CINCO MILLONES de ciudadanos palparon ayer lo antisocial que ha sido la «salida social de la crisis» preconizada por Zapatero: no verán revalorizadas sus pensiones con la subida de los precios -del 2,9% en este año- al contrario de lo que venía ocurriendo desde que está en vigor el Pacto de Toledo. Es la triste consecuencia de la política despilfarradora del Gobierno socialista durante los años de bonanza, que obligó a practicar un recorte a hachazos cuando ya no había tiempo para planificar un programa sensato para reducir el gasto y la deuda.
A hachazos se ha conseguido embridar de momento el déficit que, según anunció ayer el Gobierno, cayó hasta el 3,7% del PIB hasta octubre, gracias al descenso de los gastos más que al crecimiento de los ingresos, a pesar de la trampa del adelanto del pago a cuenta del Impuesto de Sociedades. Como las autonomías registraron un déficit del 1,19% hasta septiembre -por debajo del objetivo del 1,3% en 2011-, Economía confía en que se pueda lograr la reducción hasta el 6% del PIB, aunque el escepticismo es grande entre los analistas. Será clave conseguirlo porque de ello dependerá la magnitud del recorte que tenga que realizar el Ejecutivo popular.
Con este panorama, Rajoy encara hoy su primera reunión con los agentes sociales para abordar la reforma laboral y de la negociación colectiva. Una cuestión acuciante para la economía española, que debe crear el clima necesario para reactivar el mercado de trabajo en cuanto se ponga en marcha la recuperación.
Como la experiencia de la última legislatura -que Zapatero basó en no emprender ninguna reforma sin acuerdo social- ha sido nefasta, Rajoy debe inaugurar hoy otra forma de gobernar. O, mejor dicho, no tiene que hacer otra cosa que gobernar, verbo que en este terreno debe significar poner a los agentes sociales en su sitio. El Ejecutivo puede consultarles sus iniciativas y ellos deben dar su opinión. Por supuesto que lo ideal sería llegar a un acuerdo sobre esas propuestas, pero si no se consigue, el deber del legislador es llevarlas a la práctica si considera que son lo mejor para el país.
No puede ser, por ejemplo, que en el colmo de la contradicción el presidente de CEOE, Juan Rosell, exigiera ayer al futuro Gobierno que se deje de «titulares» y empiece a concretar sus planes y, a la vez, advirtiera a Rajoy que no se le ocurra legislar con «decretazos». En concreto, sorprendió el comentario de Rosell al decir que «cambiar la negociación colectiva por decreto es no tener absolutamente ni idea» de cómo funcionan los convenios. La oposición del presidente de la patronal es desconcertante porque se opone una mayor flexibilización de las condiciones laborales que los empresarios deberían bendecir. Aunque Rosell fue desautorizado por las patronales madrileña y andaluza, dos de las organizaciones más potentes de CEOE, su actitud no es más que el reflejo del poder que han acumulado los agentes sociales durante el zapaterismo en las grandes decisiones económicas del país y que sería conveniente deshacer.
No se debe olvidar que este anquilosado mercado de trabajo, que consagra una dualidad absoluta entre los trabajadores fijos y los temporales y expulsa al paro inmediatamente a estos últimos, es fruto de años y años de diálogo social. Quizá se haya mostrado eficaz en etapas de crecimiento, pero desde luego es una ruina para el país en momentos de crisis o de estancamiento de la economía. Esto es lo que el futuro presidente del Gobierno debería evitar. Y si piensa que sus reformas son adecuadas ha de ponerlas en marcha aunque la patronal -que no los empresarios- y los sindicatos -que no los trabajadores- se nieguen a respaldarlas. Lo contrario nos ha llevado al abismo en el que nos encontramos.
La Fiscalía recurrirá el trato de favor a Jaime Chaves
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ignoró los antecedentes penales de Jaime Chaves Díaz, sobrino del vicepresidente del Gobierno en funciones y presidente del PSOE, Manuel Chaves, al otorgarle el tercer grado tras ser condenado a tres años y medio por abusos a dos adolescentes en el colegio en el que trabajaba.
Eso es lo que entiende la Fiscalía de Sevilla, que ayer anunció su intención de recurrir ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria la clasificación de Chaves Díaz en tercer grado propuesta, primero, por la Junta de Tratamiento del Centro de Inserción Social Jiménez de Asúa de Sevilla y ratificada, luego, por la Secretaría General que dirige Mercedes Gallizo y que depende directamente del Ministerio del Interior.
Según ha podido saber EL MUNDO, la sección de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía sevillana acordó el lunes por la tarde interponer un recurso, al entender que el condenado no reúne los requisitos que el Reglamento Penitenciario y la Ley General Penitenciaria exigen para la concesión inicial del tercer grado, merced al cual Jaime Chaves Díaz sólo acude a dormir al centro de inserción social de lunes a jueves.
Según las fuentes consultadas, el Ministerio Público basará su recurso en dos artículos del Reglamento Penitenciario, el 104.3 y, en relación con éste, el 102.2, que recogen los criterios que deben regir la concesión del tercer grado inicial.
Uno de ellos es, precisamente, el historial delictivo del reo, que ha sido clave para que la Fiscalía decida recurrir y solicitar al juez que anule la clasificación del sobrino del vicepresidente y le devuelva a la cárcel, que no ha llegado a pisar.
La Fiscalía esgrimirá como argumento principal la condena anterior que había recaído sobre Jaime Chaves por un delito de exhibicionismo cometido hace años en el colegio El Altillo de Jerez.Este antecedente permite concluir que tanto la junta de tratamiento del CIS como Gallizo y su equipo lo ignoraron, contraviniendo el reglamento y la Ley Penitenciaria.
epsimo y EL MUNDO__________________________
EL DÉFICIT POR ENCIMA DE TODO
Toxo y Méndez aseguran que la reforma laboral «no es la fórmula»
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Frente a los aplazamientos solicitados por el candidato socialista que resultó derrotado en las elecciones generales, Mariano Rajoy ha comunicado a las autoridades europeas que se propone cumplir las exigencias del déficit “por encima de todo”.
Solo elogios merece ese primer anuncio del presidente electo. Antes que nada es necesario recuperar la credibilidad perdida durante el mandato zapatético. Europa debe saber que un Gobierno serio, que no gestionará a base de ocurrencias, se propone no sobrepasar dentro de dos años el 3% señalado por Bruselas para el déficit público español. A la vez es necesario contener primero y reducir después la deuda y eso exige una profunda reforma laboral, la reactivación de la pequeña y mediana empresa y una política de exigente austeridad.
Para conseguir el equilibrio que nuestros socios comunitarios nos exigen resulta imprescindible que Mariano Rajoy llegue a un acuerdo de Estado con el PSOE y que pacte con los sindicatos. La caravana de las huelgas incesantes desmontó a Papandreu. Los sindicatos preparan ya la respuesta a las inevitables medidas restrictivas que adopte Mariano Rajoy. Saldremos a huelga semanal si no se hace una flexible política de negociación por encima de los intereses partidistas y en favor del bien general.
Luis María ANSON
de la Real Academia Española
de la Real Academia Española
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