El preso J. B. K., Jomar, de 29 años, seguirá ingresado, de momento, en el módulo de Aislamiento de la prisión de Villabona. El interno permanecerá en el Principado a disposición del juzgado de instrucción número 4 de Oviedo que investiga la muerte del recluso corverano Justo P. A., de 39 años, registrada el pasado día 12 en el patio del módulo 8 de la cárcel asturiana.
Instituciones Penitenciarias activa habitualmente un protocolo de actuación siempre que se produce un incidente grave en una prisión. Abre una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y depurar las posibles responsabilidades y, sistemáticamente, procede al traslado de cárcel del recluso que protagoniza los hechos investigados.
Sin embargo, fuentes penitenciarias han confirmado a LA VOZ que la conducción de Jomar a otra cárcel del país no es un acto automático. “En el caso del recluso J. B. K. no va a ser un traslado inmediato, porque todavía se encuentra a disposición de la magistrada que lleva la causa”, señalan. Su permanencia en Asturias tendría relación con la posible práctica de nuevas diligencias.
J. B. K. se ha acogido, en dos ocasiones, a su derecho constitucional a no declarar. La primera vez fue ante los agentes de la Guardia Civil que se desplazaron el mismo día del crimen a la prisión y, la segunda, tras haber sido citado para comparecer ante la titular del juzgado, María Luisa Llaneza. Su abogado defensor, Washington Jesús Villaverde, asegura que no estaba en condiciones “anímicas” de prestar testimonio, ya que “nunca tuvo intención de matar” a su víctima.
Algunos reclusos que han prestado declaración en las diligencias aseguraron que el incidente que acabó con la vida de Justo P. A. duró entre “dos y tres minutos”. Al parecer, este interno había sido trasladado, sólo dos días antes de los hechos que se investigan, desde el módulo 9 al 8. En este último módulo estaba ingresado Justo P. A., con el que mantenía una relación de enemistad manifiesta después de que éste le hubiera apuñalado ocho años antes en un bar de Gijón. La abogada Concepción Trabado, que representa a la familia de la víctima, mantiene que el agresor “juró que le mataría” tras este episodio de 2003.
Algunos familiares de internos del módulo 8 sostienen que inicialmente Jomar no habría reconocido a Justo P. A., pero éste sí podría haber comunicado que quería que le cambiaran de módulo “porque él si le había visto y le había reconocido y temía un enfrentamiento con él. No estaba en condiciones físicas dado que todavía cojeaba por la bala que le había alcanzado en una rodilla del disparo del policía durante su detención”.
Según su versión, al ser advertido Jomar de que en el patio estaba Justo P. A., sin mediar discusión previa alguna, se abalanzó hacia él y le agredió “primero con un puñetazo seguido de patadas en la cabeza” que le provocaron una fractura craneal.
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