Dice que hizo las gestiones para «crear empleo»
JOSÉ BLANCO aseguró ayer que las gestiones que hizo en favor de las empresas de Dorribo y Orozco formaban parte de su labor como ministro. «Es mi obligación interesarme e informarme de los proyectos empresariales que sirven para crear puestos de trabajo», señaló para justificar sus gestiones. Lo que no dijo Blanco es que la juez y el fiscal le acusan de tráfico de influencias por realizar esos trámites, lo cual es un delito. Su razonamiento puede resultar ofensivo para los empresarios que no tienen la suerte de disponer de un valedor como el ministro y deben esperar años a que la Administración resuelva sobre una ayuda o una licencia. Blanco sigue sin dar una explicación medianamente convincente de su actuación
EL CHORIZO DE PEPIÑO DICE QUE PRACTICABA EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS PARA CREAR EMPLEO
«Es mi obligación interesarme por los proyectos empresariales»
José Blanco trató ayer de restar importancia a su vinculación con la operación Campeón, cuyos detalles han sido publicados por EL MUNDO, reiterando su intención de volcarse en la campaña electoral de las elecciones generales. «Seguiré concentrado todas las horas del día para que el PSOE gane en las urnas y nada me va a distraer», aseguró el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno.
Sin embargo, en sus explicaciones fue esta vez más allá que en ocasiones anteriores. En respuesta a las últimas informaciones publicadas por este periódico, en las que se daba cuenta de que la juez aprecia indicios de que cometió cohecho y tráfico de influencias, Blanco dijo que su obligación es «informarse y enterarse de los proyectos que sirven para crear puestos de trabajo».
Tras afirmar que su deber es estar al día de «los proyectos que sirven para crear puestos de trabajo», el ministro puntualizó que nunca ha influido «ni en un sentido ni en otro» en la decisión que fuera a tomar el organismo correspondiente.
El vicesecretario general del PSOE respondía así a las supuestas gestiones ante el alcalde de Sant Boi de Llobregat para ayudar al vicepresidente de la empresa de transportes Azkar, José Antonio Orozco, quien había solicitado una licencia para instalar una nave cerca de El Prat; así como en la expropiación de unos terrenos de la empresa gallega Grafoplas que Aena necesitaba para ampliar el aeropuerto de La Coruña.
En una entrevista radiofónica concedida a Onda Cero Lugo, el ministro reconoció «estar en contacto» con muchos empresarios que generan actividad económica y empleo. Así, precisó que, en el caso del proyecto catalán, la compañía citada, el grupo Azkar, contaba con 6.000 trabajadores y un proyecto empresarial que daría trabajo a 400 personas.
En relación a la operación Campeón, por la que se ha visto salpicado, Blanco aseguró que sigue «sin tener constancia oficial de nada de lo que se está diciendo». El ministro aclaró que, al parecer, no tendrá acceso a las diligencias hasta después de las elecciones generales, por lo que ha vuelto a denunciar la situación de «indefensión» en la que se encuentra. Igualmente, reiteró que, cuando pasen los comicios, dedicará «todo el empeño» para que el peso de la ley «caiga sobre quienes han vertido esas infamias».
Preguntado sobre la petición de dimisión de sus cargos, el ministro se limitó a apuntar que «forma parte del guión del Partido Popular».
Desde su última comparecencia en el Consejo de Ministros del pasado viernes, José Blanco no se había pronunciado sobre la operación judicial que dirige la juez Estela San José, quien un día antes elevó al Tribunal Supremo las acusaciones vertidas por el empresario Jorge Dorribo contra el político lucense.
Pese a que ha participado en numerosos actos, no volvió a referirse a la operación Campeón en ninguna de sus intervenciones públicas. Un silencio que rompió ayer durante la entrevista concedida a una emisora de cobertura local.
A finales de la pasada semana, el abogado del ministro solicitó personarse en la causa para poder defenderse, una petición condicionada a que el Alto Tribunal admita a trámite la exposición razonada por la juez de Lugo. Además, presentó un escrito para conocer el contenido de la documentación remitida por Estela San José al Tribunal Supremo, material al que previsiblemente no accederá, como poco, hasta el 20 de noviembre.
El PP no se conformó ni mucho menos con los argumentos esgrimidos por Blanco y ayer volvió a reclamar su dimisión. Lo hizo a través de su portavoz en el Congreso y número dos en la lista electoral por Madrid, Soraya Sáenz de Santamaría. La dirigente popular advirtió al ministro de los «muchos» indicios de delito que está acumulando y calificó de «inaceptable» que ni dimita ni dé explicaciones razonables sobre su presunta vinculación con la trama del caso Campeón, informa Europa Press.
Tras un acto de campaña en la localidad madrileña de Getafe, Sáenz de Santamaría recordó que el Tribunal Supremo ha recibido una serie de documentos que atribuyen a Blanco delitos «muy importantes». Por ello, recomendó al ministro «aplicar sus propios parámetros y sus propias varas de medir», en relación a las innumerables veces que Blanco ha exigido al PP explicaciones y dimisiones por Gürtel y otros casos de corrupción que afectan a los populares.
«Cuando se descubre que un ministro se reúne en una gasolinera para hablar de negocios, debería actuar; cuando se descubre que su primo, además, parece ser que cobró por esa reunión, alguien debería actuar; cuando el Tribunal Supremo recibe una documentación del juzgado atribuyendo delitos tan importantes, y cuando uno no es capaz de dar la cara y se esconde, significa que no tiene muchas ganas de explicarse», recalcó Sáenz de Santamaría
Es la primera vez que un fiscal general se aparta de las actuaciones que pueden afectar a un miembro del Gobierno por razones de amistad con él.
En un decreto fechado el pasado lunes, Conde-Pumpido explica que «mantiene una relación de amistad» con Blanco, por lo que encomienda al número dos de la Fiscalía General, Juan José Martín-Casallo, «el ejercicio de todas las funciones que legalmente pudieran resultar atribuibles al fiscal general» en el caso Blanco.
La Sala Penal solicitará en breve a la Fiscalía un informe sobre la competencia del Alto Tribunal en este asunto, trámite habitual cuando se recibe una querella o una exposición razonada que afecta a un aforado. En ese informe, el fiscal debe pronunciarse sobre si se abre o no una causa a Blanco.
En contra de lo difundido por algunos medios en el sentido de que Conde-Pumpido iba a maniobrar a favor de Blanco por su amistad con él, lo cierto es que la posición que ha mantenido la Fiscalía de Lugo -la que ha intervenido hasta ahora- es que hay indicios de tráfico de influencias contra el ministro
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