11-M: Cuando el delincuente es la camarilla policial socialista: De falsa víctima a testigo de cargo

Cómo pasar en el 11-M de impostor a testigo de cargo

SI AYER cuestionamos el primer testimonio que sirvió como prueba de cargo contra Zougam en el juicio del 11-M, hoy aportamos datos que arrojan serias dudas sobre la fiabilidad de la declaración del último de los tres testigos que dijo haberle visto en los trenes. De entrada, la testigo protegido J-70, a la que el tribunal concedió credibilidad, había sido rechazada previamente como víctima del 11-M en dos ocasiones. Es sabido que tras los atentados, muchas personas intentaron obtener la consideración de víctimas, tanto por la indemnización que ello comportaba como, en el caso de inmigrantes sin papeles, porque suponía su regularización inmediata. J-70, ciudadana rumana, carecía en 2004 de permiso de residencia. El tribunal de evaluación dispuesto por Interior no encontró ningún motivo para considerarla víctima y rechazó su reclamación. En febrero de 2005, 15 días después de que le fuera negada esa condición por segunda vez, y tras ir a la asociación de Pilar Manjón a pedir ayuda para ser regularizada, es cuando J-70 declaró haber reconocido a Zougam. Eso le permitió obtener de inmediato la condición de víctima y recibir 48.000 euros de indemnización, pese a que su relato resultara poco consistente. Sorprende, por ejemplo, que J-70 no hubiera identificado a Zougam durante sus reiterados intentos ante las autoridades para que la reconocieran como víctima, que se le encendiera la bombilla justo dos semanas después de que la rechazaran -en una resolución que ya parecía definitiva- y que lo hiciera, nótese bien, casi un año después de la masacre. Además, aseguró que viajaba en el tren junto a una amiga rumana -la tercera testigo protegido en el juicio- pese a que ésta, cuando fue declarada víctima, no dijo que ella le acompañara. Es cuanto menos chocante que J-70 -considerada por los técnicos una impostora, hasta el punto de que llegaron a descartar su presencia en los trenes- pasara de repente a ser valorada como uno de los testigos fundamentales. Pero más grave aún es que todas estas circunstancias no se incluyeran en el sumario y se le omitieran al abogado de la defensa. Y a la vista de lo que hoy sabemos, resulta espeluznante repasar las actas del juicio en la Audiencia Nacional. Porque cuando dos letrados plantean su lógica extrañeza por el hecho de que la testigo tardara 11 meses en reconocer a Zougam, el presidente del tribunal, Gómez Bermúdez, les interrumpe de forma abrupta y les obliga a cambiar de asunto. Por si no hubiera suficientes elementos para poner en cuarentena la verosimilitud de los testimonios contra Zougam, nuestra investigación revela que los tres testigos que dijeron haberle visto en los trenes son rumanos, que los tres carecían de papeles, que los tres residían en el mismo barrio de Alcalá de Henares, que los tres compartían el mismo círculo de amistades y que los tres identificaron únicamente al marroquí después de que la Policía mostrara públicamente su imagen presentándolo como autor de la masacre. Habrá quien argumente que todo puede ser fruto de la casualidad, pero también quien vea motivos sobrados para interponer una querella por falso testimonio. No hay que olvidar que por esos testimonios que el tribunal consideró «sin fisuras», únicamente por ellos, Zougam fue condenado a más de 40.000 años de cárcel como autor material de los atentados. Ninguna otra prueba medianamente consistente le incriminaba en ese insólito juicio del 11-M en el que, como ahora vemos, quien fue considerado impostor acabó siendo testigo de cargo.

11-M: Cuando el delincuente es la camarilla policial socialista: De falsa víctima a testigo de cargo

Interior ocultó que la testigo J-70, que tardó un año en denunciar a Zougam y determinó su condena, había sido descartada por sus técnicos para las indemnizaciones sólo 15 días antes

La testigo protegido J-70, que es una de las tres personas cuyo testimonio fue determinante para que Jamal Zougam fuese condenado como autor del 11-M, tardó casi un año en denunciar que había visto al marroquí en el tren que hizo explosión en la estación de Santa Eugenia.

