EL PATÉTICO final de este Gobierno quedó escenificado ayer en la comparecencia tras el Consejo de Ministros de José Blanco y Elena Salgado. Allí estaban el ministro que, según aprecian la juez y el fiscal, puede haber cometido delitos de cohecho y tráfico de influencias y la peor ministra de Economía de nuestra historia con el récord de haberse equivocado en todas sus previsiones. Ellos eran la cara y la voz de un Gobierno que ha llevado a España al borde del rescate. Un Gobierno del que fue hasta hace muy poco vicepresidente, ministro y portavoz el candidato socialista que mañana se presenta a las elecciones.
El día en que acababa la campaña, el Ejecutivo recibió un duro varapalo de la Comisión Europea y del BCE, que rechazaron de forma tajante la petición de más ayudas que Zapatero había formulado anteayer. «España debe ayudarse a sí misma», dijo el portavoz de la Comisión tras recordar que las instituciones de Bruselas llevan mucho tiempo colaborando con nuestro país. Más categórico fue José Manuel González-Páramo, miembro del comité de dirección del BCE, que subrayó algo elemental: que «la responsabilidad sobre la deuda es de los países». «Lo fácil es acordarse del BCE y eludir la responsabilidad», señaló.
Ambos tienen razón porque el Gobierno de Zapatero no ha consultado a nadie a la hora de endeudarse. Ahora no puede pedir que la factura la paguen otros. Más bien debería estar agradecido al BCE por las compras de deuda española, que, como volvió a suceder ayer, fueron decisivas para bajar la prima de riesgo. González-Páramo tuvo también que recordar a Zapatero que el control de las cuentas públicas y las reformas estructurales son competencias suyas y no de ninguna institución europea.
La tesis de que debe ser Europa la que pague por los errores del Gobierno ha sido defendida a lo largo de la campaña por Rubalcaba, que ayer insistió en ella. «Lo que hay que hacer es decir al BCE que actúe, que actúe y que actúe», afirmó el candidato socialista, que ha propuesto retrasar en dos años el ajuste que necesita la economía española en unos momentos en los que urge hacer lo contrario.
No hace falta insistir en que las propuestas de Rubalcaba pondrían a la economía española en un callejón sin salida y conducirían a un seguro rescate. Por todo ello, sería deseable que los ciudadanos castigaran al PSOE en las urnas y dieran una mayoría holgada a Rajoy. Nos parece que lo mejor para España sería que el PP ganara ampliamente estas elecciones por muchas razones. La primera es que ello permitiría al Gobierno disponer del margen de maniobra que necesita en el Parlamento para sacar adelante las medidas de ajuste. El segundo motivo es que el nuevo Ejecutivo necesita una gran legitimación política para llevar a cabo iniciativas que van a ser impopulares. Pero la mayoría absoluta es también conveniente para fortalecer el peso negociador del Gobierno en Europa, algo que va a ser muy importante en los próximos meses. Por último, una mayoría holgada del PP dificultaría mucho a Rubalcaba convertirse en secretario general del PSOE, como él pretende.
El candidato socialista cerró su campaña con un mensaje catastrofista, pidiendo a su electorado que se movilice para frenar a «la derecha más dura» de Europa, mientras Rajoy insistía en la necesidad del cambio. Los españoles deben reflexionar hoy a quién van a dar su voto, pero creemos, como dijo el portavoz de la Comisión, que «España debe ayudarse a sí misma». Rubalcaba lo fía todo a lo que haga Europa, mientras que Rajoy ha puesto sobre la mesa una serie de medidas y reformas que pueden sacarnos de la crisis. La solución depende de nosotros y mañana podremos demostrarlo.
Rejuvenece oír al candidato socialista. En sus mítines de ayer apelaba a la izquierda como si estuviera en la facultad, en los 70, en una asamblea contra el agónico franquismo. Ahora se trata de «parar el poder absoluto de la derecha, la derecha más dura de Europa». Y les decía a los que le escuchaban: «Ya sé que confiáis en mí, pero os pido que llaméis a vuestros amigos para que también lo hagan». Es el mito de la muralla, ese poema de Nicolás Guillén que tanto juego dio en los años de la Transición: «Para hacer esta muralla, tráiganme todas la manos...».
Era el último intento por atraerse el voto fronterizo con IU. Es decir, una llamada a la desesperada para evitar el desastre que auguran las encuestas.
Uno de los problemas de la no muy brillante campaña del candidato socialista ha sido la renuncia de principio a ganar el voto de centro. Lo que en España significa dar las elecciones por perdidas. Rubalcaba, aficionado al fútbol, tendría que saber que ningún equipo gana un partido si cede el centro del campo al contrario. Pues él lo ha hecho, porque desde el minuto uno se ha considerado perdedor y, al mismo tiempo, víctima de Zapatero.
Sin duda su partido es otro. Su jugada es la de ganar el control del PSOE tras el 20-N. Y asumirá la derrota con la cabeza alta. Les contaré una anécdota. Cuando el PSOE perdió estrepitosamente las elecciones de 2000, a las que acudió de la mano de IU, Almunia ni siquiera acudió a la Ejecutiva (dimitió la misma noche electoral), pero Rubalcaba, que apoyó sin reservas el pacto, sí. ¿Qué les dijo a sus compañeros?: «Menos mal que hemos ido con IU, porque, si no, nos habríamos hundido».
