AUNQUE parezca mentira, la pasada medianoche comenzó oficialmente la campaña electoral. Nadie lo diría porque los meses de septiembre y octubre han estado repletos de actos electorales y de mensajes de los candidatos a los ciudadanos.
Todas las encuestas coinciden en reflejar una ventaja entre 15 y 17 puntos del PP sobre el PSOE, lo que permitiría a Mariano Rajoy gobernar con mayoría absoluta. El tiempo se le acaba a Rubalcaba que ayer sufrió dos duros reveses que minan todavía más su escasa credibilidad: los 134.100 parados en octubre y la decisión de la juez de Lugo de elevar al Supremo las acusaciones contra Blanco.
Ya no es la palabra de Dorribo contra la del ministro sino que hay un auto judicial que refrenda la verosimilitud de la versión del empresario y considera que hay indicios de delito de cohecho en la conducta de José Blanco.
Ahora el Supremo tendrá que pronunciarse sobre si abre una investigación penal contra él, pero el hecho de que la juez considere que existen fundados indicios de responsabilidad supone un importante salto cualitativo en este asunto. Jamás un ministro en la historia de nuestra democracia se había visto acusado de un delito de corrupción cometido durante el ejercicio de su cargo.
Si el PSOE utilizara el mismo rasero que empleó con Camps o con Bárcenas, cuando surgieron las primeras revelaciones de la trama Gürtel, debería exigir hoy mismo a José Blanco que se retirara de las listas. Y Zapatero debería destituirle, ya que no parece estéticamente presentable contar con un ministro sobre el que pesa la sospecha de cohecho refrendada por un juez. Su posición en sencillamente insostenible y en otro país ya habría abandonado todos sus cargos.
Hay que destacar a este respecto la labor efectuada por la juez, que además ha topado con el inconveniente de una fiscalía mucho más pendiente de proteger los derechos de Blanco que de averiguar la verdad.
Rubalcaba ha defendido una y otra vez a Blanco. También actuó así cuando era portavoz del Gobierno de González y surgieron las acusaciones de la implicación de la cúpula de Interior en el montaje de los GAL. Pero si el Supremo abre una investigación contra el ministro de Fomento, tendrá que tragarse de nuevo sus palabras y quedará otra vez acreditado que es un político que ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio.
Fue precisamente Rubalcaba quien afirmó el pasado 29 de abril que estaba seguro de que «a partir de ahora la economía española creará empleo y más empleo». Ya hemos visto lo acertado de sus predicciones. El desempleo creció en 134.100 personas en octubre, lo que significa que el paro se ha incrementado a un ritmo de casi 4.300 ciudadanos al día a lo largo del mes pasado, una verdadera catástrofe económica y social.
En un rasgo de sinceridad, Rubalcaba reconoció ayer que «es más fácil que el Madrid le gane al Barcelona que remontar a Rajoy», mientras que el líder del PP exclamó al conocer el daro sobre el paro: «¡Con esta gente es imposible!». Éste es el gran problema del candidato socialista: que es copartícipe de la desastrosa gestión económica de Zapatero. Por mucho que quiera marcar distancias en esta campaña y asustar a los electores sobre los hipotéticos recortes del PP, Rubalcaba carece de credibilidad. Sería un milagro que en estas dos semanas pudiera dar la vuelta a una situación tan adversa, máxime si sigue insistiendo en un discurso de buenos y malos que suena a pura impotencia.
LA JUEZ ENVÍA AL PRESUNTO DELINCUENTE PEPIÑO BLANCO AL BANQUILLO DEL TRIBUNAL SUPREMO
Por primera vez en democracia un juez cree tener indicios de que un ministro ha cometido un delito de corrupción
En las llamadas interceptadas entre Dorribo y el primo de Blancose habla de las gestiones del titular de Fomento
El ministro destaca que la noticia se ha conocido «precisamente en el día que da comienzo la campaña»
El Tribunal Supremo registró ayer, al filo de las 14.00 horas, un escrito de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, por el que remite a la Sala Penal las diligencias de la operación Campeón que podrían afectar al ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco. La juez, que consigna en su escrito el supuesto delito de tráfico de influencias (sin descartarse otros), se ha dirigido al Alto Tribunal a pocas horas del comienzo de la campaña de las elecciones generales, a las que Blanco concurre como candidato.