Tenía un motivo. Lo hizo sólo 15 días después de que, el 24 de enero de 2005, Interior la rechazase como víctima de los atentados y le retirase el derecho a cobrar una indemnización y a obtener los papeles para residir legalmente en España.

Los técnicos del Ministerio la examinaron dos veces y ni siquiera la creyeron cuando dijo que viajaba en los trenes. Ese dato se ocultó después al sumario y la defensa no lo conocía cuando la testigo protegido declaró en la vista oral.

Su declaración tuvo los efectos deseados. El 7 de febrero de 2005, J-70 acudió por primera vez a acusar a Jamal Zougam ante la Audiencia Nacional e, inmediatamente, los forenses de esa sede judicial la incluyeron en el listado de víctimas, según se desprende de la relación que aparece en el auto de procesamiento. Entonces no sólo dijo que sería capaz de reconocer a una persona a la que había visto en el tren un año antes, en una situación que en aquel momento era propia de la vida cotidiana, sino que aseguró que «llevaba gafas y una gorra». Ningún otro testigo dio esa descripción.

J-70 identificó después a Zougam ante el juez Del Olmo, en dos ruedas de reconocimiento y en el juicio, en el que afirmó que nunca había visto el rostro de Zougam en prensa o televisión. Terminó cobrando 48.000 euros, que invirtió en construirse una casa en la localidad rumana de Jibou, cercana a su pueblo natal, aunque sigue residiendo en España.

Habían pasado 11 meses desde el atentado. En todo ese tiempo, ella había acudido al menos cuatro veces a dependencias de la Policía o del Ministerio del Interior para pedir los papeles o el dinero del 11-M y se había personado en el sumario, sin que nunca antes hubiese dicho ni palabra de que había visto al posible asesino de 191 personas.

El 24 de enero de 2005, el Ministerio del Interior había descartado incluso que J-70 fuese en los trenes. Un dato avalaría esta hipótesis: no figura en la relación de personas que fueron atendidas en los hospitales de la Comunidad de Madrid el 11 de marzo de 2004.

La tardanza de J-70 en declarar contra Zougam es difícilmente explicable, y más porque su amiga la también testigo protegido C-65 compareció muchos meses antes.

EL MUNDO ha acreditado que J-70 tuvo múltiples oportunidades para hacerlo: el 17 de marzo de 2004, menos de una semana después del atentado, acudió ya a la Comisaría General de Extranjería a pedir un permiso de residencia provisional como víctima de los atentados. Y no dijo nada. La Delegación del Gobierno se lo concedió tres días después, pero condicionado a que superase el examen de los técnicos de Interior, que debían acreditar que viajaba en los trenes.

El 20 de julio de 2004, J-70 entregó una solicitud en la Dirección General de la Policía para que le pagasen la indemnización. Tampoco dijo nada de Zougam. Pocos días después, un bufete de Madrid presentó en la Audiencia un escrito firmado por ella para personarse en el sumario. Otros 37 rumanos suscribieron ese escrito. Entre ellos, estaban también los testigos R-10 y C-65.

Antes de que finalizase el verano de ese año, la testigo J-70 fue examinada por un equipo de médicos, psicólogos y trabajadores sociales de la Seguridad Social que evaluaban para Interior a las víctimas del 11-M. Tampoco les dijo que hubiese visto a Zougam. El 30 de septiembre de 2004, ese equipo emitió un dictamen en el que determina que «no se acredita el necesario nexo causal entre las lesiones alegadas y el atentado terrorista». No se creyeron que estuviera en el tren, pero el 27 de octubre se le dio la oportunidad de recurrir.