Un alto cargo pidió ya en 2003 identidades de intrusos, pero los mineros se negaron
El delegado de la Consejería de Empleo en Huelva conoció en agosto de 2003 la existencia de intrusos en los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos. Los mineros que denunciaron los hechos ante el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y ante el Defensor del Pueblo Andaluz así lo cuentan en una de las cartas en las que exigían para ellos el mismo trato que a los demás.
En una misiva remitida al Defensor en marzo de 2004, después de que éste archivara su queja al entender que no tenían derecho a prejubilarse, los mineros relatan que, en agosto de 2003, mantuvieron una reunión con el delegado de Empleo en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, pero «se cerró a todo derecho por parte de nosotros y es quien nos dejó fuera» de las prejubilaciones.
Según cuentan los mineros en su escrito, este alto cargo de la Consejería de Empleo quería que le dieran «nombre y apellidos de los compañeros que se habían colado tanto en las prejubilaciones como en la bolsa de trabajo para quitarlos». Pero la respuesta de los trabajadores fue la siguiente: «Nosotros estamos aquí reclamando unos derechos, no a quitarle el cacho de pan a ningún compañero».
Queda de manifiesto, pues, que el escándalo no pilló por sorpresa a la Junta de Andalucía, ya que lo conocía desde el verano de 2003. En aquella reunión, según los mineros, había otras personas, entre ellas el dirigente de la Federación de Industria y Afines de UGT Luciano Gómez, candidato en la lista del PSOE al Congreso de los Diputados en las elecciones de mañana.
Además de al delegado de Huelva, los mineros informaron también a Manuel Chaves, pero el presidente andaluz tramitó su escrito como una denuncia de «discriminación» y no como la revelación del fraude en los ERE de la Faja Pirítica onubense.
El propio Manuel Alfonso Jiménez, una vez cesó en su cargo en febrero de 2004 para ir como candidato en las listas del PSOE en las elecciones autonómicas de aquel año, dio la orden de informar al entonces viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández -luego consejero nacido para el ERE-, de la inclusión de al menos tres intrusos en los ERE de la minería de Huelva.
Trabajadores que alertaron del fraude fueron beneficiados pese al informe en contra
La Junta de Andalucía prejubiló a los mineros de Chaves a pesar de que un informe de la Consejería de Empleo determinó que no podía hacerlo. Se trata de los mineros que hace ocho años informaron al entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, de la existencia de intrusos en los ERE de la Faja Pirítica de Huelva y que solicitaban el mismo trato para ellos.
En lugar de investigar los hechos, la Junta de Andalucía terminó prejubilando también a estos trabajadores, después de que el propio Manuel Chaves reenviara el escrito de los mineros a su consejero de Empleo, José Antonio Viera, indicándole que se trataba de una denuncia, pero no de fraude en los ERE, sino de «discriminación».
Los trabajadores fueron despedidos de la Mina de Tharsis entre 1996 y 1998, y fueron recolocados en las empresas agrícolas Citrasa y Sol Lepe, que recibieron ayudas públicas por ello. Estas empresas los despidieron al cabo de tres años -el plazo mínimo pactado con la Junta- y, cuando se firmaron los acuerdos de los ERE de la Faja Pirítica en los años 2002 y 2003, fueron contratados por Egmasa, empresa de gestión medioambiental de la Junta.
Estando contratados por Egmasa, los mineros se dirigieron a Chaves y al Defensor del Pueblo Andaluz denunciando que habían sido excluidos de las prejubilaciones cuando otras personas en su misma situación, o incluso «sin haber visto la mina ni por dentro ni por fuera», estaban prejubiladas.
El Defensor pidió un informe a la Consejería de Empleo, que respondió el 3 de marzo de 2004 que esos antiguos mineros podrían prejubilarse, recibir formación o ser recolocados «sólo en el caso de que no se hubiera destinado presupuesto de la Junta de Andalucía, de manera directa o indirecta, es decir, indemnización personal o ayuda a la recolocación en empresas».
Sobre aquellos trabajadores que, excepcionalmente, habían sido contratados por Egmasa, como era el caso de los que reclamaron ante Chaves, el informe dejaba claro que «están excluidos de los distintos acuerdos firmados, sin que ello [su contratación por la empresa pública] pueda suponer su inclusión en los colectivos acogidos» a los ERE.
En febrero de 2005, 11 meses después del informe de la Junta de Andalucía, y pese a la negativa inicial de la Consejería de Empleo, cinco de esos mineros aparecían ya como beneficiarios de la póliza 1.096 de la compañía Vitalicio Seguros, pagada por el fondo de reptiles de la Junta de Andalucía.
Cada uno de ellos ingresa actualmente una renta mensual de 1.316,32 euros, que percibirán hasta pasar de los 60 años y, en un caso, hasta cumplir 61 años y dos meses. El más joven de ellos estará cobrando rentas hasta octubre de 2018, con un incremento anual del 2%.
Esta póliza de rentas, en la que están incluidos al menos 61 beneficiarios y cuyo tomador es la Federación Estatal de Industrias y Afines del sindicato UGT, parece un caso claro de ilegalidad en el manejo del fondo de reptiles. Así se desprende de otro informe fechado el 14 de marzo de 2011 por funcionarios de la Consejería de Empleo, en plena investigación interna por el escándalo de los ERE.
Los autores del informe señalan en su escrito que «no constan los acuerdos en virtud de los que se suscribió la póliza y donde se supone que deben contenerse los criterios para la determinación de los beneficiarios».
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