Dada la proximidad de los comicios generales, es improbable que la Sala Penal del Supremo tome alguna decisión sustantiva sobre el escrito de la juez de Lugo Estela San José relativo a los indicios incriminatorios existentes contra el ministro Blanco.
El Supremo y, por derivación, la mayoría de los jueces y tribunales siguen desde hace años el criterio de no tomar decisiones que puedan tener influencia en el resultado de unas elecciones, salvo que concurran circunstancias de urgencia o necesidad relacionadas, por ejemplo, con el riesgo de pérdida de pruebas o sustracción de los implicados a la acción de la Justicia.
Fuentes del Supremo excluían ayer esas notas de urgencia en el caso del escrito de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, que dispone desde hace tres meses de la declaración en la que el empresario gallego Jorge Dorribo acusa a José Blanco de haber recibido comisiones ilegales.
Dorribo, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mayo tras ser detenido por orden de la juez San José como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta. Se le imputan supuestos delitos de falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, fraude fiscal y fraude en subvenciones públicas.
El empresario fue puesto en libertad tras su declaración del 8 de agosto, en la que aseguró que, a través de Manuel Bran, primo político de Blanco, entregó al ministro 200.000 euros a cambio de que gestionara a su favor la concesión de subvenciones. Según ha publicado EL MUNDO, Dorribo aseguró a la instructora que el ministro de Fomento y número dos del PSOE hizo gestiones ante Hacienda para que la Dirección de Ayudas Regionales subvencionase con 467.267 euros a sus empresas, y también utilizó sus influencias ante el Ministerio de Sanidad para que acelerara los permisos administrativos para la comercialización de productos unidosis.
Dorribo también acusó de cobros ilegales a los entonces diputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), que dimitieron tras la publicación de estas informaciones en EL MUNDO.
San José ha enviado a la Sala Penal las diligencias que afectan al ministro de Fomento sin haber contestado al escrito que la Fiscalía presentó la pasada semana en respuesta a una consulta de la instructora sobre la competencia del Juzgado en las diligencias que conciernen a Blanco.
El Ministerio Público recordó la doctrina del Supremo, que exige la verificación de los indicios existentes contra el aforado antes de remitir las actuaciones al Alto Tribunal, y se mostró partidario de comprobar la verosimilitud de las acusaciones de Dorribo a través de las diligencias que ya ha acordado la propia juez y que aún no han terminado. Entre ellas figura la práctica de un informe pericial ya iniciado para contrastar si, como sostiene Dorribo, los documentos contables de sus empresas reflejan el pago de las comisiones ilegales.
Pese a que él pidió comparecer en el Juzgado, San José no ha tomado declaración a Manuel Bran, primo de la mujer de Blanco y persona a través de la cual el ministro habría recibido los cobros.
La instructora sí dispone, en cambio, de los indicios que se desprenden de las intervenciones telefónicas acordadas en el seno de la operación Campeón. En varias conversaciones entre Dorribo y Bran se alude al ministro Blanco y se comentan las gestiones desplegadas ante él por su primo para que favoreciera al empresario.
Precisamente por ello, en el escrito que ha dirigido al Supremo, San José se refiere a un supuesto delito de tráfico de influencias, aunque las fuentes consultadas no descartan otras infracciones penales. Es la primera vez que un órgano judicial expone a la Sala Penal del Supremo los indicios existentes contra un ministro en activo por posibles delitos de corrupción.
epsimo y EL MUNDO___________________________
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