En noviembre de 2004, ya en situación límite, J-70 presentó alegaciones en la Oficina de Apoyo a las Víctimas de Interior, ante una subsecretaria. La única novedad fue que entregó una fotografía que había publicado una revista -y que también obra en poder de este diario- en la que ella asegura que puede vérsele entre las víctimas agolpadas en la estación de Santa Eugenia tras el atentado. Pero tampoco dijo que había visto a Zougam. Interior tampoco la creyó entonces: se lo comunicaron el 24 de enero de 2005.

En conversación con EL MUNDO, la testigo protegido argumentó así la tardanza en declarar: «No lo dije antes porque tenía mucho miedo».

El caso es que, sólo después de que Interior la rechazase, J-70 decidió acudir a la Audiencia a denunciar a Zougam. Aunque no aportó ninguna documentación que no hubiese sido ya examinada, esa acusación fue suficiente para que ahora sí creyesen que iba en el tren.

El testimonio de J-70 es muy importante, porque corrobora el de su amiga, la testigo C-65, que había acudido a denunciar al marroquí mucho antes: el 1 de abril de 2004. En esa declaración, C-65 no dijo que fuese acompañada por esta amiga.

Cuando EL MUNDO le preguntó a J-70 si su amiga la intentó convencer para que declarase al mismo tiempo que ella, ésta lo niega rotundamente y atribuye su decisión de ir a la Audiencia un año después a su deseo de «hacer Justicia».

El ciudadano marroquí Jamal Zougam, la única persona a la que el tribunal halló culpable de colocar las bombas del 11-M, fue condenado a pasar 40 años de su vida en una celda de aislamiento bajo la única prueba de cargo, según admite el Supremo, del testimonio de dos personas que aseguran haberle visto con una mochila en el tren de Santa Eugenia: las testigos C-65 y J-70 (que en el juicio dijeron que iban juntas en el quinto vagón). La Audiencia también consideró testigo de cargo a R-10 (un hombre que dijo que viajaba en el cuarto vagón y luego ni siquiera compareció en el juicio) y cuya versión de los hechos (publicada ayer en EL MUNDO) contradice lo reflejado en la sentencia.

Es decir que, de los cientos de personas que viajaban en el tren ese día, tres dicen haber visto a Zougam. Los tres lo acusaron después de que su fotografía hubiese sido difundida por todos los medios de comunicación y de que la Policía lo señalase públicamente como autor del atentado. Y los tres son ciudadanos rumanos que no tenían papeles para residir legalmente en España, vivían en el mismo barrio de Alcalá de Henares y compartían el mismo círculo de amistades, según ha acreditado la investigación de EL MUNDO.

Los tres regularizaron su situación en nuestro país después de acusar al marroquí, al serles reconocida la condición de víctimas de la matanza.

Según relató la testigo J-70 a este diario, después de que Interior rechazase por segunda vez su solicitud, acudió con su amiga la testigo C-65 a pedir ayuda a la asociación de Pilar Manjón. Principalmente, porque si no obtenía los papeles, no se le permitiría la entrada a España a su hija adolescente hasta que Rumanía entrase en la UE.

Ruz pone en evidencia los errores de la Sala

EL JUEZ Ruz continúa con la investigación del caso Faisán y ha dictado una providencia en la que le pregunta a la Fiscalía qué diligencias debe realizar, después del auto de la Sala que revocó los procesamientos de los presuntos responsables del chivatazo. Pero además, el instructor aprovecha para poner en evidencia tres errores de bulto que cometió la Sala, y que se corresponden con tres aspectos clave para el esclarecimiento de los hechos: el momento concreto de la llamada del chivatazo, el lugar por el que accedió al bar el inspector Ballesteros y el tipo de conversaciones telefónicas investigadas. En los tres casos, el auto de la Sala se aparta de lo recogido en la instrucción de Ruz. De haberse atenido a los datos objetivamente comprobados, le hubiera resultado muy difícil revocar unos procesamientos perfectamente sustentados

epsimo y EL MUNDO_______________________

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Tardó un año en denunciarle
La rumana que reconoció a Zougam había sido rechazada como víctima
Interior ocultó que la testigo J-70, que determinó su condena, había sido descartada para las indemnizaciones sólo 15 días antes.
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