrorista, informa Efe.
El equipo de la coalición independentista señala que, «en el marco de la nueva y esperanzadora situación política que vive Euskal Herria», los gobiernos español y francés «tienen el mandato de dar pasos». Destaca que así lo recoge la declaración de los líderes internacionales que asistieron en San Sebastián a la conferencia sobre el final del terrorismo, «una petición que apoya la mayoría política y social de este país».
Critica igualmente el arresto de Josu Esparza por su presunta pertenencia a Ekin, y pide «que se termine con la represión, tanto en el caso de las detenciones como en el de las medidas excepcionales que viven los presos políticos vascos».
El Ayuntamiento de San Sebastián también anunció ayer que se unirá al llamamiento a favor de los presos de ETA y por ello se sumará el viernes al ayuno que desde el lunes protagonizan miembros de sindicatos y diversas organizaciones para reclamar su traslado a cárceles vascas. Además, informa de que el gobierno municipal llevará a cabo ese mismo día una concentración bajo el lema En defensa de los derechos de los presos políticos.

epsimo y EL MUNDO_________________